Confederación

Una de las personas más siniestras que he conocido tenía siempre una solución para cualquier expediente que la incomodaba: "¡Mételo en el fondo del cajón!". De este modo pasaba el tiempo y con frecuencia el tema perdía la posibilidad de ser resuelto. Algo así ha sucedido con los recursos planteados ante el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña aprobado en 2006. Si ahora buena parte de su texto es declarado inconstitucional, las consecuencias serían muy graves por toda la normativa desarrollada a partir del mismo, y esa gravedad irá incrementándose con el tiempo. Por si no fuera suficiente con la irracionalidad exhibida en resoluciones tales como la despenalización del negacionismo relativo al Holocausto o la ceguera voluntaria ante la candidatura internacionalista de Alfonso Sastre, esta incapacidad al abordar una cuestión esencial para el funcionamiento de la democracia debiera ser suficiente para plantear la urgencia de su reforma en un sentido de tecnificación frente a la actual dependencia política. Una de dos: o los miembros del Alto Tribunal son incompetentes como juristas para resolver recursos en un plazo de tres años, lo cual para la mayoría de ellos no es creíble, aunque la ponente Elisa Pérez Vera no sea precisamente especialista en Derecho Constitucional, o hubo intención de atender a la conveniencia del Gobierno de modo que el simple transcurso del tiempo invalidase los recursos en lo fundamental, por una suerte de caducidad buscada que haría irreversible la situación jurídica producida por el Estatut. Peor aun.

No han primado los intereses generales, sino satisfacer la pretensión catalana

El hecho es que la bilateralidad ha entrado en vigor, y en un tema de importancia capital, la financiación de las autonomías. Y como en tantas otras ocasiones, la insuperable ligereza del presidente Zapatero al decidir un cambio de la organización financiera del Estado según sus intereses electorales, se ha visto compensada por su también insuperable habilidad para salir a corto plazo de los atolladeros mediante el marketing político. A favor como siempre, de una oposición "popular", la cual, aun denunciando Montoro y Rajoy "el caos", no supo argumentar las razones de su rechazo y luego hubo de plegarse a la satisfacción de sus comunidades ante el maná anunciado. Resultado: Rajoy es contrario, pero impone la abstención a los suyos. Bastó al Gobierno difundir aquello de que "las comunidades del PP se oponen, pero cogen (sic) el dinero" para el repliegue hacia la nada, como si al denunciar un trabajador la insuficiencia del salario estuviese obligado a no cobrarlo. Total, al parecer sobran recursos, los 9.000 millones ofrecidos se convierten en 11.000, se añaden 3.800 millones más a Cataluña para que Esquerra apruebe el acuerdo (de paso, los Presupuestos) y todos felices. Ya decían los diplomáticos ingleses de los españoles en 1898 que éste era el país del take it easy.

La nueva financiación tiene dos aspectos positivos: la fijación de criterios para la adscripción de los recursos, con la población en primer plano, y la cláusula de cautela preservando la igualdad de las atenciones básicas. El silencio sobre los datos previstos de la distribución y los indicios derivados de la gestación del resultado no invitan al optimismo. Si iban a ser 9.000 y acaban siendo más de 11.000, si a Cataluña le tocaban 2.000 y ahora 3.855, con mordida final, ello indica que no han primado los intereses generales que corresponde defender al Estado, sino la opción de satisfacer las pretensiones de Cataluña y ensanchar luego el pastel para que el resto lo acepte. No es un proyecto multilateral, sino la extensión de la bilateralidad a costa de un Estado fiscalmente más débil y que cuando toca reducir gastos decide un fuerte endeudamiento. Las comunidades creerán ganar, pero lo pagaremos todos. La pregunta es: antes eran razonables 9.000 ¿hay alguna base objetiva no electoral para 11.000? En modo alguno es un ejercicio de corresponsabilidad, ya que en esta partida todas las comunidades han jugado, y con éxito, a maximizar los recursos propios a costa de la Banca (el Estado). Serán el Estado, pero no tienen sentido de Estado.

La ministra Salgado comenta con satisfacción haber celebrado más de 100 reuniones con las comunidades para llegar al pacto. Ningún Estado democrático funciona hoy así, por acumulación de acuerdos de zoco con sus componentes. Otra cosa es la participación multilateral propia de una federación. El lema de la Suiza federal es Unus pro omnibus, omnes pro uno. Aquí sólo tenemos el "uno para todos". Nos hemos deslizado hacia la confederación, por añadidura asimétrica.