"Hay que revisar la contratación de inmigrantes en el extranjero"

Desde que en 1963, con 14 años, salió de Valverde de Leganés (un pueblo de Badajoz con 3.770 habitantes), hasta el lunes pasado, cuando tomó posesión al frente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, de 58 años, no ha perdido el tiempo. Fue concejal de L'Hospitalet (el segundo municipio de Barcelona, con 26050.000 habitantes) durante 11 años y alcalde los últimos 14 (desde 1994). En las pasadas elecciones obtuvo mayoría absoluta, una proeza para un socialista al frente de una ciudad que en sólo tres años ha alcanzado una tasa de inmigración del 35%.

Celestino Corbacho llevaba sólo 72 horas al frente del ministerio cuando recibió a EL PAÍS, el pasado miércoles. De ahí la única condición que puso para mantener esta entrevista: hablaría de inmigración, materia en la que acumula sobrada experiencia, pero no abordaría cuestiones de empleo. En ese campo, el ministro pide un poco de tiempo para ponerse el día.

"Vamos a hacer que, antes de llegar al desespero, puedan volver a su país"

"Todos debemos compartir los mismos derechos y obligaciones"

"Las escuelas concertadas deben asumir una mayor cuota de solidaridad"

"Hay que darle una vuelta a la política de reagrupación familiar"

Pregunta. Sus primeras palabras han sido interpretadas como un endurecimiento del discurso del Gobierno en inmigración. ¿Anuncian también un endurecimiento de la política del Gobierno?

Respuesta. Yo no creo que haya habido un endurecimiento del discurso. Lo que posiblemente he puesto de manifiesto es mayor claridad. En lugar de explicar la letra pequeña, la he puesto en mayúsculas. El ministro Caldera ha hecho una buena política en materia de inmigración. Pero se ha visto poco. Nunca hay dos ministros que hagan la misma política. Yo no haré una ruptura, haré una continuidad de las políticas de Jesús Caldera, pero les pondré mi acento. Y les pondré mi personalidad. Y, por qué no decirlo, les pondré también mi opinión. Y, en ese sentido, en algún punto será idéntica y en otros será matizadamente diferente. Pero no porque yo no esté de acuerdo. ¡Si, como alcalde, he sido el primero en ver la gestión positiva que hizo Caldera! Pero, también como alcalde, muchas veces reclamaba más visibilidad...

P. ¿Puede explicar eso? ¿La política de inmigración se ha visto poco?

R. Yo creo que sí. Por ejemplo, el Gobierno de Zapatero fue el primero que tomó la iniciativa de crear un fondo para la integración y la gobernación de la inmigración. Hasta entonces, la inmigración existía. La demanda de los servicios públicos existía. La necesidad de gobernar el fenómeno existía. Pero no fue hasta que llegó el Gobierno de Zapatero, con Consuelo Rumí y Jesús Caldera, cuando se tomó la iniciativa de crear un fondo. Todos los mediadores que yo he tenido en L'Hospitalet los he tenido gracias a ese fondo. Pero en los ciudadanos ha quedado la idea de que todo lo hacíamos los alcaldes, y no de que el Gobierno había puesto el acento en ello.

P. Estamos en una situación de desaceleración económica que no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. ¿Qué hacer con los inmigrantes que está dejando en la calle esa desaceleración?

R. En síntesis: vamos a hacer que toda aquella persona que pueda capitalizar el paro, que pueda recibir una ayuda, antes de ir al desespero porque no tiene una situación económica boyante, tenga la oportunidad de volver a su país. Y a aquel que no lo haga o no lo pueda hacer, pues deberemos darle el mismo tratamiento que a cualquier trabajador que se queda en paro, que es ayudarle y facilitar las cosas para que pueda recolocarse en otro sector.

P. Existen ya varios programas de repatriación voluntaria, y su éxito es dudoso. Entre 2003 y junio de 2007, sólo 3.700 personas se acogieron a ellos.

R. No hay ninguna medida que resuelva los problemas de un país en 24 horas. ¿Tiene que ser esta medida la solución para la desaceleración, que puede afectar al colectivo de los inmigrantes de una manera más directa que al resto? Si ésta es la única medida, no. Pero debe haber otras. Y yo creo que el conjunto de las medidas puede ayudar a paliar una desaceleración que se puede dar más en un sector y que puede afectar más a unos colectivos que a otros.

P. En un contexto de aumento del paro, también entre el sector de los inmigrantes, ¿cabe seguir promoviendo políticas de contratación en países extranjeros o eso hay que cortarlo de raíz?

