El Gobierno delega en los grupos parlamentarios la nueva ley del aborto

Crear "complicidades" y conseguir que los cambios vayan unidos a una "fuerte maduración social". Éstas son las razones que esgrimen el Gobierno y las direcciones del Grupo Parlamentario Socialista y del PSOE para justificar la decisión que acaban de tomar sobre la reforma de la legislación del aborto. La reforma surgirá del Parlamento y no a través de un proyecto de ley del Gobierno. Ésa era precisamente la disyuntiva que se planteó cuando el 37º congreso del PSOE aprobó a primeros de julio hacer un cambio en la legislación sobre despenalización del aborto que incluyera la fijación de un plazo para abortar sin necesidad de justificarlo, que podría estar entre 14 y 16 semanas.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado el visto bueno a esta opción, acordada la pasada semana en una reunión al más alto nivel, después de un debate en el que participó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega; el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, y el vicesecretario general del PSOE, José Blanco.

La pretensión del Grupo Parlamentario Socialista es estudiar todo el abanico de posibilidades que se abren para conseguir una ley sobre esta materia "muy avanzada" y con las máximas garantías jurídicas. Y para ello ha propuesto la creación de una subcomisión parlamentaria para que surja de ella el nuevo texto legal. La petición está redactada y se registrará mañana en el Congreso de los Diputados. A partir de septiembre se constituirá esta comisión, en la que comparecerán expertos juristas, médicos y representantes de asociaciones y de clínicas en las que se practica el aborto para explicar sus diferentes perspectivas.

No obstante, el Gobierno, tras los primeros informes que ha manejado, considera que la nueva regulación debe combinar plazos -en los que la decisión para abortar sería libre- y una revisión de los supuestos actuales, de forma que se ponga límite temporal en el supuesto de afectación psicológica de la madre. Ahora no hay límite en ese supuesto, por lo que pueden practicarse abortos de seis o siete meses alegando riesgos psicológicos. En los planes del Gobierno se contempla que las razones de riesgo para la salud psicológica de la madre podrán ser esgrimidas hasta algo más de la mitad del embarazo. A partir de las semanas 22 a 24, el aborto sólo podría practicarse por grave riesgo de salud para la madre y por malformación del feto. Sobre estos criterios también trabaja un grupo de expertos de los ministerios de Justicia, Sanidad e Igualdad, cuyo trabajo servirá al Grupo Socialista en el Congreso.

Ahora bien, el PSOE, al tomar la decisión de llevar el debate a la tribuna pública del Parlamento, asume que el PP jugará sus cartas y llevará a la subcomisión a grupos y sectores contrarios a la reforma. No obstante, los interlocutores socialistas recuerdan que el PP, durante sus ocho años de Gobierno, no hizo ni amago de derogar los tres supuestos de despenalización del aborto y tampoco sufrió la presión de los grupos antiabortistas.