El Constitucional censura a los grupos políticos por bloquear su renovación

Los grupos parlamentarios del Congreso han sido seriamente amonestados por el Tribunal Constitucional, que les acusa de no respetar la Constitución. Esta crítica severa responde al enojo del alto tribunal por el bloqueo en la renovación de ocho magistrados de la institución por las discrepancias entre el PSOE y el PP. "Ante el reiterado incumplimiento de las previsiones constitucionales, este Tribunal Constitucional se ve obligado a reclamar que se respete la Constitución y que, por tanto, se cumplan los plazos que esta imperativamente establece para la renovación de todos los magistrados".

Este es el escrito, firmado por la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, que dirige al presidente del Congreso, José Bono, "con el ruego de que dé traslado del mismo a los distintos grupos parlamentarios". El encabezamiento del escrito traslada el acuerdo tomado por el Pleno del tribunal en sesión celebrada el 21 de diciembre. Bono, en efecto, ayer al mediodía remitió el escrito a los portavoces. El acuerdo termina con el recordatorio de que además de que ya ha expirado el mandato de ocho magistrados, existe una vacante hace ya más de dos años por el fallecimiento de Roberto García-Calvo. Lo cierto es que "las anomalías continúan", como señalan fuentes parlamentarias.

La discrepancia entre PSOE y PP mantiene la interinidad

Aunque el Senado ha hecho su trabajo al designar a sus magistrados, no han tomado posesión porque sus nombramientos no han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado. En fuentes parlamentarias recuerdan que depende del Gobierno que los nombramientos se publiquen. No obstante, la falta de acuerdo de los grupos políticos en el Senado paralizó el proceso durante tres años.

En el Congreso, el retraso es todavía pequeño ya que los magistrados elegidos por esa Cámara culminaron su mandato el pasado 7 de noviembre. El presidente del Congreso remitió ayer a los portavoces parlamentarios el escrito que la presidenta del Tribunal Constitucional le pide que les haga llegar y les recuerda los plazos. El próximo 30 de diciembre termina el plazo de presentación de candidatos. En fuentes parlamentarias se considera que la discrepancia política se mantiene y por eso el Gobierno retiene la publicación de los magistrados elegidos por el Senado a la espera de que se produzca el acuerdo en el Congreso. Pero la situación no tiene muchas salidas porque el PP no quiere renunciar a su candidato Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, y el PSOE no le acepta. No lo aceptó en el Senado y tampoco lo quiere para el Congreso. El PSOE consideró, de momento erróneamente, que el PP renunciaría a presentar a López después de que el Constitucional no admitiera el recurso de dos comunidades autónomas gobernadas por el PP contra la resolución del Senado de no admitir a ese magistrado de la Audiencia Nacional por no cumplir los requisitos exigidos.