El Gobierno ofrece la nacionalidad a medio millón de exiliados de Franco

Los hijos y nietos de los españoles que, por razones políticas o económicas, se exiliaron entre el 18 de julio de 1936 (fecha de inicio de la Guerra Civil) y el 31 de diciembre de 1955 (fecha en la que el Gobierno ha fijado el final de "la inmediata posguerra") tendrán al menos dos años de plazo para optar a la nacionalidad española que perdieron sus antepasados.

La histórica medida, que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Ministros, afectará a medio millón de descendientes de españoles (300.000 de ellos residentes en Argentina), según el Ejecutivo, y supone la entrada en vigor de la disposición adicional séptima de la ley de Memoria Histórica, justo un año después de la publicación de la norma.

Sólo en Argentina, 300.000 personas podrán aspirar a ser españoles

El Ministerio de Justicia ha elaborado una instrucción para fijar el procedimiento burocrático a seguir por los interesados. En ella, señala que éstos deberán presentarse en los registros civiles españoles (municipales en el caso de que residan en España o consulares si viven en el extranjero) correspondientes a sus domicilios. Allí les facilitarán los impresos necesarios, incluso para obtener los certificados que les falten. También está previsto que puedan realizar los trámites a través de la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es).

Los solicitantes deberán presentar sus certificados literales de nacimiento y los del padre o la madre originariamente españoles y, para el caso de los nietos de españoles, del abuelo o la abuela.

Para acreditar la condición de exiliado del abuelo o abuela será suficiente con presentar documentos acreditativos de que éste ha sido beneficiario de pensiones concedidas a exiliados u otros expedidos por oficinas de refugiados o por entidades e instituciones reconocidas o vinculadas con el exilio, e incluso que demuestren su participación en actividades de defensa y protección de los exiliados españoles o que trabaja en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

Todos estos requisitos servirán para identificar a los descendientes de los exiliados políticos -es decir, de aquellos que tuvieron que huir de los franquistas para salvar sus vidas- y que la Asociación de Descendientes del Exilio cifra alrededor de 80.000.

Pero la instrucción también introduce entre los beneficiarios de la ley a los descendientes de los emigrantes económicos, que son muchos más (la organización Hijos y Nietos de Españoles calcula su número en medio millón). Lo hace afirmando que el Estado "podrá presumir la condición de exiliado" a favor de todos los españoles que acrediten haber salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 mediante su pasaporte, el registro de matrícula del consulado español, certificaciones diversas del Registro Civil consular o del local del país de acogida o documentación de la época en la que conste su llegada al país.

La inclusión de los descendientes de emigrantes entre los beneficiarios de una ley claramente política como la de Memoria Histórica ha provocado cierta polémica. Muchos exiliados políticos, aun reconociendo el derecho de todos a la nacionalidad, sienten que esta fórmula iguala el drama de quienes se vieron obligados a huir de España porque se hallaban en peligro de muerte con el de quienes se fueron para escapar de la miseria.

El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha explicado a este periódico las razones del Gobierno para incluir a ambos colectivos bajo el término "exilio": "La palabra exilio abarca tanto al de motivos políticos como al de causas económicas. Hay quienes opinan que el exilio es un concepto político. Si se aleja uno de los primeros años cuarenta y empieza a ver lo que viene luego, la gente que sale de la cárcel y tiene que integrarse a un mundo hostil y no puede sobrevivir... ¿Usted cómo llamaría a eso, exilio político o económico? Creo que hay un entrecruce al que debe ser uno sensible. No le quepa duda de que la finalidad de la ley es tener sensibilidad con los que fueron injustamente tratados".