"Para el Ejército es más importante un desmovilizado que una baja"

Frank Pearl cambió hace casi tres años su campo de actividad: de prestigioso gerente de varias empresas pasó a dirigir uno de los programas más ambiciosos del Gobierno de Colombia: la reintegración a la vida civil de los casi 50.000 paramilitares y guerrilleros que han dejado las armas acogidos a la Ley de Justicia y Paz, que les exige confesar sus crímenes y reparar a las víctimas a cambio de beneficios judiciales. Hace un mes, Álvaro Uribe nombró a este economista bogotano de 46 años Alto Comisionado para la Paz, gesto que algunos analistas interpretan como un deseo del presidente de impulsar un eventual acercamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cada vez más acorraladas militarmente. Pero Pearl, de visita en Madrid, opta por mantener una reserva absoluta sobre este tema "en estos momentos delicados".

Pregunta. Los sectores críticos con Uribe dicen que el Gobierno no reconoce la existencia de un "conflicto armado interno" y que no hay una política de paz.

Respuesta. La política de Seguridad Democrática del Gobierno es una política integral, con tres ejes: proteger a los ciudadanos y restablecer la seguridad desde la democracia; crear confianza para que haya inversión y oportunidades de desarrollo, y lograr una mayor cohesión social. Y el proceso de reintegración de los más de 50.000 desmovilizados desde 2002 es una muestra de eso.

P. ¿Cuál es el balance de ese proceso?

R. En estos momentos estamos atendiendo a 34.000 desmovilizados con sus familiares. Son colombianos muy jóvenes, con una edad media de 25 años, de bajo nivel educativo (el 39% son analfabetos cuando se desmovilizan). Les brindamos educación, salud y formación profesional. El objetivo es que cumplan con la justicia, que vuelvan a sus casas y que puedan desarrollar sus capacidades para valerse por sí mismos. Es un proyecto social que ha llevado a un país menos violento.

P. Al programa, creado con la desmovilización de las Autodefensas en 2006, se van uniendo cada vez más guerrilleros.

R. Hoy atendemos a 24.000 ex paras y 10.000 guerrilleros. Los programas son los mismos para todos. Trabajamos en los 90 municipios más violentos de Colombia, donde los paramilitares o las FARC estuvieron durante décadas, con masacres, desaparecidos, secuestrados... Y ponemos en la misma mesa a un ex paramilitar al lado de la víctima, al lado del ex guerrillero, y a través de procesos de formación ciudadana, esas comunidades empiezan a reconstituirse. Hay proyectos (escuelas, mercados, parques) que los desmovilizados construyen para sus vecinos. El objetivo es generar confianza, seguridad, inversión del sector privado y diálogo para dirimir diferencias. Eso son políticas integrales. ¿Y sabe qué pasa? Que cada mes se están saliendo 300 guerrilleros de las FARC. Esto ya está funcionando.

P. Ha habido quejas por las dificultades a la hora de aplicar los programas a nivel local.

R. Hace dos años no teníamos mucha capacidad de ejecución, y había dificultades en los pagos y en el acceso a los servicios. Aún hay fallos enormes, pero hemos logrado organizar una buena infraestructura. Tenemos el 94% de cobertura en salud y pleno acceso a la educación y a la formación profesional. La reintegración ya es una política de Estado, incluida en los planes de desarrollo de 16 departamentos y 106 municipios. Lo que pasa es que hay filtros estrictos. Los desmovilizados no pueden pensar que, a pesar de haber hecho daño, van a tener todo gratis, por encima de las víctimas que esperan ser reparadas o de los colombianos que viven en la pobreza. El Gobierno y la sociedad tienen que ser generosos, pero tiene que haber condiciones.

P. Al principio, algunas ONG auguraron que la Ley de Justicia y Paz sería la ley de la impunidad.

R. Y la realidad ha mostrado lo contrario. Sin dar nombres, hay países europeos que medio siglo después de una guerra están comenzando a descubrir la verdad. Nosotros llevamos menos de tres años y ya hay 22.000 hechos conocidos (de ellos, 6.800 que han sido confesados), y 210.000 víctimas que han sido registradas para ser resarcidas (y que en 2001 eran invisibles). Tenemos un reto: lograr un balance entre la justicia y la paz, y eso no es fácil. Tiene que haber suficientes incentivos para que la gente salga de los grupos armados, pero no se puede lograr la paz con impunidad. Colombia es el primer país del mundo que obliga a los criminales a reparar a las víctimas con sus bienes. Hay 115 millones de dólares en el fondo de reparación: aún insuficiente, de acuerdo, pero ya está el mecanismo. Un total de 554 mandos paramilitares están en procesos judiciales. Estamos orgullosos del esquema, en el entendido de que estamos empezando.

P. La evaluación del Centro de Toledo para la Paz señala que la envergadura de este proceso sobrepasa a las instituciones de justicia y sobrecarga a la fiscalía.

R. Teníamos la opción de haber hecho una Ley de Justicia y Paz de acuerdo a las capacidades limitadas de las instituciones, que no habría posibilitado la reparación de las víctimas. Pero el Gobierno fue muy ambicioso, y planteó una ley que exige que las instituciones cambien: la justicia, la reparación, la atención integral son procesos muy complejos. El Gobierno ha apoyado a la fiscalía con presupuesto adicional, pero fortalecer una institución toma años.

P. Algunos desmovilizados han acabado en las llamadas "bandas emergentes".

R. De los integrantes de las bandas criminales (2.400 identificados por la policía), el 13% son desmovilizados. En estos procesos de desmovilización es inevitable que un porcentaje vuelva a delinquir. Normalmente, hasta el 15% o 20%. En los municipios donde hay narcotráfico, nuestro trabajo es muy difícil. Tenemos incluso que proteger a los desmovilizados, porque tratan de reclutarlos bajo amenazas. Son bandas delictivas dedicadas al narcotráfico, sin sesgo político: es más, están aliados con la guerrilla.

P. ¿Cómo ha afectado el escándalo de los falsos positivos ejecuciones extrajudiciales] a la Seguridad Democrática?

R. El Gobierno cogió la sartén por el mango y tomó una decisión muy dura: destituir a 22 oficiales, entre ellos varios generales. El mensaje es que esto es inadmisible. Y esas cosas, obviamente, afectan la imagen de una institución que es la más respetada del país. La lección está clara: las fuerzas de seguridad tienen que respetar en todo momento el derecho internacional humanitario. Hoy, para el Ejército, es más importante tener un desmovilizado que una baja. Los principales promotores de las desmovilizaciones son las Fuerzas Armadas. Las 300 personas que recibo cada mes llegan gracias a los contactos que hacen con la Fuerza Pública. Eso es un logro importantísimo.