El Gobierno está decidido a evitar nuevas crisis aéreas en el futuro

El Gobierno está firmemente decidido a que ni en Navidades ni en ningún otro momento vuelvan a ocurrir problemas en los aeropuertos derivados de un chantaje de los controladores aéreos, como el de este puente de la Constitución. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, lo dejó claro ayer en su comparecencia en los pasillos del Congreso con motivo del 32 aniversario de la Constitución -la primera después de la crisis- cuando dijo que no descartaba prorrogar el estado de alarma, vigente durante quince días.

Lo subordinará al comportamiento de los controladores aéreos, a los que Aena ha abierto más de 400 expedientes y que el jueves empiezan a declarar en los juzgados de Madrid. En principio confía en que no sea necesaria una prórroga porque los controladores aéreos se amilanen ante la dura reacción del Gobierno y el rechazo masivo de la opinión pública a su chantaje. Pero, en todo caso, el Gobierno, que dispone de medios, según recordó Zapatero, ya está trabajando en preparar una "nueva capacidad de reacción" si vuelve a registrarse un problema parecido. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha comentado que el Ejecutivo dispone de "un plan B, que no va a desvelar" si esto ocurre.

Zapatero afirma que decretar el estado de alarma permitió resolver el problema

Los controladores cambiaron de cara al verse bajo control militar, según Blanco

Zapatero está convencido de que la decisión de declarar el estado de alarma ha permitido resolver la crisis en 24 horas. "El proceso de toma de decisiones de cómo, cuándo y quién debe informar ha sido acertado", dijo.

El estado de alarma, que conllevó la militarización de los controladores, resolvió el conflicto al sentirse los controladores aéreos inesperadamente amenazados con la aplicación del Código Penal Militar. Eso quebró la resistencia de los organizadores del chantaje al Estado, que está claro que no contaban con una reacción tan dura por parte del Ejecutivo.

Ayer, el ministro de Fomento, José Blanco, comentaba en los corrillos del Congreso las caras que pusieron los controladores cuando se presentó delante de ellos el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, explicándoles que estaban bajo jurisdicción militar.

El presidente del Gobierno tomó la decisión de aplicar el artículo 116.2 de la Constitución, que declara el estado de alarma, a las 18.30 de la tarde del viernes, tras realizar algunas consultas. Y justificó el alcance de la medida ante la gravedad que suponía el cierre del espacio aéreo. Una justificación que ayer reiteró y por la que fue muy felicitado por numerosos políticos y juristas, asistentes a la celebración del Día de la Constitución en el Congreso.

De hecho, el propio presidente del Congreso, José Bono, en su intervención tradicional de homenaje a la Constitución, lo justificó al señalar que "la Constitución sabiamente ha ofrecido la fortaleza de su letra para alertarnos a todos de que quienes recurren al chantaje para defender privilegios siempre son los culpables, los únicos culpables".

Zapatero también justificó no haber comparecido en rueda de prensa mientras el Gabinete decidía cómo resolver la crisis frente a algunas críticas del PP en esa dirección. Ofreció varias explicaciones. Tras confirmar que el próximo jueves comparecerá en el Congreso para dar una amplia explicación de lo sucedido, recordó que la decisión de decretar el estado de alarma, una facultad que la Constitución atribuye al Gobierno, se inscribe precisamente dentro del título que regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. "Creo que el Parlamento ha de ser quien tenga la información exhaustiva, en primer lugar y en el menor tiempo posible.

El estado de alarma, pese a su aparatosa denominación, recuerda Zapatero, no afecta a los principios fundamentales sino que restringe derechos a un colectivo muy limitado de servidores públicos. En otros países se denomina estado de emergencia.

Zapatero también alegó para justificar no haber comparecido durante la crisis que el Gobierno siguió una estrategia gradual de comunicación, midiendo muy bien en todo momento "la fuerza de su interlocutor". Primero, salió el ministro de Fomento, José Blanco, la tarde del viernes. Después, el vicepresidente del Gobierno en la madrugada y la mañana del sábado. Y una vez que el conflicto entró en vías de solución se descartó su presencia. Zapatero era la "última bala" en caso de que el conflicto se hubiera prolongado del sábado en adelante.

El presidente concede especial importancia a la sesión del Congreso del próximo jueves porque en ella va a informar de una declaración de estado de alarma que no tiene precedentes en la democracia.

Ya sabe que su decisión de decretar el estado de alarma cuenta con el apoyo del líder de la oposición, Mariano Rajoy, con el que ayer conversó durante dos minutos en los pasillos del Congreso, y con el de la mayoría de los partidos, con la excepción de IU-ICV y BNG, que le encuentran algunas reservas constitucionales.

No obstante, el PP ha anunciado que aprovechará el debate del jueves para pedir explicaciones a Zapatero, aunque el presidente le prometió ayer a Rajoy que le mantendrá permanentemente informado. Una de las preguntas que el PP repetirá estos días será por qué el Gobierno decidió el decreto que regula el horario de los controladores el viernes que iniciaba el Puente de la Constitución.

Según explicó el ministro de Fomento ayer, el decreto se publicó para que el Gobierno se armara legalmente ante unos controladores que ya habían empezado a crear problemas en Santiago de Compostela y que temían que se agravara en las fiestas navideñas. Con lo que no contaba era con una huelga salvaje.

También aseguró Blanco que si el Gobierno decide prorrogar el estado de alarma, lo que dependerá del comportamiento de los controladores, tendrá que contar con un respaldo del Congreso, lo que implicaría la celebración de un pleno el próximo 21 de diciembre. Por ahora no lo contempla.