R. Si tienes inmigrantes parados en tu país y sus perfiles se corresponden con las necesidades de empleo, parece razonable que des empleo a los que están parados aquí. Me parecería una contradicción tener parados en el país, que sus perfiles profesionales pudieran ser susceptibles de contratación, y que te fueras a promover una política de contratación en el extranjero. Porque lo único que estarías haciendo sería mantener el contingente de parados aquí e, incluso, parte de los inmigrantes que trajeras acabarían incrementándolo. Por lo tanto, yo creo que eso hay que revisarlo. Salvo que haya unos sectores emergentes para el desarrollo de la economía que necesiten crear no sé cuántos empleos y esos trabajadores aquí no los tuviéramos ni en el sector inmigrante ni en el sector autóctono.

P. A partir de mañana, cuando se reúna con los agentes sociales, ¿les planteará la necesidad de ralentizar las contrataciones en origen?

R. Yo no les voy a hacer ninguna propuesta concreta. Lo que les voy transmitir es que tenemos el diagnóstico, tenemos la información y creo que todos tenemos la responsabilidad de sumar para ver cómo somos capaces de encontrar no una medida, sino muchas, para corregir una situación que a los primeros que les preocupa enormemente es a los propios sindicatos.

P. Usted ha declarado en los últimos días que nadie puede perder un derecho por los inmigrantes. ¿Y los inmigrantes pueden perder algún derecho por los españoles?

R. Somos ciudadanos y debemos compartir los mismos derechos. Y las mismas obligaciones, ¿eh? Las dos cosas. Derechos y obligaciones. Un país en el que existe un contingente importante de inmigrantes no puede subsistir con un Estado de bienestar diseñado a la medida de cuando no los había. El Estado del Bienestar se debilita, a no ser que el Estado le inyecte más economía. Si no lo hace, puede correr el riesgo de que el que llega se lleve la parte del Estado de bienestar y el que está aquí, cuya situación económica no ha cambiado, pero el que ha venido la tiene peor, deje de recibir aquello que el Estado de bienestar le ha estado dando. Y de ahí al conflicto hay dos pasos.

P. ¿Es consciente de que en muchas ciudades la escuela pública se está convirtiendo, o es ya, un gueto de inmigrantes?

R. Si estás en una ciudad y la inmigración se concentra en un barrio, la escuela pública de ese barrio tendrá un porcentaje elevadísimo de inmigrantes.

P. Pero en esos barrios también hay escuelas concertadas, que tienen muchos menos inmigrantes.

R. Ése es un tema que creo que hay que corregir de dos maneras: pidiendo que la escuela concertada asuma una mayor cuota de solidaridad y cualificando la escuela pública. La escuela que tiene un 70% de inmigrantes necesita una atención preferente y especial.

P. ¿Y eso cómo se hace?

R. Poniendo más dinero.

P. ¿Y de dónde piensa sacar el dinero, tal como está la situación económica?

R. Lo único que señalo es que las políticas sociales en esas materias tendrán que seguir creciendo de acuerdo con lo que el Estado pueda disponer. La política también son prioridades.

P. El año pasado, obtuvieron la residencia por reagrupación familiar 128.161 extranjeros. En el programa electoral del PSOE figuraba la posibilidad de darles permiso de trabajo a aquellos que estuvieran en edad laboral. Eso reduciría aún más las contrataciones en origen.

R. En este tema tenemos que reflexionar y hacer cambios. No le puedo anticipar los cambios, porque antes hay que reflexionar. Pero hay que darle una vuelta a la reagrupación familiar.

P. ¿Por dónde va su reflexión?

R. Cuando el reagrupado tiene 17 años y no está en la escuela y no tiene permiso de trabajo, ¿dónde está? En la calle. Qué es peor, que venga un chico con 17 años, se reagrupe familiarmente y no tenga derecho a trabajar o decir: a lo mejor tengo que poner unas condiciones más duras, pero cuando esa persona viene, al día siguiente puede empezar a trabajar.

P. Cuando dice unas condiciones más duras...

R. No, no me lleve a ese terreno. No quiero prejuzgar nada.

P. En uno de los discursos de su campaña electoral dijo que hay que promover cambios legislativos para que los inmigrantes puedan votar. ¿Lo mantiene?

R. Yo hice esas declaraciones en mi condición anterior de alcalde, no como ministro. Pero modifico mi pensamiento en ese sentido. En una ciudad como la mía, que tiene 260.000 habitantes y 60.000 son extracomunitarios, está habiendo un déficit democrático. Y debemos buscar mecanismos para que esas 60.000 personas puedan sentirse partícipes de la ciudad o, si no, acabarán estando más preocupadas de lo que pasa en su pueblo de origen que de lo que está pasando en esa ciudad.

P. ¿Va a levantar la moratoria que impide trabajar a los rumanos y a los búlgaros?

R. Las políticas migratorias son muy transversales dentro del Gobierno, porque hay otros ministerios que intervienen: el del Interior, el de Asuntos Exteriores... Yo no me atrevería, en este momento, en una materia sensible y muy transversal como esta, a decir lo que hay que hacer.

P. ¿Y lo que usted opina?

R. Déjeme al menos... No le pido 90 días, pero deme 30 días.