Andalucía tramita una ley que garantiza el acceso a la vivienda con un tercio de la renta

El Gobierno andaluz inició ayer la tramitación del anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda que garantizará a los andaluces una casa, en alquiler o en propiedad, sin que el esfuerzo económico para adquirirla supere en ningún caso un tercio de sus ingresos familiares. La futura ley, que el Gobierno andaluz advirtió no podrá aprobarse en esta legislatura que finaliza en marzo, regulará el acceso a la vivienda "en condiciones de igualdad, así como las ayudas que faciliten dicho acceso".

El proyecto garantiza una casa a todos los andaluces con ingresos inferiores a 3.100 euros mensuales

El acceso al alquiler de una vivienda protegida no superará el 25% de los ingresos de las familias

La Junta pretende que se construyan 700.000 casas, 300.000 de ellas protegidas, en los próximos diez años

La ley establecerá que el derecho de acceso a la vivienda se regirá por los ingresos familiares, según sean inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), sustituto del salario mínimo interprofesional, o sean ingresos superiores pero insuficientes para acudir al mercado libre. Los andaluces que podrían beneficiarse de este derecho son todos aquellos cuyas rentas mensuales no superen los 3.100 euros (el tope máximo exigido para acceder a una vivienda protegida).

En el primer caso, la Junta garantizará a las familias andaluzas más pobres (con ingresos inferiores a 500 euros mensuales) el acceso a una vivienda pública en régimen de alquiler a un precio no superior al 25% de su renta (125 euros mensuales).

Cuando ganen más de 500 euros, la Junta les facilitará una vivienda en alquiler o en propiedad siempre que sus ingresos no superen las 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (al ser éste de 570 euros, el tope para las ayudas sería una renta de 3.100 euros). Los beneficiarios pagarán por estas viviendas un tercio de los ingresos familiares totales (es decir, el máximo que se pagaría al mes sería poco más de 1.000 euros).

El anteproyecto de ley establece que serán los municipios los que establezcan las necesidades concretas de sus ciudadanos, mediante la realización de estudios o encuestas, y establecerán los recursos necesarios para satisfacerlas, tanto a través de la dotación de suelo del patrimonio municipal como con las reservas legales establecidas por la Junta de Andalucía en los planeamientos, que preven un mínimo del 30% del suelo dedicado a vivienda pública. Los planes autonómicos determinarán asimismo la tipología de las viviendas y la financiación de las mismas.

700.000 casas en 10 años

La Junta ha elaborado este anteproyecto de Ley tras un amplio debate en el que han participado técnicos de la Administración regional, así como la secretaría de la vivienda de la Generalitat de Cataluña, la facultad de Sociología de Granada, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) y promotores públicos andaluces y nacionales.

La Junta facilitará a los municipios las herramientas técnicas necesarias para la elaboración de los escenarios de demanda, aunque la administración ha fijado ya un número de viviendas a construir en un periodo de 10 años que se sitúa en las 700.000 casas, de las que 300.000 deberán ser protegidas.

Este número se concreta en la oferta lanzada por el presidente andaluz, Manuel Chaves, de consensuar un Pacto por la Vivienda en Andalucía, que pretende establecer acuerdos en tres niveles: uno institucional con los municipios y el Gobierno central; otro financiero con los bancos, cajas e instituciones de crédito, y un tercero con los agentes económicos y sociales.

El anteproyecto de ley establece que los municipios deberán incluir en sus instrumentos de planificación urbanística, el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable sectorizado, con uso residencial suficiente para garantizar el acceso de los vecinos a una vivienda. Asimismo, la ubicación de los suelos destinados a la promoción pública y a reservas de vivienda protegida, con los plazos de inicio y terminación de las viviendas, así como las características de ambas.

La ley concreta que serán los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios los que delimiten zonas en las que sea necesario llevar a cabo una rehabilitación integral de barrios y de centros históricos. En este sentido, la Junta de Andalucía ya tiene en marcha un plan de rehabilitación de barrios y centros históricos que abarca a más de 40.000 viviendas en la comunidad.

Por otro lado, el citado anteproyecto establece que la Junta impulsará la erradicación de las infraviviendas y evitará que los inmuebles que no reunan los requisitos exigidos para una vivienda digna sean vendidos, alquilados o cedidos como vivienda.

La Junta ha incorporado al texto legal la figura del alojamiento, dirigida a aquellas personas que no puedan optar a una vivienda protegida bien en propiedad o en alquiler, pero a la que se le facilitará un lugar para vivir. Se tratará de conjuntos de alojamientos que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva, y que deberán incluirse en los Planes Urbanísticos.

Respecto a la construcción de la vivienda, la Junta certificará y será requisito indispensable para obtener las licencias de ocupación la calidad de las viviendas construidas. Estas certificaciones serán expedidas por agencias independientes de control homologadas por la Junta y deberán asegurar entre otros parámetros criterios de sostenibilidad de las construcciones, accesos a servicios y equipamientos públicos, y accesibilidad para discapacitados.

El anuncio de la tramitación de la ley fue acogido favorablemente ayer por la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios, Fadeco Promotores. Su presidente, Federico Muela, mostró la disposición de su organización a colaborar con la Junta y a hacer oír sus opiniones. "Es positivo legislar sobre vivienda para proteger y ayudar a los jóvenes y a los más desfavorecidos para que obtengan una vivienda", afirmó Muela, quien consideró necesario " suministrar suelo para podamos hacer todo tipo de viviendas".

Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (Facua) expresó su deseo de que la futura norma "no sea más de lo mismo", tras lo que lamentó la "excesiva tendencia hacia la regulación" y las "graves carencias" que existen en el control de su cumplimiento.