Aguirre, ¿el poder contra quién?

La sucesión de informaciones sobre prácticas presuntamente corruptas en la Comunidad de Madrid obligarán tarde o temprano a volver sobre Tamayo y Sáez, los dos tránsfugas socialistas que sirvieron en bandeja el triunfo de Esperanza Aguirre. Sólo ahora se estaría empezando a reparar en las consecuencias que acarreó para el sistema democrático la ausencia nunca suficientemente explicada, nunca suficientemente perseguida política ni judicialmente, de dos diputados de la mayoría en el momento en que la Asamblea de Madrid debía votar el nuevo Gobierno regional. La principal discusión en los días que siguieron a aquella jornada pretendió dirimir a quién correspondía la principal responsabilidad por lo que había sucedido, si al Partido Socialista por integrar a personas como Tamayo y Sáez en sus listas o al Partido Popular por explotar sin reparos una acción indigna, y quién sabe si, incluso, delictiva. La repetición de las elecciones autonómicas, una de las mayores extorsiones que ha padecido el sistema constitucional del 78, zanjó la cuestión en contra de los socialistas.

Los escándalos de Madrid obligarán a volver sobre Tamayo y Sáez

Por descontado, no estaban exentos de culpa: la defección de Tamayo y Sáez reveló la existencia de una corriente interna, los Renovadores por la Base, cuya influencia en las decisiones de ayuntamientos madrileños controlados por los socialistas dejaba entrever una posible colusión entre intereses públicos y privados, y políticamente transversal, que la dirección del partido tenía la obligación de conocer. Pero esto, con ser grave, sólo representaba la mitad del problema. La otra mitad, la mitad cuyas devastadoras consecuencias podrían estar aflorando en estos momentos, es que el Gobierno regional resultante de aquella operación nacía lastrado, lo quisiera o no, por una deuda que quedó en la oscuridad. Quienes empujaron a los tránsfugas Tamayo y Sáez lo hicieron porque, fueran cuales fuesen sus razones, preferían a Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad antes que al socialista Rafael Simancas. Y en la medida en que Esperanza Aguirre se benefició de esta preferencia, la deuda quedaba políticamente contraída, estuviera o no la presidenta al tanto de las maquinaciones que llevaron a alterar los resultados en la Asamblea de Madrid. Un Gobierno que no surge exclusivamente de los votos de los ciudadanos, sino de los votos más las intrigas de oscuros personajes, es un Gobierno frágil frente a intereses distintos de los exclusivamente democráticos.

La gestión de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid ha estado inspirada por un único principio: ocupar todos los espacios de poder, por las buenas o por las malas. El último episodio que ha protagonizado la presidenta regional es el intento de recuperar el control de Caja Madrid, valiéndose del Boletín Oficial de la Comunidad y de normas ad hoc que vulneran principios básicos del Estado de derecho. Pero no ha sido el único. Escudándose en un raquítico discurso ultraliberal, la educación y la sanidad dependientes de la Comunidad han sido sometidas a un proceso de privatización que, al margen de degradarlas como servicio público, han convertido estos dos derechos constitucionales en un nuevo territorio para el instrumento clientelar de las concesiones, al mismo nivel que los recintos feriales o las plazas de toros. En cuanto a los medios de comunicación, no sólo no podían escapar al afán de dominación de Esperanza Aguirre, sino que se han convertido en una pieza insustituible de su estrategia política, y esto afecta tanto a los de titularidad pública como a los privados. La presidenta cuenta con ellos para proyectar su imagen como posible alternativa a la dirección del Partido Popular, pero también para crear una realidad virtual que presente la Comunidad bajo luces tan favorables que se convierta en aval de sus aspiraciones.

Esta carrera cada vez más descarnada por ocupar todos los espacios de poder en la Comunidad de Madrid, que ha llegado a convertirse en obsesión, siempre se ha considerado ligada a la ambición de Esperanza Aguirre por dar el salto a la política nacional. Pero a la vista de la deuda política que, lo quisiera o no, contrajo al formar Gobierno beneficiándose de la huida de Tamayo y Sáez, cabe preguntarse si la ambición no es accesoria respecto del principal problema que suscitan las informaciones sobre prácticas presuntamente corruptas en la Comunidad de Madrid. La pregunta no sería tanto para qué quiere tanto poder Esperanza Aguirre, sino contra quién lo necesita.