El CGPJ estudia cómo retirar a los magistrados con las capacidades mermadas

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy abrir una "amplia reflexión" y un estudio sobre posibles incapacidades o jubilaciones forzosas de jueces que por circunstancias médicas podrían tener mermada su capacidad, lo que les limitaría para desempeñar sus funciones.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, a raíz de la decisión del pleno de suspender de funciones durante cinco meses a la magistrada titular del juzgado número 2 de Gijón, Rosario Fernández Hevia, por retrasos reiterados en la resolución de procesos.

El pleno, según Bravo, ha acordado por unanimidad dicha sanción por una falta muy grave de retraso reiterado, así como imponer a la juez una multa de 400 euros por una falta grave de desatención a los requerimientos de informe efectuados por el órgano de gobierno de los jueces.

El 20 de junio de 2007, el Consejo acordó abrir expediente disciplinario a esta magistrada, que acumula 148 casos pendientes de sentencia y que en 2001 fue separada del cargo de juez decana de Gijón por sus críticas a la pasividad del Ministerio Fiscal en los casos de malos tratos a mujeres.

Bravo ha explicado que para la determinación de la sanción a Fernández Hevia han tenido en cuenta "las especiales circunstancias médicas que afectan a esta persona". Además, ha indicado que el pleno ha entendido que estas circunstancias "han podido aminorar la responsabilidad en los retrasos y en su actuación".

La portavoz del Consejo ha indicado que el pleno ha acordado abrir un estudio de "aquellas situaciones en las que podrían verse afectados los titulares de los órganos jurisdiccionales, puesto que consideramos que es de suma importancia dada la gran relevancia que tiene el ejercicio de la función jurisdiccional".

Suspensión de Ferrín Calamita

Por otra parte, el pleno del CGPJ ha acordado por unanimidad confirmar la suspensión provisional del juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita. La suspensión de empleo y sueldo fue acordada por el Consejo el pasado mes de febrero después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitiera la querella presentada contra él, por retrasos, por una mujer que hacía casi dos años había iniciado un expediente para adoptar a la hija de su esposa.

Ferrín Calamita, quien a partir del próximo 24 de noviembre será juzgado a raíz de este caso por un presunto delito de prevaricción, reclamó al CGPJ que dejara sin efecto tal medida porque, según alegó, él y su familia, compuesta por nueve personas, no pueden subsistir.