El Gobierno aumentará la presión fiscal sobre las rentas del capital

El Gobierno aumentará la presión fiscal sobre las rentas del capital -rendimientos de productos financieros, plusvalías por ventas de acciones o viviendas o seguros de vida, entre otras- para paliar el déficit público, disparado por la crisis económica, pero no incrementará los impuestos sobre las rentas del trabajo -salarios y pensiones-. El Ministerio de Hacienda trabaja con este criterio político, ordenado por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que no quiere cargar el coste de la crisis económica sobre los trabajadores ni las clases medias, según aseguran fuentes gubernamentales.

La reforma fiscal, con el aumento de la presión sobre las rentas del capital, será una de las piezas clave de la Ley de Presupuestos que el Gobierno pretende utilizar como instrumento para combatir la crisis económica y salir de ella, el reto fundamental que se le plantea al inicio de este curso político. Zapatero precisará dicha reforma el próximo domingo, en su primer mitin del curso en la romería minera de Rodiezmo (León).

Zapatero precisará en Rodiezmo la política social del curso político

La cercanía de los comicios catalanes impide al PSOE contar con CiU

El PSOE buscará el apoyo de izquierdas y nacionalistas a los Presupuestos

Las cuentas públicas se tramitarán junto a la financiación autonómica

El Ejecutivo seguirá su estrategia de golpear para que ETA desista

Sanidad intenta, con dificultad, que la gripe A no sea un tema político

Con una apuesta tan clara, Zapatero tiene asegurado el enfrentamiento con el PP, cuyo líder, Mariano Rajoy, anunció ayer su oposición más drástica a esta política. El dirigente popular tratará de desgastar al Gobierno con la crisis económica, que aún se alargará varios meses con altos índices de desempleo. El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, afirmó ayer que socialistas y populares defienden dos modelos antagónicos frente a la crisis económica: de defensa de los intereses de los trabajadores y clases medidas los primeros; de las clases más poderosas, los populares.

Pero el Ejecutivo tampoco podrá contar con el apoyo de CiU que, más allá de su política contraria a la subida de impuestos, este curso político marcará aún más las distancias con Zapatero ante la cercanía de las elecciones catalanas de 2010. El principal objetivo de CiU es desbancar a los socialistas de la Generalitat de Cataluña.

Así las cosas, el Gobierno, para sacar adelante su plan, buscará los apoyos en la izquierda -IU, ICV, ERC-, favorables a la reforma fiscal del Ejecutivo, y de algunos partidos nacionalistas, como BNG, PNV y Coalición Canaria más UPN. Con estos partidos -con los que suma una quincena de votos, más que suficientes para obtener la mayoría absoluta en el Congreso- tratará de negociar los Presupuestos, el primer reto que se le presenta justo al inicio del año político.

La nueva coalición tiene más posibilidades de cuajar que en el pasado curso, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno con las comunidades autónomas en julio en materia de financiación. ERC e ICV habían condicionado su apoyo a Zapatero al cierre de la financiación autonómica, cuya negociación se ha dilatado casi un año. Los Presupuestos del año pasado no contaron con el apoyo de IU, ERC e ICV. Salieron adelante gracias al PNV y el BNG.

También contribuye a afianzar esos apoyos al Gobierno la estrategia del PP -iniciada este verano y con visos de continuidad en el otoño- de responsabilizar al Ejecutivo de las escuchas a dirigentes y militantes populares. Esa actitud del PP aísla políticamente al primer partido de la oposición, como escenificó el debate sobre esta cuestión en la Diputación Permanente del Congreso del pasado martes.

El Gobierno tramitará la Ley de Presupuestos, cuyo proyecto se presentará en el Congreso a finales de septiembre, de modo paralelo a la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que aprobará el Consejo de Ministros el próximo día 11, y que recogerá los acuerdos logrados en la negociación en julio. El modelo aprobado en dicha negociación beneficia a las comunidades más dinámicas, como Cataluña. Con la tramitación paralela de ambas leyes, el Gobierno pretende reafirmar el apoyo de la izquierda catalana -ERC e ICV- a los Presupuestos. Los socialistas estiman que el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no influirá en la negociación presupuestaria.

