El cementerio nuclear pasa factura

Hoy, 10 de abril, se cumplen los 100 primeros días del año. No se celebra ninguna onomástica especial ni se trata de una fecha histórica, y no tendría nada de extraordinario si no fuera porque, desde el 1 de enero, España está pagando 64.900 euros diarios a Francia por el almacenamiento de residuos nucleares de alta intensidad. Es decir, hoy la cifra acumulada que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), que es la encargada de gestionar el almacenamiento en España y de construir el futuro almacén temporal centralizado (ATC), debe satisfacer a la francesa Areva por mantenerlos en sus depósitos alcanza los 6.490.000 euros. Y mientras, la caja de Areva suma y sigue cada día.

España tiene el compromiso de construir el citado ATC para trasladar esos residuos que se llevaron a Francia tras cerrarse la central nuclear de Vandellòs I en 1989. Según el 6º Plan General de Residuos Radiactivos, de 23 de junio de 2006, "el ATC debería estar operativo en torno a 2010, porque en esa fecha España ha de hacerse cargo de residuos radiactivos procedentes del reprocesamiento en Francia de combustible gastado y se produce la saturación de las piscinas de almacenamiento de las centrales nucleares españolas". Entonces se creó una comisión interministerial para velar por que el proceso sobre el emplazamiento fuera respetuoso "con los principios de publicidad, concurrencia y transparencia".

El periodo estipulado por contrato para trasladar los residuos de Francia a España es de cinco años, lo que significa que el pago total puede ascender a más de 118 millones de euros, sin contar alguna otra penalización, que también está contemplada en contrato. La construcción del cementerio nuclear lleva en torno a tres años, por lo que cuanto antes se inicien las obras, antes se dejará de pagar. Además, si el cementerio nuclear se comienza, Enresa estará en condiciones de negociar con Areva una rebaja en la penalización con el acuerdo claro de adelantar el traslado.

La construcción supone una inversión de cerca de 900 millones de euros y daría empleo a 350 personas de forma directa. Enresa cuenta con un fondo de más de 2.900 millones de euros que ha ido acopiando por el canon impuesto a las eléctricas. Tanto la multa como la inversión corren a cargo de Enresa y, por tanto, no computa en los Presupuestos del Estado, lo que puede explicar la actitud actual de mirar a otro lado del Ejecutivo.

El caso es que la comisión interministerial hizo su trabajo y, el pasado septiembre, el Consejo de Ministros recibió del ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, el informe correspondiente con los análisis técnicos de los ocho emplazamientos seleccionados de las localidades -Albalá (Cáceres), Villar de Cañas (Cuenca), Yebra (Guadalajara), Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona), Congosto de Valdavia (Palencia) y Santervás de Campos y Melgar de Arriba (Valladolid)- que habían mostrado interés por tener el ATC. Pero el Gobierno decidió aparcarlo por razones políticas, básicamente la polémica que se generó en algunas de las poblaciones y el impacto que podía tener en las elecciones catalanas, que se celebraban poco tiempo después, a finales de noviembre, ya que una de las opciones con más posibilidades era Ascó, donde ya existen dos grupos nucleares.

Ahora el retraso de la decisión vuelve a calentar los asientos del Gobierno. El ministro Sebastián dejó la pelota en el tejado de la vicepresidencia primera y Ministerio de la Presidencia cuando los ocupaba María Teresa Fernández de la Vega. Parecía que, una vez superada la fecha electoral catalana, el Ejecutivo, que además había cambiado alguno de sus componentes, iba a ponerse manos a la obra para aprobar el inicio de la construcción del ATC antes de que finalizara el año para evitar la citada penalización.

Pero se ha vuelto a entrar en otro periodo electoral, esta vez de mayor dimensión. No parece además que el horno esté para demasiados bollos después del accidente nuclear japonés tras el maremoto, aunque algunos expertos creen que precisamente el accidente de Fukushima pone en evidencia que un almacenamiento en seco es mucho más seguro que las piscinas.