Cataluña, el aliado intermitente

José María Aznar llegó a la presidencia del Gobierno con una Cataluña convergente y amiga y dejará el poder cuando en el Palau de la Generalitat ondea la bandera enemiga de un Ejecutivo de izquierdas y catalanista, que se ha convertido para el PP en una especie de encarnación del mal. En estos ocho años de Gobierno del PP se ha pasado de la receptividad y, en ocasiones, generosidad en los traspasos autonómicos -actualmente, apenas quedan competencias estatutarias por transferir- a la cerrazón absoluta ante los nuevos vientos políticos del tripartito que reclaman una reforma del Estatuto que convierta a la Generalitat en administración única, asumiendo el mando y coordinación de los cuerpos de seguridad del Estado , así como la creación de una agencia tributaria que, en coordinación con la estatal, tenga participación en los impuestos que se recauden en Cataluña.

La situación es muy distinta a la de 1996, cuando el pacto entre Convergència i Unió (CiU) y el PP era una provechosa joint venture. Decía Cánovas del Castillo que no hay más alianzas que las que trazan los intereses. El aliado ha sido pues intermitente. Mientras PP y CiU se han necesitado mutuamente para sus respectivas mayorías en el Congreso y en el Parlamento catalán, la relación ha sido buena por distante que resultara su ideario. No hay que olvidar que desde 1994 a 1996, el PP y el propio Aznar presentaron el entonces vigente pacto CiU-PSOE como una suerte de chalaneo capaz de liquidar la unidad de España. Sin embargo, la noche del 3 de marzo de 1996, apenas pasadas 48 horas de haber vertido por última vez tan graves acusaciones, Aznar ordenaba callar a sus huestes, los entusiastas que bajo el balcón del número 13 de la calle de Génova gritaban: "Pujol, enano, habla castellano".

La metamorfosis también afectó a CiU. Para Pujol era acuciante hallar un sólido respaldo a la precaria mayoría que las urnas le habían concedido en 1995. Así que la sociedad de socorro mutuo empezó a tomar cuerpo. Y entre reticencias de la militancia, los nacionalistas pasaron del rígido eslogan para las elecciones generales del "Plantarem cara" ("Plantaremos cara") al más flexible "Serem claus" ("Seremos clave").

Estaban puestas las bases para que el encuentro histórico entre el nacionalismo hegemónico en Cataluña y la derecha española no fuera un choque frontal. La plasmación de esa nueva etapa estaba en la letra del que se ha dado en llamar Pacto del Majéstic. De ese acuerdo nacieron la eliminación de los Gobiernos Civiles, el traspaso de la gestión de los puertos, la reforma de la Ley de Costas. En el terreno de la financiación autonómica, se elevó hasta el 30% la cesión del IRPF y el PP dio capacidad normativa en los tributos cedidos.

El acuerdo por cinco años se presentó como muy bueno. Así lo reiteraron los negociadores populares -José María Aznar, Mariano Rajoy y Rodrigo Rato- y los convergentes: Jordi Pujol, el consejero de Economía Macià Alavedra y el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida. Sin embargo, tres años después, el Gobierno central tuvo que inyectar 30.000 millones más para las comunidades autónomas y negociar un nuevo acuerdo bilateral con su aliado Pujol. Los ingresos por IRPF, un impuesto en el que el propio PP había rebajado, resultaron inferiores a lo previsto y a la financiación anterior, basada en el crecimiento del PIB.

Pujol, con todo, vendió el acuerdo como ventajoso ante sus bases y electorado. La alianza entre ambas formaciones se consolidaba. PP y CiU apoyaban sus respectivos presupuestos y cerraban filas para evitar las molestas comisiones de investigación parlamentarias tanto en Madrid como en Barcelona. Esa fue la primera parte. Luego todo cambió. En 1999, CiU obtuvo una mayoría parlamentaria que sólo le permitía apoyarse en el PP o en Esquerra Republicana. Pujol optó por los socios conocidos y, así, en su pacto de investidura como presidente de la Generalitat se plegó a la voluntad de los conservadores de no solicitar en los próximos cuatro años la reforma del Estatuto. El giro de 180 grados del PP comenzó en 2000, año en que las urnas dieron la mayoría absoluta al partido de Aznar.

A partir de ahí, la cerrazón del PP fue total. Donde antes había diálogo ahora reinaba la ley del más fuerte. Aznar estrechó el cerco sobre CiU: le propuso al menos en tres ocasiones entrar en el Gobierno de España a modo de abrazo del oso, a juicio de los nacionalistas, pues no había contrapartidas autonómicas. El modelo de financiación pactado en 2001 supuso un incremento de unos 50.000 millones de pesetas, muy alejado de los 400.000 millones de pesetas a que aspiraban los nacionalistas.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera en que se aprobó este acuerdo no se resolvió la deuda pendiente de Andalucía, estimada inicialmente en 750.000 millones de pesetas y posteriormente en unos 400.000. La reciente oferta del PP de liquidarla si gana las próximas elecciones autonómicas ha desatado una tormenta política. Los socialistas de Cataluña y Andalucía han aproximado posiciones en los últimos años al sufrir lo que juzgan un abuso centralista, aunque de distinta naturaleza.