Cataluña rechaza el plan energético si no lo paga el Gobierno

Que paguen otros. La Generalitat y los Ayuntamientos catalanes se desmarcaron ayer con contundencia del plan de ahorro energético impulsado por el Gobierno central si este no asume la factura de las medidas planteadas. Ni el Ejecutivo catalán abonará los 26 millones de euros que, según calculó, supondría la rebaja del 5% en el transporte público anunciada por el Ministerio de Fomento, ni los Ayuntamientos de esta comunidad gastarán un céntimo más para cambiar la iluminación de las ciudades, sea cual sea el coste de esta implantación reclamada por el Ministerio de Industria. "Queremos colaborar pero no podemos asumir más gastos", subrayó el socialista Manuel Bustos, presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).

Los consistorios lamentaron la falta de rigor con que, en su opinión, el Ejecutivo pretende implantar este plan. "Nos desmarcamos de la exigencia de asumir estas medidas si no las paga el Gobierno", señaló Bustos, miembro a su vez de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias que el pasado martes negoció el acuerdo con el ministro de Industria, Miguel Sebastián. "A menos que nos obliguen por ley, el plan no va con nosotros", añadió el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Salvador Esteve.

Tren sin rebaja

Cada vez está más claro que los catalanes tampoco disfrutarán de la rebaja de precios en las líneas de cercanías. En realidad, se trataría de una reducción del 5% en los billetes de tren, metro, autobús y Ferrocarrils de la Generalitat, ya que son medios de transporte incluidos en un sistema de precios unificado. Los 26 millones que costaría esta rebaja, señaló el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, los debe pagar la Administración central. Fuentes del Ministerio de Fomento señalaron que no prevén desembolsar esa cantidad, puesto que el servicio está transferido a la comunidad.

La Administración central aportó en 2010 unos 150 millones de euros a la Autoridad Metropolitana de Transporte, que gestiona los transportes públicos en Cataluña. La Generalitat y las Administraciones locales, por su parte, abonaron 482 millones. La cantidad de dinero que aporta Fomento está relacionada con el número de viajeros que tiene el servicio, afirma el ministerio. Entre 2008 y 2009, sin embargo, el número de usuarios del transporte público se redujo en cerca del 3% mientras la aportación del Estado se desplomó el 22%.