124 días para negociar... el desacuerdo

El contador del paro alarmaba cada mes con nuevos máximos. Los mercados fustigaban a España. Y los organismos internacionales, con la Unión Europea a la cabeza, reclamaban insistentemente reformas estructurales. Nada de eso logró alterar el apacible ritmo de negociación que han mantenido hasta esta misma semana el Gobierno, la patronal y los sindicatos para pactar una reforma laboral. Ajeno a las urgencias del momento, el Ministerio de Trabajo se prestó a un procedimiento dilatado y garantista, como si España viviera la época del milagro económico y la reforma laboral fuese un capricho académico.

Encerrado en esa burbuja, el Gobierno se situó como mediador entre la patronal y los sindicatos en lugar de tomar las riendas del proceso. Solo en la última fase se decidió a liderar las conversaciones. Pero al final, tras 124 días de negociación baldía, le ha tocado afrontar el proyecto en solitario.

Nadie entiende que Trabajo haya renunciado a marcar la agenda

Los agentes sociales se culpan entre sí del fracaso de las conversaciones

El Gobierno tiene que defender en solitario medidas impopulares

El documento final representa un esfuerzo de ponderación

La reforma laboral ha abandonado esta semana definitivamente la fase negociadora para entrar en la del decreto. Tras más de cuatro meses de conversaciones oficiales, y casi dos años de contactos oficiosos, el Gobierno ha puesto fin a un proceso en el que olvidó su labor ejecutiva para convertirse en juez de unos agentes sociales muy alejados en sus planteamientos. "El Gobierno no ha estado en ningún momento de mediador; ha sido la parte central, pero los agentes sociales pidieron tiempo para intentar desencallar una parte del proceso", se defendió el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, consciente de que la impresión predominante es más bien la contraria. Ni siquiera fuentes próximas al Ejecutivo entienden que Trabajo renunciase a marcar la agenda del proceso y que solo a última hora, en la agitada madrugada del 10 de junio que puso fin al diálogo social, desvelara unas cartas cruciales para el proceso. "No se pueden concretar unas medidas así la última noche", concluyen esas fuentes.

El decreto de reforma laboral verá la luz el próximo 16 de junio en un Consejo de Ministros extraordinario. Solo unas horas después, la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, exhibirá en Bruselas los resultados de este y otros ajustes para pasar el examen final que exige Europa ante la crisis fiscal. La imagen de Salgado desgranando ante sus socios europeos los detalles de una reforma que impondrá un cambio de rumbo en las relaciones laborales dista mucho de la que marcó el inicio de este proceso. Fue a finales de 2009, cuando el ministro de Trabajo accedió a demorar el inicio oficial del diálogo social para dar tiempo a empresarios y sindicatos a que sellaran su acuerdo de negociación colectiva. Aunque ese retraso supusiera invalidar las fechas que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, comprometió en diciembre ante el Congreso de los Diputados: una reforma laboral de calado para el primer trimestre del año.

"El Gobierno ha estado perdiendo el tiempo desde febrero

[cuando Zapatero inauguró formalmente el proceso]. Se ha limitado a hacer el papel de moderador", juzga Toni Ferrer, número dos de UGT. Esa valoración no le hace perder de vista que, aunque la estrategia negociadora del Ejecutivo ha podido entorpecer, la responsabilidad final recae en otra parte: "Quien realmente no ha querido negociar ha sido la patronal. No ha accedido a nada". Suscribe este diagnóstico Fernando Lezcano, responsable de Comunicación de Comisiones Obreras: "El Ejecutivo solo adoptó un papel protagonista al final, cuando ya estábamos en fase de descuento. Pero la verdadera responsabilidad del fracaso fue el maximalismo de los empresarios".

Lejos de esta visión, CEOE achaca a la falta de responsabilidad del Gobierno y al "inmovilismo sindical" el fin abrupto de un proceso llamado a consensuar la reforma laboral más importante que ha acometido España. Esta organización emitió ayer un comunicado en el que se desmarca de lo aprobado por el Gobierno en solitario. "No es lo profunda que necesita la economía española. No contribuirá a la creación de empleo", rezaban las palabras de la patronal.

También los sindicatos recelan de las medidas que ya se negocian con los grupos parlamentarios para intentar garantizar la convalidación del decreto, aunque esperan hacer una lectura más reposada del documento entregado a toda prisa el pasado viernes. Al final, el Gobierno se queda en solitario con medidas que resultarán impopulares para los trabajadores e insuficientes para los empresarios.

El desenlace supone un duro golpe para un Ejecutivo que hizo bandera del diálogo social y se ha topado con dos fracasos en menos de un año. Más allá de que las exigencias de la patronal han forzado en ambos casos el fin de las conversaciones, la bicefalia del Gobierno tampoco ha allanado el camino. Aunque Trabajo figuraba como interlocutor oficial, el Ministerio de Economía ha inspirado todo el proceso, con medidas más aproximadas a las tesis liberalizadoras del mercado laboral que finalmente han prosperado. Y ello a pesar de que el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha renunciado a implicarse -al menos con su presencia física- en las reuniones. Su papel como negociador estaba excesivamente marcado tras haber formado parte, antes de incorporarse al Gobierno, del grupo de los 100 economistas que defienden la existencia de un contrato único con despido más barato para agilizar el mercado laboral. Como apoyo -también como contrapeso de Trabajo- han actuado esta vez los representantes de La Moncloa. El resultado: un documento que oficialmente disgusta a los agentes sociales pero que representa un esfuerzo de ponderación para intentar corregir las disfunciones del mercado laboral. Ahora resta que la recuperación abone el terreno para crear empleo, el verdadero reto de la economía española.