21 millones de tarjetas prepago de móvil seguirán siendo anónimas

Los casi 21 millones de usuarios de telefonía móvil que tienen tarjetas de prepago seguirán siendo anónimos. El Gobierno ha suavizado la ley de conservación de datos de las comunicaciones electrónicas para que la obligatoriedad de identificar a los usuarios de tarjetas no tenga carácter retroactivo y sólo afecte a los clientes que las adquieran a partir de la entrada en vigor de la ley. De esta forma se atiende la petición de las compañías para reducir el coste de la normativa europea de control de comunicaciones contra el terrorismo.

Las compañías alegan que aplicar el control retroactivo costaría casi 100 millones

Tener un móvil y ser anónimo seguirá siendo compatible. El Gobierno ha suavizado su intención inicial de obligar a las compañías de telefonía móvil a identificar a todos sus clientes, incluyendo aquellos que tienen tarjetas de prepago. Estos últimos, al no firmar un contrato con la compañía, son anónimos y suponen casi la mitad de los 46 millones de líneas de telefonía móvil que hay en España.

El Ejecutivo ha introducido un artículo en el Proyecto de Ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y Redes Públicas para que esa obligación sólo afecte a los nuevos clientes con la entrada en vigor de la ley. Así, las compañías quedarán exentas de identificar a los 20,9 millones de línea de prepago que tienen ahora. Tampoco tendrán que dar datos los clientes de estas tarjetas cuando vayan a recargarlas.

"La obligación de inscripción a que se refiere el apartado anterior no es de aplicación a las tarjetas adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, incluso en los supuestos de recarga de las mismas", dice el artículo 8 de la disposición adicional única relativa a las tarjetas prepago.

Ese artículo, que no figuraba en el anteproyecto de ley del pasado septiembre, atiende las peticiones de las compañías de telefonía, que plantearon la dificultad y el coste de identificar a los actuales clientes de prepago. Las compañías se quejaban también de que no tenían un instrumento legal para cortar la línea a los abonados que no den sus datos. La intención inicial del Gobierno era dar un plazo de seis meses a las operadoras para que consiguieran los datos de los clientes y, de no hacerlo, obligarlas a cortarles el servicio.

El Ejecutivo ha optado por una adaptación suave de la directiva europea sobre Retención de Datos de Tráfico Telefónicos y de Comunicaciones Electrónicas, de febrero de 2006, para luchar contra el terrorismo y la delincuencia. Justicia e Industria, que han elaborado el proyecto, con la colaboración de Defensa e Interior, dan marcha atrás en su intención inicial de utilizar el modelo de Suiza, primer país que obligó a identificar a los abonados con carácter retroactivo.

La norma obliga a las compañías a llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes y la nacionalidad del dueño de la tarjeta o, en caso de empresas, la identificación fiscal. En realidad, no todos los abonados de prepago son completamente anónimos. Las compañías hacen campañas (descuentos, regalos...) para identificar de sus prepagos y se estima que guardan algún dato de cerca de seis millones de clientes.

Pero la norma no sólo afecta al móvil. Todas las compañías de comunicaciones -telefonía fija y móvil e Internet- deberán conservar durante un año datos para rastrear e identificar el origen de una comunicación. Entre esos datos figuran: número de teléfono, nombre y dirección del que llama y del destinatario; fecha y hora de comienzo y fin de la comunicación; dirección del protocolo de Internet; datos que permitan la identificación geográfica de la celda (área de telefonía celular) origen de la llamada y del destino, e identificación de los desvíos de llamadas.

En ningún caso se consignarán datos acerca del contenido de la conversación o comunicación (mensaje de texto o correo electrónico), ya que esta ley no tiene competencias sobre intervención de comunicaciones, que siguen estando sujetas a una orden judicial. Actualmente hay 40.000 teléfonos intervenidos. El proyecto mantiene la obligación de conservar los datos durante 12 meses pero introduce la posibilidad de ampliar o reducir ese plazo vía reglamentaria hasta un máximo de dos años y un mínimo de seis meses.

La norma amplía el número de "agentes facultados" para pedir la cesión de los datos, pero siempre "previa resolución judicial". Tendrán esa consideración las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando desempeñen funciones de policía judicial; el Centro Nacional de Inteligencia, así como la Dirección de Vigilancia Aduanera. Los operadores deberán facilitar los datos en 48 horas cuando estos tengan una antigüedad inferior a tres meses y en 72 horas cuando tengan sean más antiguos.

Las operadoras tendrán que costear las medidas. Sólo el registro de los datos y su almacenamiento informático tendrá un coste superior a los 20 millones. Además, será preciso contratar personal para atender a las peticiones de cesión de datos a los agentes facultados. Sí se ahorrarán la campaña de publicidad y otras medidas previstas, como envío de sms y cartas, para la identificación de sus actuales clientes de prepago, medidas que hubieran supuesto un gasto de cerca de 100 millones de euros.