54 medidas de Justicia en Madrid

La toma de posesión de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, el pasado 14 de junio dejó una cosa clara: la justicia en Madrid no funciona y es necesario saber por qué para encontrar soluciones. Por ello, encargó a la entonces nueva consejera del ramo, Regina Plañiol, hacer una radiografía con detalle en un plazo de tres meses. El informe de situación se ha retrasado y no se presentará hasta mediados de este mes. Eso sí, plantea 54 medidas para modernizar la justicia e intentar acabar con el colapso que sufre desde hace años.

Aguirre recordó aquel 14 de junio en sede parlamentaria que el presupuesto de Justicia se ha quintuplicado desde que el Gobierno regional se hizo cargo de las competencias: de 74 millones en 2003 a 350 en el pasado ejercicio. Sin embargo, "los ciudadanos no tienen la percepción de que haya mejorado un 500%", admitió la presidenta. Fue así como se puso en marcha una comisión mixta formada por el Ejecutivo regional y representantes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, jueces y secretarios judiciales. También se invitó a fiscales, abogados y otros sectores relacionados con la Administración de justicia.

Los casi seis meses de trabajo han permitido hacer "un análisis distanciado y objetivo", según sus responsables. Y ello a pesar de que, en medio de su redacción, la presidenta regional lanzó el órdago de que la transferencia de la Justicia estaba mal hecha y que no le importaría devolvérsela al Estado central. Estos son los puntos fundamentales del informe.

- Retraso informático. Si algo llama la atención al entrar en un juzgado, es la cantidad de papeles y legajos que se almacenan en las estanterías, encima de las mesas e incluso en el suelo. La base del problema es que todas las notificaciones deben hacerse en papel y a través de procurador. El informe pide que se implante lo antes posible la firma electrónica, lo que evitaría miles y miles de folios en los juzgados y agilizaría el reparto de los expedientes. También se apuesta por un mayor uso de la videoconferencia para reducir gastos de traslados, sobre todo de presos y testigos.

Otro problema de naturaleza informática es que no se está dando el mismo desarrollo tecnológico en todo el país al mismo tiempo. De hecho, si Madrid sigue avanzando sin crear protocolos comunes, podría darse la paradoja de que los expedientes de otra región no se pudieran consultar aquí y viceversa.

- Una plantilla insuficiente. La distribución de los 6.529 trabajadores del personal adscrito a los juzgados resulta insuficiente para atender la cantidad de pleitos, demandas y diligencias que soporta la Comunidad de Madrid: más del 25% de todos los casos que se resuelven en España. A ello hay que añadir que el 27% tiene carácter interino. Según recoge el informe, la legislación actual impide al Gobierno regional convocar sus propias oposiciones, ya que tiene que estar a lo que disponga el Ministerio de Justicia.

- Pocos juzgados. Las competencias de Justicia se traspasaron a la Administración regional, pero no la gestión de los juzgados en sí. Como si se cediese la Sanidad, pero no se permitiera ni hacer hospitales ni contratar médicos y enfermeras. El informe mantiene que la actual planta judicial está obsoleta y que no se corresponde con las necesidades de una población de 6,5 millones de habitantes. Es urgente que haya más juzgados y más jueces y secretarios judiciales. La última memoria del TSJM recogía que se precisaban 39 nuevos juzgados y la creación de 32 plazas de magistrados. De esta forma, se ampliarían las secciones de lo Civil y lo Penal de la Audiencia Provincial y de lo Contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia.

- La problemática gratuidad de la justicia. El gasto del turno de oficio y de la justicia gratuita se ha disparado en los últimos años. Tanto que el Gobierno regional siempre paga tarde a los colegios de abogados (Madrid y Alcalá). El informe incide en que la Constitución solo recoge que se otorgará un letrado de oficio a aquellos que "acrediten" la falta de medios económicos. Por ello, piden al Ejecutivo central que reforme la ley, de forma que no todo el mundo tenga derecho a un abogado. Los mayores abusos se dan en los juicios rápidos y en los detenidos por delitos contra la seguridad vial. El enfrentamiento entre abogados y Gobierno regional se ha mantenido durante los últimos años.

- Reducir la litigiosidad. El número de procedimientos que soporta la planta judicial de Madrid es "altísimo". Solo en 2010 hubo 1.537.520 asuntos en las distintas jurisdicciones, lo que da una media por juzgado de 3.177 casos. Esto supone hasta el triple que en otras regiones españolas. La auditoría de justicia pide que se reformen las leyes procesales (en especial, las leyes de enjuiciamiento civil y criminal) de forma que sea más difícil litigar por causas de escasa importancia o que se pueden solventar por otras fórmulas extrajudiciales, como el arbitraje o la conciliación.

- Mayor presencia de los secretarios. Hasta ahora los secretarios judiciales solían ser los grandes olvidados de la justicia. Y eso que la ley les permite asumir muchas competencias para acelerar o desestimar determinados procedimientos. El documento pide que aumenten sus competencias o se les reconozcan las actuales para descargar de trabajo a jueces y magistrados.

- Instalaciones mejorables. La situación de los juzgados y de las instalaciones judiciales auxiliares no está mal en general, pero necesitan mejoras. Así ocurre con algunos edificios que se han quedado pequeños o no son lo más adecuado para el desarrollo de la actividad jurisdiccional. La comisión mixta pide que se reactive el Campus de la Justicia en Valdebebas, paralizado por falta de presupuesto. Hasta la llegada de esa solución, se apuesta por el reagrupamiento de los juzgados en función de su jurisdicción como Penal, Mercantil o Social.

- Mayor control del horario. El informe no acusa a los funcionarios y trabajadores de que no cumplan con sus horarios. Tan solo constata, según sus autores, que no se realiza ningún control de su cumplimiento. Por ello, pide que se arbitren medidas para que todo el personal haga las horas que le corresponden.

- Oficinas judiciales. El estudio mantiene que las oficinas de carácter regional no cumplen los objetivos marcados, por lo que se decanta por reforzar las del Ejecutivo central. No aportan ningún valor añadido, dicen.