Desalojo a pedradas en la Cañada Real

Abdel no ha podido evitar que su casa, situada en la zona de la Cañada Real Galiana que linda con Rivas-Vaciamadrid, haya sido reducida a la nada este mediodía por orden del Ayuntamiento de Madrid. Abdel, su mujer y sus dos hijos pequeños han sido expulsados por atreverse a vivir de forma ilegal "en una vía pecuaria de uso y dominio público". Y no serán realojados porque el Consistorio no considera que su chabola de ladrillo sea una vivienda. Abdel no ha podido evitarlo, y eso que un centenar de vecinos ha acudido en su auxilio. Niños incluidos, han plantado cara a la policía a bombonazo limpio. El resultado: 27 heridos, 23 de ellos policías y los otros cuatro civiles, entre ellos la mujer de Abdel, que está embarazada de tres meses. Además, hay nueve detenidos, uno el propio Abdel. "Son unos animales", sentencia un anciano una vez consumado el desalojo, rodeado de un show con tantas cámaras de televisión, policías y médicos como vecinos.

Este desalojo en el gigantesco poblado de la Cañada Real Galiana, situado a lo largo de 15 kilómetros a la salida de Madrid por la carretera de Valencia y habitado por 30.000 personas, en su mayoría marroquíes y rumanos, repartidos en 2.000 edificaciones, todas ellas ilegales, ha desembocado en una batalla campal entre la Policía y un centenar de vecinos, que han lanzado piedras y otros objetos contundentes como bombonas de butano contra los agentes que participaban en la operación. Estaba perfectamente preparado, ya que por todo el barrio hay carteles que invitan a solidarizarse con los afectados. "Vecino, concéntrate, la siguiente puede ser la tuya". La de hoy era la de Abdel, pero otros 35 vecinos esperan la sentencia de una juez, que esta tarde debe pronunciarse sobre el recurso que han presentado siete de ellos para paralizar las órdenes de desahucio.

Herida una mujer embarazada

A las 11.00, a la misma hora que comenzaba la vista en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, las máquinas excavadoras han entrado en el poblado en cumplimiento de una orden judicial y les han recibido más de cien vecinos, que se han enfrentado con la Policía Municipal y de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como los antidisturbios. Les han lanzado de todo: ladrillos, tejas, pelotas, botes y hasta bombonas de butano. El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, ha contado a Europa Press: "Esto parecía Palestina. Varios marroquíes portaban armas blancas e incluso le ha quitado la pistola a un policía municipal. Cuando ven una cámara, se tiran al suelo para expresar victimismo, pero después se levantan y empiezan a tirar piedras". Del lado contrario, la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) ha denunciado "agresividad policial" hacia los inmigrantes marroquíes, sobre todo mujeres y niños.

En el lugar de los hechos han sido atendidos, según el último balance ofrecido por Emergencias Madrid, seis policías -cinco policías nacionales y uno municipal- y cuatro vecinos, todos leves. De los seis agentes, dos han tenido que ser trasladados al Gregorio Marañón en estado leve. Sufren cortes y contusiones en brazos, cabeza y cara, provocadas por piedras, botellas y bombonas de butano, entre otros materiales. De los civiles heridos, todos de origen marroquí, uno es la mujer de Abdel, que ha recibido un fuerte golpe en la espalda pero que no ha perdido el niño que espera, en contra del rumor que ha corrido por la barriada. La mujer se encuentra en observación en el Gregorio Marañón, pero tanto ella como el bebé están bien. El otro es un varón herido en el brazo. El tercero es un chico de 18 años con una fuerte contusión ocular que casi le cuesta un ojo y el cuarto, un hombre de 60 años con un golpe en los genitales.

Estos dos últimos han sido conducidos al Gregorio Marañón con pronóstico leve, y el joven está, además, detenido. Al margen de estos heridos, el Samur ha atendido de diversas contusiones a otros 17 agentes en las comisarías de Vicálvaro y San Blas. En total, 23 agentes heridos, 16 nacionales y siete municipales. Emergencias no descarta que la cifra pueda aumentar. En el transcurso de la operación han sido arrestadas otras ocho personas además del joven herido, según los últimos datos de la Jefatura Superior de Policía. Uno es Abdel. A pesar de los enfrentamientos, la chabola ha sido destruida por las excavadoras.

No es la primera, ni la última. El 9 de octubre, días antes de que se terminase el Ramadán, el Ayuntamiento ya derribó las primeras 40 infravivendas en el inicio de una campaña que promete ser sistemática y radical. En agosto, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció el "fin del chabolismo" en la capital y aseguró que al término de esta legislatura desaparecían todos los núcleos chabolistas. A la casa de Abdel pueden seguir las otras 35, pendientes de fallo judicial. Tras la vista de esta mañana, la juez de lo Contencioso Administrativo ha comunicado a las partes que emitirá el auto entre esta tarde y mañana. O bien da la razón a los vecinos o bien permite al Ayuntamiento de Madrid proseguir con el derribo de viviendas tras la suspensión cautelar promovida por los afectados. El recurso fue presentado por la abogada de siete familias que recibieron un aviso de desalojo por derribo, aunque la orden municipal afecta a un total de 35, situadas en el llamado gallinero, el extremo norte de la parte más degradada de la Cañada Real.

Las razones de las partes

Javier Baeza, párroco de la Iglesia San Carlos Borromeo -conocida como Iglesia Roja- y que ha acudido a la vista acompañando a las familias, no tiene ninguna duda de que las casas son ilegales, pero "lo son desde hace 15 años". Estamos hablando, además, "de 15 kilómetros de ilegalidad". A pesar de admitir la mayor, reclama al Ayuntamiento una solución para esas familias, ya que no puede "dejarles en la calle". Baeza denuncia además "un componente discriminatorio": no entiende por qué se ha empezado "por meterle mano a las casas de los rumanos y marroquíes sin papeles y no se tocan los megachalés ilegales que hay en la zona de Rivas-Vaciamadrid ni tampoco las empresas de Valdemingómez". Al cura también le resulta sospechoso el "golpe de efecto" por parte del Ayuntamiento de hacer coincidir el nuevo derribo con la vista.

El párroco ha explicado que, en la vista, la abogada del Ayuntamiento ha argumentado que se quiere expulsar a las familias porque "es una zona con vistas a urbanizarse". Baeza subraya la incongruencia de echar a los chabolistas precisamente porque habitan "una cañada real que no es urbanizable". El segundo argumento de la Administración es que "no puede consentir que vivan en condiciones infrahumanas, sin luz, ni agua corriente ni instalaciones sanitarias. "¿Es que es más salubre tener como techo el cielo?, se pregunta Baeza, que subraya el hecho de que en ningún caso se les ofrece una vivienda. Como tercer razonamiento, se cita la delincuencia. "No se puede prejuzgar a unas personas, son pobres, sí, pero no por eso tienen que ser delincuentes", recuerda el sacerdote, que apunta además el hecho "insólito" de que "no han tocado ninguna de las chabolas donde se vende droga".

Batalla campal por un desalojo