El 15-M mantiene su apoyo ciudadano

El Movimiento 15-M mantiene intacta la simpatía ciudadana, a pesar de episodios como los incidentes en la puerta del Parlamento de Cataluña. La mayoría de los ciudadanos, según la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS, no culpa a los indignados de esos incidentes, de los que sus promotores se han desvinculado.

A principios de junio, cuando el movimiento era solo una protesta incipiente y no se sabía siquiera cuánto duraría, el 66% la apoyaba; ahora, casi un mes después, el porcentaje de respaldo se mantiene en el 64%.

Esa corriente sostenida de simpatía sepulta la idea de que los incidentes vinculados al movimiento pudieran afectarle. Tampoco ha prendido la versión que pretendía tachar a los participantes de antisistema marginales.

El 79% cree que los indignados tienen razones para protestar y les apoya

Así, el 71% de los españoles (83% entre los votantes del PSOE y 54% entre los del PP) considera que el 15-M es un movimiento pacífico que pretende regenerar la democracia, frente a un reducido 17% que lo considera un movimiento radical, antisistema, que pretende sustituir el actual sistema por otro.

Ese respaldo ciudadano está sustentado en un amplísimo apoyo a las propuestas que se han hecho desde las asambleas del 15-M. Un 79% (hace un mes era el 81%) asegura que los llamados indignados tienen razón.

Desde los partidos mayoritarios no se han asumido las peticiones, pero sí se han hecho gestos de comprensión desde el PSOE, empezando por el propio vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, quizás alentado por la percepción de que los indignados están más cerca de la izquierda que de la derecha. El dato que avala esa intuición es que el 88% de los votantes del PSOE dice compartir las peticiones del movimiento.

Las dos peticiones más apoyadas (por el 89%) son que los delitos de corrupción no prescriban y que las grandes empresas no puedan hacer despidos colectivos mientras tengan beneficios. Las siguientes medidas más apoyadas tienen que ver con los bancos y se refieren a la posibilidad de que devuelvan el dinero público que han recibido para solventar su crisis; el establecimiento de la llamada dación hipotecaria, es decir, que se cancele la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda a la entidad bancaria; que se deje quebrar a los que tengan problemas, sin socorrerles; que las viviendas vacías se ofrezcan como alquileres a los jóvenes y que exista una banca pública.

En coherencia con esos porcentajes, un 68% apoya que haya mayor control público sobre la economía para defender los intereses colectivos.

Es apoyada por un 60% la petición de suprimir las ayudas públicas a la Iglesia católica, pero con una notable división entre los votantes del PSOE y los del PP, porque la mayoría de los electores populares rechaza este punto. Y no tiene apoyo mayoritario la petición de nacionalizar la banca.

Los indignados conservan también la imagen de movimiento transversal, no vinculado ni a la derecha ni a la izquierda, porque el 59% cree que no tiene adscripción partidista. No obstante, el 29% de los encuestados cree que están situados a la izquierda, mientras que solo el 2% los ve en la derecha.

La repercusión electoral del Movimiento 15-M será, según los encuestados, un incremento de los votos en blanco, de los nulos y de las opciones minoritarias, y se considera que los dos grandes partidos serán los más castigados por ese malestar ciudadano.

Los encuestados consideran, en una proporción de dos a uno, que la responsabilidad del malestar ciudadano es de los actuales líderes políticos y no de la forma en la que está organizada la democracia en España.