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Juntos todos los ministros de Justicia de la democracia

Se han reunido con motivo del 75 aniversario del Colegio de Registradores

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Tomás de la Quadra-Salcedo, Fernando Ledesma, Mariano Fernández Bermejo, Ángel Acebes, Juan Alberto Belloch, Enrique Múgica, Francisco Caamaño (actualministro de Justicia), Eugenio Rodríguez Cepeda (decano-presidente del Colegio de Registradores de España), Margarita Mariscal de Gante y Jose María Michavila.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Tomás de la Quadra-Salcedo, Fernando Ledesma, Mariano Fernández Bermejo, Ángel Acebes, Juan Alberto Belloch, Enrique Múgica, Francisco Caamaño (actualministro de Justicia), Eugenio Rodríguez Cepeda (decano-presidente del Colegio de Registradores de España), Margarita Mariscal de Gante y Jose María Michavila.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha destacado este jueves por la mañana "el valor de la institución registral como servicio absolutamente esencial para la seguridad jurídica y el funcionamiento del tráfico económico". Durante el acto de conmemoración de los 75 años del Colegio de Registradores, que ha reunido a todos los ministros de Justicia de la democracia, Caamaño ha recordado que la creación de los Registros de la Propiedad y del Cuerpo de Registradores puso fin a una realidad "confusa y oculta" y "supuso una auténtica osadía modernizadora en una España rural y detenida en el tiempo".

En alusión a la actual situación de dificultades económicas, el ministro de Justicia señaló la carencia de regulación y de control como factores indiscutibles en el origen de la crisis de los mercados financieros. Frente a ello, "una de las más notables líneas de resistencia de nuestro sistema financiero lo constituye el modelo de Registro adoptado y la profesionalidad de quienes lo sirven", explicó.

El ministro destacó que la mejor manera de construir confianza y seguridad es a través del control de la legalidad de cada acto o negocio que pretende inscribirse, realizado con rigor o independencia, por profesionales con un profundo conocimiento jurídico y acreditada vocación de servicio público.

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