27 mujeres y 570 hombres

Ahí está Dolores Ibárruri con sus secretarias". Así interpretaban los periodistas de la época las imágenes de la Pasionaria saliendo del Congreso con dos mujeres. Pero no eran secretarias. Eran dos jóvenes diputadas comunistas, Pilar Brabo y María Dolors Calvet, raras avis en una España en la que las mujeres eran ciudadanas de segunda categoría confinadas, en su mayoría, al ámbito doméstico o a trabajos que no requirieran una gran preparación intelectual. Los largos años de dictadura franquista habían diseñado e impuesto un modelo de mujer esposa y madre del que no resultaba fácil escapar.

Sólo 27 mujeres llegaron a parlamentarias en las primeras elecciones democráticas. Salieron elegidas 21 diputadas en un Congreso con 350 escaños (el 6%) y seis senadoras en una Cámara Alta con 247 miembros (el 2,4%). En las listas de los partidos figuraban 658 candidatas, pero la mayor parte ocupaban últimos puestos destinados al fracaso.

"La inferioridad de derechos era insólita en la Europa del siglo XX", recuerda una diputada

Lamentan no haber podido imponer la igualdad en el orden sucesorio de la Corona

Las pocas que llegaron, entre las que se encontraban Dolores Ibárruri y la pedagoga recientemente fallecida Marta Mata, participaron en una legislatura que debía recomponer un país después de 40 años de dictadura y llevarlo hacia una democracia que, entre otras cosas, tenía que dar cabida a las mujeres. Una cuestión que hasta ese momento había sido ajena al debate político. "Nuestra misión, por encima de los partidos a los que pertenecíamos, fue devolver la dignidad a las mujeres, que vivíamos en una situación de inferioridad de derechos insólita en la Europa del siglo XX", recuerda Asunción Cruañes, diputada socialista en esa legislatura. "Ya sólo el hecho de que en Parlamento tuvieran que discutir las cosas con nosotras era una novedad", añade María Dolors Calvet, entonces diputada comunista de 27 años. "Porque no hay que olvidar que veníamos del permiso marital y de unas leyes absolutamente discriminatorias en el ámbito laboral, penal y civil que tuvimos que cambiar". El Código Penal no protegía a cualquier víctima de violencia sexual sino sólo a las que tenían "acreditada honestidad". Y hasta mediados de 1975 la mujer no podía aceptar herencias, pagar deudas, comparecer en juicio, nombrar un abogado o abrir una cuenta corriente sin permiso de su marido.

El camino de acercamiento de la mujer al poder legislativo no era fácil en esos momentos. "La sociedad no nos animaba a la vida política, desde luego", recuerda Soledad Becerril, diputada de UCD entonces y actual senadora por el Partido Popular. "Además, había un grave problema de educación y formación. Las mujeres abandonaban pronto los estudios y se dedicaban al hogar y la familia".

Una piedra que no pudieron quitar del camino estas parlamentarias fue la preferencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio a la Corona estipulado en la Constitución. Cruañes y Calvet -que presentó una enmienda a este artículo- lo recuerdan como uno de los momentos más decepcionantes. "Estábamos empezando una nueva época y eso era una discriminación intolerable", recuerda Cruañes. Soledad Becerril, sin embargo, acepta los límites que imponía el momento histórico. "No todo era perfecto, pero era lo posible. Hubo que hacer cesiones para lograr un entendimiento".

"Nosotras tuvimos una influencia algo escasa porque éramos escasas", concluye Asunción Cruañes. "Pero rompimos muchas barreras, participamos en todas las comisiones en las que pudimos estar y fue el momento en el que se empezó a ver que las mujeres podíamos y queríamos legislar, estar donde se toman las decisiones".

Treinta años después de que estas 27 mujeres llegaran al Parlamento, hay un Gobierno paritario, un 31% de representación femenina en las Cortes y ha habido presidentas en el Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional. Cruañes, Becerril y Calvet coinciden en que uno de los cambios más espectaculares que ha dado España en estos años ha sido, precisamente, "la revolución de las mujeres" que, aunque no hayan conseguido todavía una igualdad efectiva y plena, han pasado de objetos a sujetos del derecho y de la sociedad.