Castilla y León, bajo la sombra del Estatuto catalán

La sombra del Estatuto de Cataluña planeó ayer sobre la gran fiesta de Castilla y León, que vio aprobado definitivamente su nuevo Estatuto de Autonomía en el Senado con 250 votos a favor y ninguno en contra. La norma se publicará y entrará en vigor inmediatamente, al no haber sufrido modificaciones que tengan que ser revisadas en el Congreso. Éste es el último estatuto que se aprobará en esta legislatura.

El texto llegó a las Cortes con un consenso férreo entre PP y PSOE en la comunidad autónoma, que se ha mantenido durante toda la tramitación. Pero eso no impidió que tanto el portavoz socialista como el de la Entesa Catalana (el tripartito) destacaran ayer públicamente las similitudes del nuevo texto con el polémico proyecto catalán, recurrido por el PP al Tribunal Constitucional casi en su integridad.

"Si la inquisición mira con atención este Estatuto, descubrirá muchos pecados", ironizó el senador de ERC Carles Bonet. Entre esos pecados, citó la relación bilateral entre Castilla y León y el Gobierno central, el capítulo de derechos y deberes, la tipología de las competencias o la definición de una agencia tributaria propia. "Los castellanoleoneses y catalanes, con estos estatutos, hemos pecado, pero no nos arrepentimos", ironizó. Una vez más, Bonet pidió al PP que en consecuencia retire su recurso de inconstitucionalidad contra la norma catalana.

Por parte del PSOE tampoco se privó su portavoz en temas territoriales, el senador José Ignacio Pérez Sáenz, de dejar claro que el texto aprobado ayer suponía "un cambio de criterio" del PP respecto a cómo empezó la legislatura con la norma catalana, la primera reforma estatutaria que se planteó (aunque no fuera la primera en aprobarse). "Con el apoyo del PP a este Estatuto, está apoyando todas las reformas estatutarias", dijo Pérez Sáenz, enfatizando la palabra "todas".

De hecho, no hay mucho que enfatizar. Excepto el Estatuto catalán, el PP ha apoyado otras cinco reformas presentadas a las Cortes, exactamente igual que el PSOE. Ambos han estado de acuerdo en los estatutos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León. Ambos han rechazado el plan Ibarretxe, entendido como proyecto de reforma de su Estatuto. El PP ha rechazado el de Cataluña y el PSOE el proyecto de Canarias, que pactaron PP y Coalición Canaria. En ambos casos planea la sospecha de cálculo político más que discrepancias de fondo, a la vista de las similitudes entre los estatutos presentados esta legislatura.

Antolín Sanz, senador del PP por Ávila, hizo una apasionada defensa del Estatuto de su comunidad, pero como portavoz del partido que ha llevado las reformas al Constitucional se vio obligado a entrar en el debate que sobrevolaba el hemiciclo. "Dejemos decidir al Tribunal Constitucional", respondió Sanz, y que "se pronuncie lo antes posible".

Sanz se dirigió directamente al presidente del Gobierno, criado en León y presente en el pleno, cuando dijo que en esta reforma "no se ha marginado a un partido que representa a casi 10 millones de españoles". El suyo.