El Gobierno recurre la consulta por afectar a la soberanía nacional

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recurrió ayer el proyecto de ley de consulta del lehendakari, Juan José Ibarretxe, ante el Tribunal Constitucional porque el contenido de la consulta afecta a la soberanía del pueblo español y no sólo al pueblo vasco. Este es uno de los tres principales argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado, coincidente, además, con el dictamen que sobre esta misma materia emitió el pasado día 3 el Consejo de Estado, a petición del Gobierno.

La Abogacía del Estado presentó el recurso inmediatamente después de que el Boletín Oficial del País Vasco lo publicara en la mañana de ayer, tal y como anunció que sucedería la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La presentación del recurso, una vez que lo admita a trámite el Tribunal Constitucional, suspende automáticamente la tramitación del proyecto de ley de consulta de Ibarretxe durante cinco meses, con lo que el referéndum previsto por el lehendakari para el 25 de octubre no se podrá celebrar. En un plazo de cinco meses, el alto tribunal decidirá si mantiene o levanta la suspensión.

El Ejecutivo quiso dar un perfil político bajo a la respuesta a Ibarretxe para no alimentar su victimismo. La vicepresidenta primera se limitó a señalar que el Gobierno "ha cumplido su compromiso" de recurrir la ley de consulta y garantizó que "los ciudadanos pueden estar tranquilos, porque se va a evitar que se produzca un referéndum ilegal en el País Vasco".

El Gobierno central y el de Ibarretxe tienen una coincidencia en su interés en que el Tribunal Constitucional decida cuanto antes sobre el recurso. A tal fin, la Abogacía del Estado reclamó ayer al alto tribunal que habilite el mes de agosto para acelerar la sentencia.

La Abogacía del Estado esgrime como primer argumento del recurso ante el Tribunal Constitucional que es el Estado y no el presidente de una comunidad autónoma quien tiene la competencia para convocar una consulta, asimilada a referéndum, como la que ha planteado Ibarretxe. "La ley recurrida ha de ser calificada como consulta popular por vía de referéndum o, más brevemente, referéndum consultivo sujeto a la autorización del Estado", señala el recurso del Gobierno.

Un segundo argumento del recurso afecta al contenido de la consulta de Ibarretxe. Según la Abogacía del Estado, preguntar a los ciudadanos vascos si están de acuerdo con que los partidos de Euskadi "inicien sin exclusiones un proceso de negociación" sobre el derecho a decidir del pueblo vasco supone, también, una violación de la Constitución. Esta atribuye la soberanía nacional al pueblo español, y no a una parte del mismo, y atenta contra la unidad de la nación española, señala la Abogacía del Estado.

El tercer argumento del recurso del Gobierno central afecta al procedimiento. Se basa en que ley de consulta se ha tramitado violando el reglamento del Parlamento vasco al hacer uso del procedimiento de lectura única, por lo que se ha alterado la correcta formación de la voluntad legislativa de la Cámara autonómica, según la Abogacía del Estado.