Acusados de homicidio en el 'caso Yak' cinco mandos militares
El juez Grande-Marlaska imputa a los que fueron jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) almirante general Antonio Moreno Barberá y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de división Juan Luis Ibarreta Manella
El juez Fernando Grande-Marlaska ha acusado hoy a cinco altos mandos militares de un delito de homicidio por imprudencia grave y les cita a declarar en relación con las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42, que se estrelló en Turquía en 2003 con 62 militares a bordo. Los cinco mandos, para quienes el fiscal Fernando Burgos solicitó ayer su imputación, han sido convocados por el juez de la Audiencia Nacional para ser interrogados los próximos 23 y 24 de junio, según refleja el auto del magistrado.
Los primeros que pasarán por el despacho del juez serán los que fueron jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) almirante general Antonio Moreno Barberá y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de división Juan Luis Ibarreta Manella.
Al día siguiente lo harán el jefe de la división de operaciones del EMACON, contraalmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas; el coronel jefe de la sección logística de la división de operaciones del EMACON, Joaquín Yañez Gozález, y el comandante de esa misma sección, Alfonso Elías Lorenzo Taboada.
No ejercieron su función
El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional considera que los cinco militares son responsables en cuanto a que no ejercieron su función de controlar el cumplimiento del contrato que el Estado Mayor Conjunto (EMACON) suscribió con NAMSA, la Agencia de la OTAN contratista de los aviones para el traslado de tropas españolas al exterior.
El delito de homicidio por imprudencia grave, que atribuye a los mandos militares, está castigado con una pena de uno a cuatro años de cárcel, en este caso, por cada uno de los 62 militares fallecidos. La imputación de estos militares, añade el auto, no excluye que se investigue dónde fue a parar parte de los 149.000 euros destinados para contratar el vuelo, ya que el fiscal cree que la empresa subcontratista del avión sólo percibió un 25 por ciento y el resto se lo ahorraron a costa de reducir "de forma irresponsable las condiciones de calidad, seguridad y fiabilidad del avión".
Por otra parte, Grande-Marlaska rechaza la imputación de las otras quince personas -entre militares y civiles- que solicitaban las familias de los militares fallecidos porque considera que no existe una "razón legal" que lo ampare.
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