Hacienda privatiza la persecución de los 'narcos'

¿Se imaginan a los narcotraficantes perseguidos por trabajadores de una empresa privada? Puede parecer una anécdota, pero se ha convertido en una norma a la vista de que el Ministerio de Hacienda autoriza que las tripulaciones de los helicópteros que participan en operaciones antidroga y de protección de fronteras puedan estar formadas en su integridad por personal privado.

El colectivo de funcionarios de Vigilancia Aduanera considera que se ha llegado a una situación insostenible. "Manejamos información reservada en nuestras operaciones, que termina siendo compartida por personal ajeno a la investigación", explica un funcionario que no desea ser identificado. Este colectivo ha advertido por carta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que tales procedimientos "pueden acarrear la nulidad de las actuaciones".

"Estos procedimientos pueden anular las actuaciones", señala el colectivo

El departamento de Vigilancia Aduanera, que pertenece a la Agencia Tributaria, participa activamente en la lucha contra el narcotráfico. Es una de sus funciones, así como la protección de fronteras y la represión del contrabando. Dispone de investigadores y de medios aéreos (helicópteros y aviones) que colaboran en numerosas operaciones con la policía y la Guardia Civil. Sin embargo, es en esta parcela donde, a diferencia de lo que ocurre en otros organismos oficiales, Hacienda se ha encaminado progresivamente hacia la privatización.

Desde hace años, la gestión de los helicópteros está privatizada: son sociedades mercantiles las que se encargan del mantenimiento de los aparatos y las que contratan a los pilotos, de tal manera que todas las operaciones de acoso desde el aire y abordaje de las lanchas sospechosas son ejecutadas por personal privado. Los pilotos responden a las órdenes de los funcionarios de Vigilancia Aduanera que forman parte de la tripulación del aparato. Pero ahora se ha dado un paso más: la tripulación de un helicóptero ya puede estar formada íntegramente por personal no funcionario.

Así consta en el manual de operaciones de la compañía Inaer Helicópteros Off Shore, aprobado por la Agencia Tributaria y editado el 10 de noviembre de 2008. La Agencia Tributaria adjudicó el 1 de octubre de 2008 un contrato de servicios de "operación técnica de vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento y administración de la flota de helicópteros de Vigilancia Aduanera" a una Unión Temporal de Empresas formada por las empresas Inaer e Hispacopter. La cuantía de dicho contrato es de 12.749.388 euros. La Agencia Tributaria dispone de un total de siete helicópteros distribuidos en cuatro bases:Algeciras, Almería, Murcia y Vigo.

La distribución del manual de operaciones ha provocado la indignación de los funcionarios de Vigilancia Aduanera. En la carta dirigida el pasado 19 de febrero a la vicepresidencia del Gobierno por una representación sindical, se advierte de esta situación. "Se habilita a Inaer Helicópteros Off Shore, SA para realizar vuelos en misiones de vigilancia aeronaval dirigidos a la persecución y represión de los delitos de contrabando y narcotráfico, solamente con personal contratado sin la presencia a bordo de funcionarios". La carta señala que esa situación no se plantea en las flotas de aeronaves operadas por otros ministerios.

La Agencia Tributaria ha justificado la utilización de personal privado en los helicópteros como un ahorro del gasto y se ha amparado en el hecho de que debe estar presente siempre al menos un funcionario de Vigilancia Aduanera dentro del aparato dirigiendo las operaciones. "Así consta en el pliego de condiciones", señala un portavoz, "de tal forma que sólo en casos excepcionales y con autorización pertinente puede formarse una tripulación al completo con personal privado". Dicho portavoz afirma que, a fecha 2 de marzo, no se ha producido esa excepcionalidad en ninguna operación. Funcionarios de Vigilancia Aduanera sostienen lo contrario.

En cualquier caso, funcionarios de ese departamento consultados por este periódico critican incluso la existencia de tripulaciones mixtas. "Perseguir a un narcotraficante no es lo mismo que salvar a un náufrago", alega un agente. "Entendemos que en salvamento marítimo se haya procedido a privatizar las tripulaciones, pero nuestro caso no es comparable. Detrás de una operación hay una investigación, se utiliza información sensible y tenemos que compartir esa información con personal privado". Otro agente precisa que en una reunión para un operativo tienen que intervenir los pilotos "y terminan sabiendo muchas cosas de la red de narcotraficantes que no deberían conocer. Ellos no están sometidos a la exigencia de confidencialidad y secreto de un funcionario".

Este proceso de privatización en las funciones de los helicópteros se contradice con la gestión de otros efectivos que combaten el narcotráfico. Así, se da el caso de que la utilización de los aviones de Vigilancia Aduanera -hay un total de seis aparatos distribuidos en tres bases, de los cuales sólo están operativos tres en estos momentos- se hace en colaboración con el ala 37 del Ejército del Aire. Por tanto, los pilotos son militares. La Agencia Tributaria sí gestiona directamente los medios marítimos de que dispone, así como su tripulación.