Comienza la cuenta atrás de ETA

ETA comienza su cuenta atrás en estas fiestas navideñas, en las que emitirá un comunicado en el que anunciará el paso de la actual etapa sin atentados, iniciada el pasado 5 de septiembre, a un escenario nuevo, marcado por la declaración de un alto el fuego unilateral, permanente, verificable y con voluntad de definitivo. La izquierda abertzale así lo cree y asegura que es el principio del fin de la violencia de ETA, tras más de 40 años de terrorismo.

Desde el pasado 25 de septiembre, cuando la izquierda independentista, Eusko Alkartasuna (EA) y Aralar reclamaron a ETA, en un acto público en Gernika, la declaración del alto el fuego definitivo, sus dirigentes especularon con que la respuesta de la banda podía producirse estas Navidades.

La izquierda radical cree que ETA renunciará a la extorsión

El partido heredero de Batasuna exigirá su legalización y la libertad de Otegi

PSOE, PP y PNV coinciden en el rechazo a la mesa de partidos

El Gobierno quiere ganar la batalla de la opinión pública en el País Vasco

Pero el pasado jueves, Rufi Etxeberria, el principal líder de la izquierda abertzale, junto a Arnaldo Otegi, le dio rango oficial al manifestar en la radio pública vasca que ETA dará una "respuesta positiva" a su demanda en estas fiestas navideñas.

Las fechas barajadas van desde este mismo fin de semana hasta el 8 de enero, día señalado por Etxerat, la plataforma de apoyo a los presos de ETA, para celebrar una manifestación que realizará en "un nuevo escenario de paz".

En todo caso, ETA se ha comprometido recientemente con la izquierda abertzale a publicar su comunicado antes del 28 de enero, fecha límite en que la izquierda independentista pretende inscribir un nuevo partido en el Registro del Ministerio del Interior. Esa formación rechazará la violencia y cumplirá los requisitos de la Ley de Partidos, para poder presentarse a las elecciones municipales de mayo.

La antigua Batasuna aceptó la petición de ETA de inscribir un nuevo partido y renunciar a otras fórmulas, como las agrupaciones electorales, utilizadas en anteriores comicios, según fuentes nacionalistas.

La izquierda abertzale cree que ETA aceptará la verificación del alto el fuego, una nueva prueba que introduce para dar credibilidad a esta tregua ante la frustración de la anterior, iniciada en 2006 y rota con el atentado de la T-4 de Barajas. También otorga especial importancia a que ETA deje de extorsionar, una práctica que mantuvo en anteriores procesos de alto el fuego.

Los independentistas ya han anunciado sus pretensiones para cuando ETA declare el alto el fuego. Reclamarán la libertad de Arnaldo Otegi, recientemente absuelto de la acusación de enaltecimiento del terrorismo, pero pendiente de otros juicios. Pedirán también el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas o próximas; su legalización como fuerza política y la creación de una mesa de partidos, que retomaría el preacuerdo alcanzado en Loyola, en 2006, con el PSE y PNV, y que fue torpedeado por ETA.

El Gobierno y los partidos están a la espera del comunicado de ETA, y dan credibilidad a las previsiones de la izquierda abertzale. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba se han fijado como objetivo prioritario ofrecer una respuesta coordinada al comunicado de ETA. Esta puede ir desde el silencio, como sucedió con el del 5 de septiembre, en que ETA se limitó a señalar que cesaban los atentados, a una respuesta matizada si responde a los requerimientos realizados.

El Gobierno, el PSOE, el PP y el PNV coinciden en un aspecto esencial: la exigencia a Batasuna para que convenza a ETA de que abandone definitivamente la violencia y si no, rompa con la banda. En consecuencia, rechazan cualquier negociación con ETA y la izquierda abertzale similar a la de treguas anteriores.

También coinciden en el rechazo a crear una mesa de partidos, como plantean los herederos de Batasuna. No quieren que se repita lo ocurrido en procesos anteriores porque, al final, ETA interfiere y "contentarla es imposible", señala el PNV.

Asimismo, se oponen a que mediadores internacionales jueguen un papel en la verificación del alto el fuego, al que se ha brindado el abogado sudafricano, Brian Currin, que cuenta con el apoyo de premios Nobel de la Paz irlandeses y sudafricanos.

La posición de Rubalcaba es que la auténtica verificación la hace la policía al constatar si desaparecen los atentados, la violencia callejera y la extorsión. No solo el Gobierno y el PP consideran innecesaria esa oferta. El PNV también rechaza la mediación internacional.

Rubalcaba juega un papel clave en la coordinación entre los partidos: con el responsable del PP en política antiterrorista, Federico Trillo, y con el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka. El interlocutor de Zapatero es el líder del PNV, Iñigo Urkullu. De estos contactos se deduce que el Gobierno y los principales partidos coinciden en la estrategia frente a ETA. Otra cosa es el trato a dar a la izquierda abertzale.

El Gobierno cree que si el nuevo comunicado de ETA responde a las expectativas de lo que le ha reclamado la izquierda independentista no puede ser despachado como si no tuviera la menor importancia, como se hizo con el del pasado día 5 de septiembre.

El Ejecutivo cree que es fundamental ganar la batalla de la opinión pública en Euskadi, que tratará de disputarle la izquierda abertzale, que presionará con el argumento de que tanto ella como la banda se han movido mientras que el Gobierno no lo hace. Los radicales se encuentran cómodos en ese terreno porque, al contrario que el conjunto de los españoles, el 70% de los vascos están a favor de una salida dialogada al terrorismo.

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, anima al Ejecutivo a ganar la batalla de la opinión pública cuando dice que "hay que crear un contexto que quite victimismo al mundo de ETA y adopte políticas que tengan efecto proactivo para alejar del terrorismo a quienes viven cautivos de la organización". El terreno de juego al que apunta el PNV no es tanto el de la legalización de la izquierda abertzale, que es competencia de los jueces, como el de la política penitenciaria, con el acercamiento de presos y la intensificación de los beneficios penitenciarios para quitar argumentos a los radicales.

Pero en este punto, el Gobierno tiene la presión contraria de algunas asociaciones de víctimas. Esa es la "partida de ajedrez" que le espera al Ejecutivo a medio o largo plazo, si ETA da de una vez el paso.