La Generalitat catalana arropa a su alto cargo investigado por Garzón

El Gobierno catalán cerró ayer filas y arropó públicamente al gerente de la empresa pública de urbanismo de la Generalitat, Incasòl, Emili Mas, a quien el juez Baltasar Garzón cita en su auto del caso Pretoria en referencia a unas supuestas facturas falsas que sirvieron para desviar fondos europeos por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma. "No hay ninguna imputación", recordó el consejero de Educación, Ernest Maragall. "Y tenemos la convicción absoluta de que su actuación es correcta", añadió tras la reunión del Ejecutivo catalán.

Por la mañana ya había salido en defensa de Mas el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, de quien depende el Incasòl. Nadal defendió al gerente argumentando que existe una "confusión" en las conversaciones telefónicas entre Mas y los imputados a partir de las cuales el juez Garzón le relaciona con la trama del caso. Ninguno de los dos consejeros aportó, sin embargo, novedades sobre la investigación que Incasòl anunció el sábado sobre sus actuaciones en Santa Coloma.

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Emili Mas también salió ayer en defensa propia y negó que hablara con los imputados para falsificar facturas. En un comunicado, Mas aseguró que en las conversaciones que cita Garzón -mantenidas con el supuesto cerebro de la trama y ex diputado del PSC, Luis García, Luigi; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director de Servicios Municipales, Pascual Vela- habló del calendario de ejecución de las obras de mejora de la Ley de Barrios en la ciudad, pagadas por la Generalitat y el consistorio.

"No hablé de falsificación de facturas u otros documentos para presentar al Fondo de Cohesión u otros fondos europeos ni di instrucciones al Ayuntamiento o a Gramepark", sostuvo Mas tras defender la "honestidad y transparencia" de su actuación y apuntar que Incasòl no interviene en la gestión de fondos europeos. Ayer, la Comisión Europea advirtió a España que deberá devolver los 1,3 millones si se demuestra el desvío de dinero.

También un ex directivo del último Gobierno de Jordi Pujol tuvo que dar ayer explicaciones. El jefe de Servicios Territoriales entre 1996 y 2004, Ginés Carbó, dejó ayer su puesto de coordinador técnico de Planificación del Ayuntamiento de Valls (Tarragona) por su implicación en el tema. Carbó, militante convergente, se embolsó 244.011 euros tras un pelotazo que dio Luigi en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). Carbó, que fue concejal de CiU en la vecina ciudad de Mataró, también se defendió y afirmó que no cobró comisiones, sino "honorarios".

Otro de los implicados en el auto, el consejero delegado de Marina Badalona y ex subdelegado del Gobierno en Menorca, Juan Felipe Ruiz, sigue en su cargo a pesar de que se le han retirado sus atribuciones especiales.