Canarias tramita una norma para burlar la Ley de Costas estatal

La rebaja de la Ley de Costas por la puerta trasera está en marcha 21 años después de la aprobación de la norma. Primero fue Galicia que, a propuesta de PSOE y BNG, reformó en diciembre su Ley de Vivienda para salvar cientos de casas de primera línea. Lo hizo a la vez que el Ministerio de Medio Ambiente coló en una ley que no tenía nada que ver una reforma para permitir vender las concesiones de las casas construidas sobre la arena. Ahora es el Parlamento de Canarias el que planea aprobar en un mes, gracias a la mayoría de Coalición Canaria (CC) y PP, una ley autonómica para salvar los núcleos con "valor etnográfico" que incumplen la ley.

Las autonomías sufren las quejas de los afectados por la Ley de Costas y empiezan a suavizar la norma. CC presentó el pasado 22 de enero en el Parlamento autónomo una reforma legal para evitar la demolición de los "núcleos inmemoriales representativos de los valores culturales y etnográficos propios de las islas" aunque estén levantados en la playa, que es dominio público.

La ley comienza a ser rebajada 21 años después de su aprobación

El PSOE apoya que el Gobierno elija los núcleos pintorescos que son protegidos

El portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Barragán, señala que su intención es "defender una historia y una tradición": "Hay pueblos de pescadores construidos en dominio público que no deben ser destruidos". Canarias vivió una enorme movilización contra la demolición del poblado costero de Cho Vito, en Tenerife, el pasado octubre. Barragán afirma que la ley autonómica -prevé que esté aprobada en abril- sirva para que Costas no pueda derribar las casas de Tufia, un antiguo poblado en primera línea.

La Ley de Costas, de 1988, establece que la playa es dominio público y que allí no hay propiedad privada. Las casas construidas legalmente allí antes de 1988 pasaron a ser una concesión. Eso permitía a sus dueños disfrutarlas durante 30 años (ampliables a 60). A las construidas sin permiso o con posterioridad a la ley les esperaba la demolición.

Pero Canarias alega que muchos de sus núcleos rurales costeros no estaban inscritos aunque existieran antes de la ley. Con su reforma, el Ejecutivo autónomo decidirá cuáles de estos núcleos tienen "valor etnográfico", aunque el dominio público es competencia del Gobierno central. El PSOE ha presentado enmiendas para que el Gobierno participe en ese censo en el que figurarán las casas de "valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco" y que se salvarán por "interés público". El diputado socialista en Canarias Manuel Fajardo critica que se haga una reforma para cada comunidad y apuesta por realizar un censo de las casas que estaban construidas en 1988 en la playa y salvar esas, pero no las levantadas después.

La norma puede invadir competencias estatales. Por eso, si el Ministerio de Medio Ambiente no la recurre al Tribunal Constitucional, puede sentar un precedente para otras autonomías.

Además, la ley canaria establece que la comunidad decidirá en qué lugares se puede construir a 100 metros del mar y en cuáles a sólo 20, según la situación que tenía el terreno en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas.

Este aspecto es similar a la que aprobó el Parlamento gallego y que contaba con el visto bueno del ministerio. Con este texto, Galicia salvaba cientos de viviendas en Marín (Pontevedra) y además conseguía miles de metros cuadrados de terreno urbanizable junto al mar. Al PP le pareció poco y presentó iniciativas que recortaban mucho más la ley, por lo que ahora con la mayoría absoluta podrá presentarlas.

Medio Ambiente sostiene que aún no ha decidido si la reforma gallega es inconstitucional, aunque fuentes próximas al departamento que dirige Elena Espinosa afirman que se inclina por no recurrirla. El portavoz popular en el Parlamento gallego la pasada legislatura, Manuel Ruiz Rivas, afirma que esta reforma es muy parecida a un decreto que aprobó el PP en 2004 y que entonces recurrió el ministerio que dirigía Cristina Narbona.

Barragán, ponente de la ley canaria, compara: "Nuestra ley es similar a la gallega, ya que ellos la copiaron. Si el Gobierno no recurre ésa no podrá hacerlo con ésta".

El abogado de la plataforma de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, admite que la ley canaria "plantea problemas de competencias" pero sostiene que es "la expresión de la desesperanza que ha cundido en Canarias con la aplicación estricta de la Ley de Costas".