1.821 de las 2.052 fosas comunes del franquismo están todavía por abrir

Emilio Silva Faba, fusilado por falangistas junto a otras 12 personas en 1936, fue el primero. Hace diez años, su nieto, Emilio Silva, recuperaba sus restos en Priaranza del Bierzo (Ponferrada), ayudado por un grupo de arqueólogos y forenses amigos. Fue la primera exhumación de una fosa del franquismo realizada con técnicas científicas. Desde entonces se han abierto otras 230 y rescatado los cuerpos de 5.277 víctimas de la represión franquista. Quedan, según el mapa elaborado por el Gobierno, al que ha tenido acceso EL PAÍS, otras 1.821 fosas por abrir con nadie sabe cuántos cuerpos. La cifra de desaparecidos supera los 100.000.

Aragón es la que más tiene, con 588, seguida de Andalucía (445), Asturias (318), Castilla y León (171) y Castilla-La Mancha (134). Solo las comunidades gobernadas o cogobernadas por socialistas han querido facilitar estos datos al Ejecutivo para señalar el mapa de la tragedia. Las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo han facilitado los datos del resto. Paradójicamente, advierten estos colectivos, a nivel local, muchos alcaldes del PP sí les han prestado ayuda.

La ley de memoria ha dado nacionalidad española a 93.344 personas

El Gobierno publicará este mapa en Internet "en fechas próximas". A Francisco Etxeberria, forense que ha abierto un centenar de fosas del franquismo desde el año 2000, le preocupa que la gente intente recuperar los restos por su cuenta, pues no está terminado todavía el protocolo de exhumaciones que debe regular a nivel estatal el procedimiento.

Etxeberria, que se sumó a la recuperación de restos de víctimas de la represión franquista desde el primer día, asegura, 10 años después, que la implicación de las autoridades es cada vez mayor, aunque falte todavía un escalón muy importante: el judicial. Al no estar judicializados los casos, los cientos de identificaciones realizadas en su laboratorio durante la última década no tienen valor oficial. Los informes que ha hecho tras estudiar las circunstancias de la muerte de las personas que ha ayudado a sacar de las cunetas podrían ser utilizados en un futuro como pruebas periciales. Etxeberria era, de hecho, uno de los peritos a los que el juez Baltasar Garzón acudió cuando abrió una causa contra los crímenes del franquismo.

El Gobierno concede subvenciones para actividades de recuperación de la memoria histórica desde el 2006, un año antes de la aprobación de la ley. A las exhumaciones ha destinado 5,9 millones de euros, un 29% del total de ayudas (19,4 millones). Para atender a los familiares el Ministerio de Justicia ha abierto una oficina específica que ha recibido cerca de 18.000 consultas desde 2008.

En aplicación de la ley de memoria, 93.444 personas, la mayoría residentes en Latinoamérica, han recuperado la nacionalidad española que sus padres y abuelos perdieron en su huida de Franco, en el exilio. El Gobierno repartió medio millón de folletos advirtiendo de esta posibilidad y ha recibido tantas solicitudes que ha tenido que reforzar en personal los consulados de Iberoamérica, donde se refugió la mayoría de exiliados. El plazo para presentarlas termina el 27 de diciembre. También han conseguido la nacionalidad española 20 miembros de las Brigadas Internacionales que lucharon en la Guerra Civil.

Familiares de víctimas, juristas, forenses e historiadores harán hoy en Ponferrada, donde todo empezó, un balance de los triunfos conseguidos y los retos pendientes.

Exhumación de la fosa Milagros (Burgos)