Suenan las alarmas en el campo español

Fuertes recortes de producciones; precios a la baja; ventas a resultas (sin precio pactado y sin garantía de cobro) si se trata de cooperativas; incremento de los precios de los medios de producción del 34,3% desde 2003; resultados negativos de explotación con caída de rentas del 26% en el mismo periodo, que sólo se compensan parcialmente tirando de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) allí donde existen; caída de los precios de la tierra por primera vez en quince años; pérdida de 124.00 empleos desde 2005; abandono de explotaciones agrarias y cierres de las ganaderas extensivas; desmantelamiento del sector y, sobre todo, del medio rural con nula incorporación de jóvenes; reformas de la PAC que no aseguran el futuro de la actividad agraria en los países miembros, y falta de una política agraria definida desde la Administración española.

Desde 2003, la renta ha caído el 26%, y el coste de producción ha subido el 34,3%

Éstas son algunas de las notas que conforman la actual situación del sector desde la perspectiva de las organizaciones agrarias y por lo que el campo parará el 20 de noviembre y se movilizará la jornada siguiente en Madrid.

Desde la Administración, la mirada es otra. La ministra Elena Espinosa destacaba recientemente en el Congreso de los Diputados la eficacia de las medidas estructurales aplicadas por el Gobierno para apoyar al sector y destacaba la fortaleza, competitividad y vocación de futuro de agricultores y ganaderos. Para el sector, la ministra, como siempre, debía de estar pensando o hablando de otro país.

Uno de los objetivos en política agraria de la Administración socialista para esta legislatura era superar una producción final agraria por encima de los 50.000 millones de euros. La campaña pasada se rebasaron por primera vez los 42.000 millones de euros. Sin embargo, la situación se halla hoy muy alejada de las previsiones, no solamente por la caída de las producciones, que puede ser coyuntural debido a circunstancias climatológicas, sino por la volatilidad de los mercados, el hundimiento de las cotizaciones o la falta de mecanismos de regulación. Las previsiones apuntan a una fuerte caída de la renta agraria. La subvención comunitaria, que suponía una media superior al 25%, elevará su participación esta campaña.

En materia de cosechas, ha sido, en líneas generales, un año negro por las condiciones climatológicas. Las producciones de cereal han registrado caídas medias del 30%. Hubo recortes en la producción de girasol, de la patata, del 10% en vino, de las frutas de hueso, por citar algunas de las más significativas. La producción de leche fue un 4,2% inferior, con una cuota que ya es un 30% más baja que la demanda interior, mientras el número de explotaciones se acerca a las 23.000, frente a las 120.000 de hace una década. Se mantiene la caída en la producción de vacuno entre un 10% y un 15%, y sigue el deterioro en la cabaña de ovino, con caída de censos de 24 a 20 millones de cabezas en cinco años y de 140.000 a 118.000 explotaciones. Hay además una serie de cultivos que ofrecían una alta rentabilidad y empleo -tabaco, algodón o remolacha-, cuyas superficies se han reducido a la mitad como consecuencia de las reformas comunitarias.

En precios, la situación que soporta el sector es igualmente de deterioro, con la casi única excepción de la ligera subida de las cotizaciones en el aceite de oliva tras un largo periodo a la baja. Se han hundido las cotizaciones de los cereales hasta menos de 11-12 céntimos de euro por kilo en cebadas. En el girasol se han pagado precios de 21 céntimos el kilo. Se hundieron igualmente los precios de la patata, así como de las frutas de hueso y del conjunto de los cítricos, y siguió la caída de los precios de la uva ante una situación de excedentes en las bodegas. En las producciones de herbáceos, caso de la cebada, cosechas con menos de 2.000 kilos han arrojado unas pérdidas cercanas a los 100 euros por hectárea que sólo se compensa con la ayuda comunitaria. Sembrar es cultivar pérdidas.

En el caso de las producciones ganaderas, la mayor crisis de precios es la que ha soportado la leche, muy especialmente la de vaca, mientras el resto de las producciones han soportado oscilaciones al alta y a la baja.

Esta situación de bajas producciones y precios, según las organizaciones agrarias, no se está reflejando como debería en los precios al consumo, sobre todo por la presión de la gran distribución. A la hora de defender los precios en el campo, a la falta de mecanismos comunitarios se suma un sector agrario carente de instrumentos para la gestión de los mercados. No hay una vertebración del sector y no funcionan las cooperativas para aglutinar la oferta. Los agricultores pagan más por producir y vender sin precio. No hay organizaciones interprofesionales que vertebren el campo con capacidad para llegar a acuerdos con los industriales o con la distribución defendiendo sus costes de producción.

Ante la futura Ley de Desarrollo Sostenible, la Administración agraria ha propuesto un impulso al peso de las organizaciones interprofesionales para vertebrar el campo como instrumento para defender sus rentas. Pero frente a esta iniciativa, Competencia, acto seguido, se aplicó en imponer multas a varias interprofesionales por supuesto pacto de precios en medio del silencio de la Administración agraria. -