Los F-18 no podrán destruir tanques ni cañones para proteger a los civiles

El Congreso ratificó ayer, por abrumadora mayoría, la participación española en la intervención militar en Libia, acordada el pasado viernes por el Gobierno. En teoría, el acuerdo del Consejo de Ministros y el del Congreso deberían ser idénticos, pero una comparación de los dos documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, refleja sensibles diferencias entre ambos.

El primero, por ejemplo, recoge la autorización del "uso de las bases militares españolas por aquellas fuerzas extranjeras que actúen al amparo de las citadas resoluciones"; es decir, las 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, referidas a Libia. La omisión de este punto en el texto votado ayer responde al deseo de no sentar un precedente sometiendo a refrendo parlamentario la cesión de las bases [de Rota y Morón], hasta ahora potestad del Gobierno.

De hecho, la comunicación remitida al Congreso se refiere exclusivamente el apartado primero del acuerdo del Consejo de Ministros, el que aprueba la "participación de fuerzas españolas en la resolución de la crisis libia". Frente a esa autorización genérica, lo que se votó ayer fue algo muy concreto: la participación de una fragata, un submarino y un avión de vigilancia marítima en las operaciones de embargo; y de cuatro cazas F-18 y un avión de reabastecimiento en vuelo B-707 en la imposición de una zona de exclusión aérea. Es lógico que la concreción de los medios militares no figurase en el acuerdo aprobado el viernes por la mañana, pues se decidió ese día por la tarde, en el Gabinete de Crisis.

Pero la limitación no se refiere solo a los medios, sino también a la misión. Los cuatro F-18 están autorizados a vigilar la zona de exclusión aérea -es decir, a impedir los vuelos de aviones y helicópteros- tal como prevén los párrafos 6 y 7 de la resolución 1973; pero no a "adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque en Libia", como dice el párrafo 4 de la misma resolución. Francia se ha basado en este apartado para destruir carros de combate leales a Gadafi que atacaban Bengasi, lo que va más allá de la mera zona de exclusión y que los F-18 españoles, aunque equipados y entrenados para ello, no están autorizados a hacer.

La última limitación es el plazo de un mes que se fija para la misión de los F-18 y de tres para los medios encargados de controlar el embargo. Zapatero no explicó ayer la razón de este límite. Solo dijo que se trata de un "periodo inicial" y que, "si las necesidades lo exigiesen", el Gobierno acudiría al Parlamento para pedir una prórroga. Debería hacerlo en torno al 22 de abril, a solo un mes de las elecciones locales y en un contexto político quizá más delicado, aunque ya no será ante el pleno, sino en la Comisión de Defensa. En la réplica, Zapatero se limitó ayer a admitir que "habrá que actuar [en Libia] hasta que se garantice que se protege a la población".

Fuentes gubernamentales atribuyeron a los mandos militares el límite del mes, pero todos los consultados por EL PAÍS se han mostrado sorprendidos por la brevedad del plazo -que no figura en la resolución de la ONU- y ninguno se atreve a pronosticar que pueda cumplirse. La clave hay que buscarla quizá en la intervención de Zapatero. Si el viernes anunció que España haría una "contribución importante", ayer en el Congreso la calificó de "prudente".