El Gobierno deja en 60 días el plazo de internamiento de los 'sin papeles'

El Consejo de Ministros dejó ayer en 60 días el plazo de retención de inmigrantes en situación irregular, que el Ministerio del Interior pretendía elevar desde los 40 días actuales hasta 70. La medida figuraba en el borrador de anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que examinaron los miembros del Gobierno. En concreto, el documento contemplaba un plazo de 60 días de internamiento, prorrogable 10 días más en casos excepcionales y con autorización judicial. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, explicó el cambio de criterio: "El Gobierno considera que ésta es una ley que no debe contemplar elementos excepcionales", afirmó.

Corbacho: "Esta ley no debe contemplar elementos excepcionales"

En respuesta a la pregunta de un periodista, Corbacho dijo: "Como ustedes conocen, el Gobierno, y el Ministerio del Interior, siempre barajó la cifra de 60 días, tiempo que considera necesario para poder cumplir los trámites administrativos [de repatriación]. Posteriormente, ésta es una ley que ha tenido diferentes reuniones técnicas y en algún momento la comisión técnica contempló que, en momentos excepcionales, podría, a lo mejor, ampliarse 10 días. El Gobierno ha reafirmado hoy la posición que siempre tuvo". Lo cierto es que esa medida figuraba en el borrador que ayer llegó a la mesa del Consejo.

El borrador del anteproyecto fue redactado por representantes de los ministerios de Trabajo e Inmigración, Interior y Asuntos Exteriores. Todos ellos atendían a instrucciones de sus respectivos departamentos y ninguno rechazó la ampliación del plazo de internamiento.

Esa ampliación de 10 días fue la única modificación que el Gobierno hizo en el borrador de anteproyecto de ley, que ayer adelantó EL PAÍS. El resto de la reforma se mantiene. Entre otros aspectos, aborda la limitación del derecho de reagrupación familiar a los inmigrantes con segunda autorización de residencia (más de cinco años de estancia legal en España), siempre que los beneficiarios tengan al menos 65 años, a fin de no distorsionar el mercado laboral. Además, equipara a la pareja de hecho con el cónyuge a los efectos de reagrupación, y concede a éste y a sus hijos mayores de 16 años el permiso de trabajo de forma automática.

También incrementa las sanciones económicas para todas las infracciones, que en los casos muy graves llegan a alcanzar los 100.000 euros, y obliga a los empresarios que contraten a sin papeles a asumir los gastos que ocasione la repatriación, además de a abonar las multas correspondientes. Simular una relación laboral con un extranjero para lograr su regularización o contraer matrimonio de conveniencia será sancionado con entre 10.001 y 100.000 euros.

El anteproyecto ampara varios derechos de los extranjeros en situación irregular: les reconoce asistencia jurídica gratuita, permite la entrada de las ONG en los centros de internamiento (CIES), garantiza la educación de todos los menores de 18 años independientemente de su nivel académico, e incluye los derechos de asociación, sindicación, huelga, reunión y manifestación que el Gobierno del PP les había arrebatado. También hace especial hincapié en la integración de los inmigrantes al fijar un fondo específico con este objetivo.