Admitida a trámite la querella contra el alcalde y varios concejales de Santa Cruz

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación y malversación de caudales públicos contra 11 personas, entre ellas el alcalde (de CC) y los portavoces del PP y del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de empresarios y funcionarios de esa localidad, por la compraventa de terrenos costeros por un precio muy superior a su valor real y la posterior recalificación de parte de esos terrenos, en la playa de Las Teresitas.

Entre los encausados se encuentra el alcalde de la capital, Miguel Zerolo (de Coalición Canaria) los entonces portavoces de los grupos municipales, José Emilio García Gómez (PP), Emilio Fresco (PSOE), cinco altos funcionarios municipales y los conocidos empresarios Antonio Plasencia, presidente de la Federación de Constructores, e Ignacio González Martín, presidente de la Cámara de Comercio y Navegación. El TSJC también ha acordado el secreto de sumario por el plazo de un mes.

Después de que su nombre apareciera en un auto del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que señalaba una posible rama del caso Fórum Filatélico en la isla, y poco antes de presentarse la actual querella, el alcalde Miguel Zerolo anunció que se presentaba a la reelección de esta puesto por Coalición Canaria. El entonces portavoz del PSOE, Emilio Fresco, solicitó ayer mismo la baja cautelar de esta formación hasta que los tribunales diriman su implicación en este caso. García Gómez no ocupa actualmente ningún cargo institucional ni orgánico en el PP.

El presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio González, aseguró ayer en un discurso que esta operación había sido "limpia y cristalina, ajustada en todo momento a la moralidad y rectitud que marcan las leyes".

Según fundamenta la querella presentada ante el TSJC por la Fiscal Anticorrupción de Tenerife, María Farnés Martínez, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, bajo el paraguas de la empresa Inversiones Las Teresitas (creada básicamente para esta operación), compraron suelo en esta zona de la capital por 30 millones de euros, días antes de que una sentencia del Tribunal Supremo declarara el derecho de sus propietarios a construir. Plasencia y González revendieron un tercio de esa superficie al propio ayuntamiento por 53 millones de euros, que, además, recalificó los otros dos tercios hasta que su valor alcanzara los 120 millones de euros.

Gasto injustificado

La querella defiende que nunca debió pagarse ni un solo euro por recuperar el frente de playa ya que el 11 de enero de 2001 los dos empresarios y las fuerzas políticas municipales acordaron que la única adquisición del frente de playa por parte del Ayuntamiento sería la compensación mediante aprovechamientos urbanísticos. En contra de este acuerdo, el ayuntamiento "afronta un gasto muy considerable sin que exista causa alguna que lo justifique", aprobando la operación en el pleno del 23 de julio de 2001 por unanimidad. A ello, la Fiscalía advierte que el pleno aprobó el precio más caro de las tasaciones efectuadas.

La querella también cuestiona la compra de los terrenos que hace Inversiones Las Teresitas, e insiste en que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró un frente de playa que ya era suyo, por cesiones gratuitas acordadas en 1988.