Autonomías del PP imponen el doble de servicios mínimos que Fomento

Esperanza Aguirre no se caracteriza por ocultar sus ideas ni sus fuentes de inspiración. Siempre ha reivindicado como ejemplo la figura de Margaret Thatcher, la ex primera ministra inglesa, llamada dama de hierro entre otras cosas porque consiguió vencer la batalla contra los mineros escoceses. Aguirre ha abierto una batalla contra los sindicatos a cuenta de los liberados mal vista incluso en su partido -"hace muy feliz a Zapatero", le dijo Gallardón-. En junio ya se enfrentó a los sindicatos del Metro de Madrid. Ayer redobló el pulso, al imponer unos servicios mínimos en el transporte madrileño para la huelga general del próximo miércoles que doblan lo pactado entre los sindicatos y Fomento.

No fue la única. Varias comunidades del PP trataron de imponer servicios mínimos del 50% o superiores, frente al 25% que ha pactado José Blanco, que sube al 30% en horas punta. Mientras, las comunidades socialistas pactaban sin problemas con las centrales ese 25%. Las comunidades del PP agitan y endurecen así una huelga planteada no contra este partido, sino contra el Gobierno central del PSOE por una reforma laboral que abarata el despido, que pasa de 45 días por año a 20 en la mayoría de los casos.

Algunas comunidades del PP, como la valenciana, presidida por Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, llegaron a plantear servicios mínimos del 60% en el transporte y del 50% en la televisión pública. Conrado Hernández, líder local de UGT, aseguró que "incluso llegaron a pedir un 70% para los servicios de comedores infantiles, que no comienzan hasta octubre". Finalmente, la Generalitat cedió y pactó con los sindicatos los mismos mínimos que Fomento.

Esto es, Camps aceptó en la Comunidad Valenciana lo mismo que Aguirre rechazó en Madrid. La dirección nacional del PP, que ha tratado de marcar un perfil bajo en la fase previa a la huelga general, ya que Mariano Rajoy entiende que se trata de una batalla política dentro de la izquierda, no ha emitido ninguna doctrina general. Sin embargo, el enfrentamiento de sus comunidades con los sindicatos por los servicios mínimos da un giro político a la huelga, en la que se implica el PP.

En Castilla y León, CC OO y UGT cargaron contra la Junta presidida por Juan Vicente Herrera porque los servicios mínimos aprobados, que calificaron de "abusivos", "incluyen un jardinero para el edificio del presidente y un limpiador para cada director general". La educación también fue centro de la discordia.

En Murcia tampoco hubo acuerdo. Ni en Galicia, aunque allí sí hubo acercamiento en transportes, donde la Xunta proponía un 13,7% que sí aceptaba UGT pero no CC OO. Por el contrario, los Gobiernos socialistas de Andalucía, Cataluña o Castilla-La Mancha no tuvieron problemas en pactar servicios mínimos en la línea de Fomento y en educación.

La situación de mayor enfrentamiento se vivió en Madrid. Después del acuerdo de madrugada en Fomento, el pacto parecía cercano. Desde primera hora de la mañana hubo contactos entre Esperanza Aguirre y los líderes sindicales, Javier López (CC OO) y José Ricardo Martínez (UGT).

La comunidad proponía un 40% en el transporte, los sindicatos querían bajar al 25% pactado con Fomento. Se negociaban los detalles, la cosa iba bien, pero a mediodía Aguirre decidió romper la negociación y aprobar un decreto por el que impone un 50% de servicios mínimos.

Francisco Granados, mano derecha de la presidenta, aseguró que los sindicatos no habían querido aceptar cosas que sí habían asumido en otras comunidades, mientras las centrales contestaban que Aguirre quiere ser el "perejil de todas las salsas" y por eso ha decidido no pactar, para ser protagonista de la polémica.