El Bigotes entregó sobres con dinero a cargos públicos del PP, según el fiscal

El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, rechazó el pasado 28 de junio la petición de Álvaro Pérez, El Bigotes, para que se le retiraran las medidas cautelares de comparecencia periódica ante las autoridades, por entender que los indicios de delito que existen sobre su actuación así lo recomiendan.

En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez recoge un durísimo informe de la Fiscalía Anticorrupción que señala que el avance de la investigación ha acreditado delitos incluso más graves de los que se le imputaban a El Bigotes al inicio de la causa.

Álvaro Pérez fundó en 2004 la empresa Orange Market, una de las que integraban la red corrupta de Francisco Correa, y desde entonces recibió decenas de contratos, la mayoría a dedo, del Gobierno de Francisco Camps, quien consideraba a Pérez un "amiguito del alma", según la conversación entre ambos grabada por orden judicial en las navidades de 2008.

El Bigotes gastó decenas de miles de euros en decenas de regalos a la cúpula del PP valenciano y a sus familiares en forma de trajes y otras dádivas.

Avance de la instrucción

La Fiscalía Anticorrupción señala en el auto que notificó ayer Pedreira a las partes: "El avance de la instrucción ha corroborado todos los indicios de delitos de blanqueo de capitales, contra la administración y contra la hacienda pública. Además, los indicios se han incrementado con nuevos delitos de falsedad de documento mercantil y delito electoral. Diversos apuntes de archivos informáticos hallados en los registros practicados el 6 de febrero de 2009 [en la sede de Orange Market] han acreditado la entrega de sobres con dinero a cargos públicos en distintos ejercicios".

Junto a ello, añade el fiscal, "el auto de 25 de mayo de 2010 expone los indicios de la participación del imputado en los delitos electorales referidos a la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana así como delitos contra la hacienda pública relativos a Orange Market, por el concepto de retenciones de trabajo personal de los años 2006 y 2007, cuantificados en 160.275 euros y 170.558 euros respectivamente".

El fiscal, que propone al juez que mantenga la medida cautelar contra El Bigotes, llega a sugerir la posibilidad de solicitar otras "medidas más gravosas para el imputado".

El juez Antonio Pedreira, que pretende enviar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia buena parte de la instrucción referida a actuaciones ilegales o delictivas que salpican a cargos del PP en Valencia, rechazó las pretensiones de la defensa de Álvaro Pérez y mantuvo las medidas cautelares.

El PP, personado en la causa como acusación popular, ha torpedeado la iniciativa de Pedreira para remitir parte del sumario al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ha impugnado esta decisión.