Extorsión en los prostíbulos

Era un secreto a voces en Barcelona que en los prostíbulos Saratoga y Riviera de la vecina y turística población de Castelldefels se ejercía la prostitución traspasando los límites de la legalidad y con el beneplácito de algún mando policial. Las redadas de los últimos años sólo habían servido para que mujeres en situación irregular acabasen expulsadas de España. Después, el burdel seguía abierto y los dueños las sustituían por otras.

Hasta que ha cantado el inspector de policía José Javier Martín Puyal, Jordi, después de que el dueño de un prostíbulo le denunciara por exigirle 3.000 euros a cambio de mirar para otro lado sobre el supuesto tráfico de personas que se producía en los locales o advertir a los propietarios de que sus agentes del Grupo de Extranjería irían a registrar el local.

En tres semanas, la juez ha cerrado dos locales y ha citado a 15 acusados

A partir de esa denuncia, el fiscal anticorrupción David Martínez Madero redactó una querella, la titular del Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, la admitió a trámite y en tres semanas ha tomado declaración a 15 personas para aflorar una trama que implica a empresarios, policías y ex policías de graduación y abogados.

Todo empezó el pasado 7 de marzo, con la clausura judicial de los dos prostíbulos durante seis meses y la detención de cinco propietarios. Dos de ellos, Carmelo Sanz y Antonio Lázaro, acabaron en prisión tras declarar ante la juez por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, cohecho, contrabando y favorecimiento de la prostitución.

Después les llegó el turno a los policías, de los que los empresarios habían dicho que aceptaron sus sobornos para ganarse un buen trato. Sin apartarse de la misma actuación metódica y siempre en perfecta sintonía con el fiscal, la juez Castelló citó a los agentes y mandos que tienen o habían tenido relación con la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF). De los cinco que testificaron, uno acabó en la cárcel, Andrés Otero, que abandonó el cuerpo en 2004 para encargarse de la seguridad de una empresa de relojería. Ironías del destino, porque cuando había vestido el uniforme desarticuló un sinfín de bandas a las que intervino centenares de joyas y relojes.

Otros dos de esos mandos pudieron eludir la cárcel con pequeñas fianzas. Uno es Luis Gómez, hasta hace unos días número tres de la Jefatura de Barcelona, y el otro, Abundio Navas, quien desde hace años tiene cuentas pendientes con su colega Martín Puyal por interioridades del servicio. Otros dos policías acusados quedaron en libertad a los minutos de entrar en el juzgado.

Y esta semana la juez ha abordado la tercera pata de la trama: los abogados. Gentes de orden, algunos de ellos (Fernando Martínez) incluso ex dirigente del PP en Cataluña, pero a los que el fiscal acusa de incitar las redadas en los prostíbulos para después erigirse en defensores de los acusados. Uno de esos letrados, Alex Garberí, puede acabar mañana en la cárcel si la juez atiende la petición del fiscal, como parece probable después de que prorrogara la detención ocurrida el pasado jueves.

En el caso de los abogados, desde hace años compaginan su profesión con cargos en asociaciones del sector. Martínez es secretario general de la Federación Catalana de Asociaciones de Locales de Ocio Nocturno, y Garberí tiene vínculos con la Asociación Catalana de Empresarios de Clubs de Alterne. La duda que queda por despejar es si esa mancha de aceite de la extorsión se ha extendido o no a otros prostíbulos.