El Gobierno se instala en la indefinición

El Gobierno no logra definir sus últimas iniciativas. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no fue ayer capaz de despejar tras el Consejo de Ministros ninguna de las dudas suscitadas por el propio Ejecutivo en torno a las descargas ilegales de música y cine en Internet, que pretendía regular a través de la Ley de Economía Sostenible con la posibilidad de un cierre administrativo de páginas web, ni sobre la retirada obligatoria de los crucifijos en las escuelas.

Fernández de la Vega no precisó si, como pretendía el ministerio de Cultura y figuraba en el anteproyecto de Ley, se constituirá o no una Comisión de Propiedad Intelectual encargada de bloquear sin necesidad de autorización judicial páginas web que vulneren los derechos de autor. "Estudiaremos todo lo que haya que estudiar. Si tiene que haber o no una decisión administrativa, y el momento de la intervención judicial". Fue todo lo que dijo ayer De la Vega. Tampoco aclaró si se retirarán o no los crucifijos de las escuelas, aunque aseguró que redactarán un texto legal donde se regulará la utilización de símbolos religiosos.

"Estudiaremos" si se pueden cerrar 'webs' por decisión administrativa

El PP bautiza al presidente como "Zapatero I, el Rectificador"

El Consejo de Ministros se celebró ayer tras el revuelo organizado la víspera por personajes conocidos de Internet contra el bloqueo de páginas webs que facilitan descargas no autorizadas por decisión administrativa. Así lo establecía una disposición del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y así lo defendió en público la ministra de Cultura el martes. Tras un día de silencio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, descartó esta posibilidad: "El Gobierno no tiene la intención de cerrar ninguna web".

La pretensión de Zapatero de cortar en seco un debate que acusaba al Gobierno de vulnerar principios fundamentales, como el de la libertad de expresión, dejó a la ministra de Cultura el jueves en una situación desairada. Ésta acababa de mantener una reunión con un grupo de internautas en la que defendió la polémica disposición de la Ley de Economía Sostenible.

Ayer, Fernández de la Vega negó que Zapatero hubiera desautorizado a González Sinde y trató de proteger a la ministra a sabiendas de que no era responsable de lo sucedido. "Ésta es una iniciativa del Gobierno y no sólo del Ministerio de Cultura, que es lógico que defienda la creación intelectual y sus derechos. Es una tarea que el presidente está convencido que la ministra llevará adelante acertadamente", declaró De la Vega.

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ha sido gestionado y redactado por el Gabinete de la Presidencia (donde se ubica la Oficina Económica de La Moncloa) y por la Vicepresidencia Económica. Fuentes gubernamentales aseguran, además, que la ministra de Cultura quiso informar de la iniciativa, tal como estaba redactada, a las partes interesadas antes de su publicación, pero su pretensión fue desestimada. Fernández de la Vega admitió ayer la complejidad de la ley, que en otros países europeos, como Francia, en los que se ha abierto el debate, está desencadenando una fuerte polémica, alimentada además por la ausencia de precedentes legislativos sobre Internet.

De la Vega adelantó los términos en los que el Gobierno pretende afrontar el debate. "Pretendemos armonizar derechos e intereses vinculados a la Red y derechos vinculados a la propiedad intelectual". Al Gobierno le parece "imprescindible" defender la propiedad intelectual en la Red, pero también tratará de ser garantista con la libertad de expresión que invocan numerosos usuarios.

También señaló Fernández de la Vega que el debate no ha hecho más que empezar y que estará sometido a cambios hasta lograr "el mayor consenso posible". "Hay mucho camino que recorrer", dijo, tras recordar que la Ley de Economía Sostenible está aún en fase de anteproyecto.

Fernández de la Vega también cortó en seco el debate abierto la víspera desde el Grupo Parlamentario Socialista, que apoyó una proposición de ERC en el Congreso de los Diputados sobre la retirada de crucifijos en las escuelas. La víspera, el PSOE suscribió una proposición no de ley de ERC y BNG instando al Gobierno a retirar los crucifijos en los centros escolares, sin especificar si públicos o privados, lo que originó un enorme revuelo en PP y CiU. El texto estaba basado en la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en la misma dirección.

Ante la reacción organizada por la proposición aprobada en el Congreso, Zapatero manifestó, pocas horas después, que la retirada de crucifijos "no está en la agenda del Gobierno" y se remitió a la futura Ley de Libertad Religiosa. Fernández de la Vega tampoco se pronunció ayer abiertamente sobre si está a favor o no de la retirada de los crucifijos en los centros escolares. De modo genérico, recordó el compromiso del Gobierno, adquirido por ella misma al inicio de esta legislatura, de revisar la Ley de Libertad Religiosa para "adecuarla" al pluralismo de la sociedad y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No dio fechas. Se limitó a señalar que el anteproyecto "abordará esa cuestión y será el momento en que habrá tiempo para debatirla".

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, resumió ayer las ideas y venidas del Gobierno bautizando a su presidente como "Zapatero I, el Rectificador", por gobernar, a su juicio, "a salto de mata".