Zapatero pretende contar, también, con este bloque político, de izquierda y nacionalistas, para acordar la Ley de Economía Sostenible, el plan estratégico del Gobierno de aquí al final de la legislatura, en cuya preparación están implicados todos sus departamentos y cuyo contenido preciso aún se desconoce.

Considera a este bloque político más sensible a apoyar, al hilo de la reactivación económica, un cambio del modelo productivo, basado en el ladrillo, hacia otro innovador, que dé más peso a las nuevas tecnologías, a una educación adaptada a las necesidades reales y a las energías renovables, que dicha ley pretende incentivar y a la que dedicará 20.000 millones de euros.

La Ley de Economía Sostenible será también el instrumento con el que Zapatero quiere recuperar el diálogo social, con sindicatos y empresarios, roto en julio al tratar de introducir el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en la última hora de la negociación una reforma laboral que rechazaban los sindicatos. También quiere implicar en dicha ley a las comunidades autónomas, que serán convocadas en una Conferencia de presidentes para el próximo otoño.

Las políticas para salir de crisis económica más grave desde los años treinta, y que en España ha hecho gran mella, sobre todo en términos de desempleo, serán la clave del debate político de este curso. Pero al Gobierno también se plantean otros retos:

- Presidencia de la UE. El primer semestre del próximo año, en que España presidirá la UE, está marcado por un doble reto: la puesta en marcha del nuevo Tratado de la Unión y el previsible inicio de la recuperación económica tras más de dos años de crisis. Una muestra de la importancia que el Gobierno concede a esta oportunidad es que lleva trabajando en la preparación de la Presidencia europea desde abril del pasado año, una vez ganadas las elecciones generales. Si Zapatero sortea con éxito este doble reto, reforzará considerablemente su imagen internacional con repercusiones internas, a menos de dos años de las elecciones generales.

- Terrorismo. El doble atentado de ETA, el 29 y 30 de julio, que se saldó con la voladura del cuartel de la Guardia Civil en Burgos y el doble asesinato de dos agentes en Palma (Baleares) hizo temer al Gobierno que la banda mantuviera una campaña de verano. No pudo y en pocas semanas ha recibido un duro golpe a sus líneas de abastecimiento de armas y explosivos. El reto del terrorismo etarra para el Gobierno este curso sigue ahí. Aunque la banda tiene capacidad para dar algunos golpes, su debilidad es manifiesta, sobre todo, por el conocimiento que las Fuerzas de Seguridad tienen de su funcionamiento.

El Gobierno sabe que cuanto más golpea a su cúpula más debilita a su entorno, acosado a su vez, como nunca, por el Ejecutivo vasco de Patxi López, que ha hecho de la deslegitimación social del terrorismo una de sus principales señas de identidad.

El Gobierno, muy reforzado en su estrategia tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos favorable a la ilegalización de las marcas de Batasuna, mantendrá este curso su línea de seguir golpeando a ETA hasta que anuncie su desestimiento, el cese definitivo de la violencia.

- Leyes sociales. La ampliación de la Ley del Aborto y la de Libertad Religiosa son las propuestas del Gobierno, en el terreno de la legislación social, para este curso político. Son propuestas de fuerte carga ideológica, con amplio apoyo social, y que marcan el territorio de la izquierda y la derecha, algo que el Gobierno cree que le beneficia. Siguen la estela de normas como la regularización del matrimonio homosexual de la pasada legislatura.

- Gripe A. La amenaza de una epidemia en este otoño es real y el Gobierno pretende, a través de una política de transparencia y de participacion activa de las comunidades autónomas, que promueve la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que el asunto no se politice y quede fuera del debate entre el Gobierno y la oposición. No lo tendrá fácil.