El Gobierno decreta el estado de alarma y doblega a los controladores

Los aeropuertos españoles amanecieron ayer sin actividad y acompañados por vehículos militares. Torres y centros de control permanecían desde la noche anterior bajo el mando de cargos del Ejército uniformados. Un plante de los controladores aéreos, masivo y sin precedentes históricos, cerró el espacio aéreo español durante 24 horas. Solo el decreto de estado de alarma que aprobó el Gobierno a mediodía -una medida extrema y también inédita en la democracia española- logró devolver a su labor a los controladores, convertidos en personal militar y bajo la amenaza de ser detenidos por un delito de desobediencia castigado con cárcel por el código penal castrense.

El espacio aéreo se reabrió hacia las cuatro de la tarde, pero la actividad tardará en regresar a la normalidad tras el colapso.

El decreto invoca una situación de "catástrofe" y "calamidad pública"

El colectivo cedió ante el riesgo de penas por el Código Militar

Rubalcaba: "Tiene que quedar muy claro que esto no va a volver a pasar"

"La plantilla ha sido muy castigada el último año", según USCA

La imagen de las terminales, dormitorio improvisado para miles de perjudicados en todos los aeropuertos, daba idea de cuál será el parte de guerra: 4.309 vuelos cancelados desde el viernes y unos 650.000 viajeros varados y soliviantados, a razón de unos 150 pasajeros por avión, según los datos de las nueve de la noche.

El atestado dejará también una ristra de compañías aéreas castigadas por las pérdidas económicas y una industria turística enfadada, muy enfadada.

Este puente de la Constitución será recordado como aquel que reventaron los controladores aéreos con una huelga encubierta y salvaje: los profesionales que debían incoporarse a las cinco de la tarde del viernes, empezaban a declararse enfermos. Y esta semana, que en principio debía ser solo la fecha clave en que el Gobierno anunció la privatización parcial de los aeropuertos (fue el miércoles, sin ir más lejos), quedará en los sesos de muchos como aquella en que el Ejecutivó acabó por militarizar el control aéreo y decretar por primera vez el estado de alarma. El largo conflicto laboral con los controladores aéreos estalló en añicos.

Un Alfredo Pérez Rubalcaba con aspecto de no haber dormido en toda la noche anunció la decisión del Consejo de Ministros reunido con carácter extraordinario. "A las dos de la madrugada informamos que, si no volvían a la normalidad los aeropuertos, se decretaría el estado de alarma. No se ha producido esa normalización, prácticamente todos los aeropuertos están paralizados y publicaremos el decreto dentro de una hora", explicó el vicepresidente primero del Gobierno.

Si la militarización decidida el viernes ponía a los controladores civiles bajo mando castrense, el decreto de ayer pasaba a considerarlos directamente "personal militar" y a ordenar su movilización. Ello se traduce en que, si no prestan su servicio, pueden estar cometiendo un delito de desobediencia tipificado por el Código Penal Militar y susceptible de pena de prisión por el que pasarían a disposición judicial .

"Este es un conflicto de una coporación profesional que ejerce como una especie de monopolio laboral", criticó Rubalcaba, y recalcó que el Gobierno no iba a aceptar "chantajes" de un colectivo al que tachó de "insensato". "Es un grupo de trabajadores que se sabe único y aprovecha para defender privilegios", remachó.

El estado de alarma se aprobó por el periodo máximo de 15 días que permite la ley. Su prórroga requeriría el visto bueno del Congreso, pero su aplicación podría acortarse si se normaliza la situación. El decreto puso negro sobre blanco que el parón de los controladores constituye "una calamidad pública de enorme magnitud" y que el Gobierno optaba por la declaración para "poner fin a la situación de catástrofe pública existente".

La Fiscalía de Madrid, además, acordó citar a declarar a partir del jueves a aquellos controladores que abandonaron sus puestos de trabajo para valorar si los hechos pudieran ser constitutivos del delito de sedición. Las fiscalías de Cataluña y Valencia también abrieron diligencias. AENA expedientará a los controladores que hayan faltado sin justificación y otras entidades y de particulares perjudicados anunciaron denuncias.

Acción y reacción. Con el decreto, los trabajadores que se habían dado de baja, empezaron a sanar. Los controladores se pusieron manos a la obra en el turno de la tarde, pero la actividad comenzó a cuentagotas y no fue hasta las 19.00 de la tarde cuando, por ejemplo en el caso de Madrid, Barajas operó al total de su capacidad. Hasta las 21.00 pudieron volar 241 aviones en toda la red de aeropuertos. Las compañías aéreas, que habían cancelado la mayor parte de los vuelos, empezaron a anunciar que retomaban las conexiones a partir de hoy.

Horas después, Rubalcaba fue rotundo: "Tiene que quedar claro que esto no va a volver a pasar". Y garantizó que no habría incidentes "ni en Navidades ni después".

La actividad normal, no obstante, tardará en reestablecerse unas 48 horas, ya que una vez abierto el espacio aéreo había que reprogramar las conexiones de forma coordinada con Eurocontrol, el organismo europeo que gestiona el tráfico aéreo .

Y es que el trasiego internacional de los aviones es un puzzle de mil piezas, con miles de vuelos programados y permisos de despegue y aterrizaje calculados al milímetro, y el viernes saltó por los aires. Recomponerlo es una tarea mayúscula. Pura filigrana.

Las aerolíneas deben recolocar o devolver el dinero de los billetes a los afectados, además de asistirles con alojamiento y comida durante las esperas, con lo que las pérdidas económicas se presumen abultadas. Los hoteles y restaurantes huérfanos de los turistas que pensaban llegar en avión en este puente también echan cuentas con desánimo, pero aventurar cifras es un brindis al sol.

Merche Canalejo, una de las controladoras que el viernes abandonó su puesto pidió ayer "un millón de disculpas" a los ciudadanos porque les da una "pena horrorosa", pero recalcó a Efe que su colectivo no es el "origen del problema", sino las condiciones de "esclavitud" en las que desempeñan su trabajo. El sueldo medio de los controladores ha bajado de 350.000 a 200.000 euros con las medidas del Gobierno.

El sindicato que representa a Merche y al 90% del gremio, el USCA, aseguró ayer que resultó "difícil conseguir convencer a una plantilla muy castigada a lo largo del último año", en palabras de su portavoz, César Cabo.

A su juicio, los controladores han sido objeto de "otra provocación en forma de decreto ley en la víspera de uno de los puentes más importantes del año", lo que, en su opinión, "no fue casual".

El telón de fondo del conflicto es la batalla que Gobierno y controladores tienen abierto desde hace más de un año por el recorte de sus condiciones laborales: el Gobierno aprobó en febrero una ley por la que la jornada laboral ordinaria pasaba de 1.200 horas anuales (más 600 extraordinarias) a 1.670, entre otras medidas. Al bajar las horas adicionales y por tanto peor pagadas, se produce la reducción de sueldo citada. La mecha que encedió el caos el viernes es el decreto que determina que en ese cómputo de horas no se incluyen "los permisos sindicales, las imaginarias

[guardias localizadas] y las licencias y ausencias por incapacidad laboral".

El conflicto es también herencia de años en los que la partida la habían ganado los controladores. Ayer, cuando el gremio había vuelto al tajo, el ministro de Fomento, José Blanco, lanzó su mensaje: "No les puede salir gratis".