El Gobierno de Aguirre maneja una red paralela de móviles prepago

Desde hace más de un año, algunos miembros (consejeros y altos cargos) del Gobierno de la Comunidad de Madrid tienen dos teléfonos móviles para trabajar. El habitual, con el que realizan todas las llamadas y al que se remiten los periodistas para hablar con ellos, y otro, de modelo muy básico, que reciben de la Consejería de Presidencia con tarjeta prepago y que cambian cada 15 días. Este sistema de comunicaciones, que alerta de la desconfianza que se ha instalado en el seno del Ejecutivo autónomo, arrancó en las elecciones autonómicas de mayo de 2007.

En la actualidad este sistema de seguridad no se aplica a todos los consejeros ni a todos los altos cargos, sino solamente algunos. Según distintas fuentes, esta precaución fue adoptada por el vicepresidente Ignacio González, la persona con más poder de la Administración regional después de Esperanza Aguirre. González ha sido en los últimos años el principal objetivo de duras acusaciones, la mayoría gruesas, que, escudadas en el anonimato, denunciaban tratos de favor a determinadas empresas vinculadas por lazos familiares o de amistad con él. Algunos de los altos cargos que reciben esos teléfonos para sus comunicaciones más delicadas no los utilizan nunca en los 15 días de vida útil y se limitan a cambiarlos cuando se les dice en la sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad.

González reclama al juez que ordene a la policía investigar los 'dossiers'

Por otro lado, González ha presentado una denuncia en el Juzgado 47 de la plaza de Castilla exigiendo que se investigue el origen de los seguimientos que ha sufrido en los últimos años, y de los que han quedado pruebas gráficas en al menos un dossier. En su denuncia, González nada dice de los seguimientos que tuvieron su origen supuestamente en la Consejería de Interior de la propia Comunidad de Madrid y que afectan a una persona que era miembro del Gobierno regional cuando sufrió el espionaje, el ex consejero de Justicia Alfredo Prada.

González, según distintas fuentes, ha presentado la denuncia en su calidad de vicepresidente y portavoz del Ejecutivo de Aguirre. En concreto, lo ha hecho a través del secretario general del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En ella, según los citados medios, se refiere a las informaciones publicadas por EL PAÍS, con soporte documental, que indican que ha sido objeto de seguimientos en viajes de carácter oficial y privados realizados al extranjero. Y pide al juez que comisione a la policía judicial para que investigue quien está detrás de esos seguimientos, que, señala, pueden ser constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

También pide al juez, José Sierra, que indague quién elaboró el dossier de 69 páginas del que se hizo eco el diario Público el 28 de enero y que da cuenta de una investigación realizada sobre él durante meses. González detalla que el citado informe recoge datos sobre su patrimonio, su familia y amistades políticas y privadas, así como adjudicaciones de contratos públicos en los que él ha intervenido en función de su cargo de vicepresidente.

Según González, para elaborar ese informe se han producido "violaciones al derecho a la intimidad" de él y su "familia". Lamenta que los autores de los mismos hayan tenido acceso a información privada mediante "abusos informáticos" y sustracción de documentos, "entre otras actuaciones ilegales".

La Comunidad de Madrid también ha presentado ante el juez Sierra una denuncia, paralela a la de González, por los seguimientos que igualmente habría sufrido el gerente del Canal de Isabel II de Madrid, Ildefonso de Miguel, de los que informó este periódico el pasado 20 de enero. En este caso, la Comunidad demanda que se investigue si De Miguel fue espiado durante un viaje que realizó a Cartagena de Indias (Colombia), en agosto de 2008, acompañando al vicepresidente González, presidente del Canal de Isabel II. De ese viaje hay un informe que contiene fotografías y documentos privados de González. De Miguel sostiene que las fotos fueron captadas con cámaras ocultas y de modo clandestino. También pide que se investigue un informe de 32 páginas que adelantó la cadena SER y que alude a De Miguel como hombre de confianza de González. Ese informe contiene fotos de las supuestas casas de lujo y fincas que posee De Miguel.