Garzón reparte la causa del franquismo

El juez Baltasar Garzón dio ayer un nuevo golpe de efecto al declarar extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 miembros de sus Gobiernos y jefes de Falange, a los que acusaba de "delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno", así como de "detención ilegal con desaparición forzada de personas", en un marco de "crímenes contra la humanidad". El magistrado, en el auto de 152 folios por el que se inhibe en favor de 62 juzgados territoriales, destaca que Franco y los militares golpistas desarrollaron una "actividad criminal planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas", lo que constituyó un "crimen contra la humanidad como claramente se definió en el Estatuto y Tribunal de Nüremberg", que sistematizó el derecho preexistente y se aplicó en los juicios contra los nazis.

El juez declara extinguida la responsabilidad criminal de Franco

El auto de Garzón señala que "ante unos hechos como los aquí valorados (...) no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política". "Las víctimas", agrega el juez, "no se merecen una resolución que desconozca sus derechos ni la escenificación que cínicamente se está haciendo desde algunos sectores con una frivolidad difícil de calificar, apelando a los más bajos instintos y tratando de resucitar fantasmas de confrontación, cuando tan sólo se pretende dar una respuesta judicial que ha sido demandada dentro del ámbito que se le reconoce a su derecho". Garzón considera que "la justicia debe abordar esa respuesta en forma serena, pero ágil, sin dilaciones que se sumen a los años transcurridos sin la misma y que, eventualmente, puedan imposibilitar esa respuesta".

El magistrado no reniega de su investigación, sino que se reafirma en que se debe seguir investigando porque los secuestros con desaparición de personas y la sustracción a sus padres de menores a los que se dota de identidades falsas son delitos permanentes. No obstante, al resultar extinguida por fallecimiento la responsabilidad de los autores del plan sistemático de exterminio, asegura, el caso ya no debe continuarse en la Audiencia Nacional, sino en los juzgados de los lugares en que se cometieron los secuestros y donde han aparecido fosas con restos humanos. Garzón ha acordado que se les pase testimonio de la causa en formato DVD para que puedan reanudar las investigaciones. Ahora serán los jueces territoriales los que decidirán si siguen con las pesquisas y con las exhumaciones o si archivan los procesos. Seguro que entre 62 jueces habrá de todo, los que sigan con la causa remitida por Garzón y los que la archiven.

La resolución no ha causado sorpresa, puesto que el propio juez la anticipaba en el auto por el que se declaraba competente. El juez, de esta forma, ha dejado sin contenido el pleno de la Sala Penal de la Audiencia, convocado a instancias del fiscal jefe, Javier Zaragoza, ya que Garzón ha hecho ahora lo que el fiscal pretendía que hiciera hace un mes. Habrá que ver qué es lo que resuelve el pleno de la Sala, aunque es posible que no entre en el fondo del asunto.

Lo que sí ha causado sorpresa es el hecho de que el juez haya dedicado todo un capítulo a "los niños perdidos del franquismo", que no aparecían mencionados en el auto por el que se declaró competente. Dice Garzón que de los documentos que figuran en la causa se desprende que "podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, realizado bajo la cobertura de una aparente legalidad". A esos niños les habrían cambiado los apellidos para permitir su adopción por familias adictas al régimen.

"Esta situación", dice el auto, "a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a la gran mayoría de los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamente ocurrió y tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos porque no encajaban en el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos. De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha".

Se trata de delitos que no están prescritos ni amnistiados y las víctimas (los hijos y sus progenitores) podrían estar vivas, por lo que "sus efectos seguirían perpetuándose sobre éstas, ante la inacción de las instituciones del Estado". Garzón precisa que éstos son los hechos y desde las instituciones, específicamente el Ministerio Fiscal y los jueces competentes, se deben desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para que los mismos se investiguen, se sancione a los culpables y se repare a las víctimas o se ofrezca la posibilidad de que aquellos que están vivos (60 años en adelante) puedan obtener la recuperación de su identidad.

Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, asegura Garzón, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito.