Un alcalde en la clandestinidad
El líder opositor venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupción, se oculta "en un sitio seguro".-Su defensa dice que sólo busca un "juicio justo"
El líder opositor Manuel Rosales está en Venezuela, pero está escondido. Ése ha sido el mensaje ofrecido ayer por los partidos de la oposición para rechazar la versión del Gobierno, que asegura que Rosales —alcalde de Maracaibo, ex gobernador del Estado de Zulia y ex candidato presidencial— se ha ido del país para evitar el juicio que se sigue en su contra por presunta corrupción. "Manuel Rosales se encuentra en el Estado de Zulia, en un sitio seguro", afirmó ayer Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo, que añadió que "no se va a entregar sin que haya un juicio justo".
Según la defensa del alcalde, en este momento "no hay manera de hacer valer los derechos de Manuel Rosales", pues los tribunales se han negado a brindar información a sus abogados acerca del contenido del expediente abierto en su contra. Por lo tanto, sostiene Barboza, "su situación es la de un perseguido político".
Sin embargo, aun en la clandestinidad, Rosales planea seguir ejerciendo el cargo de alcalde la ciudad de Maracaibo, capital del petrolero Estado de Zulia: "Para ser alcalde", añadió Barboza, "no tiene que estar sentado en una silla". De este modo, la oposición pretende evitar que, con el argumento de la fuga, el oficialismo convoque nuevas elecciones para recuperar el control político del municipio que, hasta el 23 de noviembre pasado, era gobernado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
En declaraciones ofrecidas el lunes a la televisión del Estado, el diputado oficialista Carlos Escarrá aseguró que "el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, se fugó del país vía Panamá y hacia un rumbo desconocido, que no se ha podido precisar en estos momentos". La teoría de Escarrá era que Rosales había huido a través de la frontera de Zulia con Colombia, y que de allí buscaría nuevos destinos.
El proceso contra Rosales se activó a finales de octubre de 2008 cuando, en medio de la campaña por las elecciones regionales de noviembre, el presidente Hugo Chávez anunció su intención de encarcelar a Rosales: "Estoy decidido a meter preso a Manuel Rosales. Él está tratando de matarme. Yo no voy a matarlo. Yo no mato a nadie. Pero sí soy jefe de Estado", dijo en aquella oportunidad. A partir de ese momento, Rosales fue investigado por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional y por la Contraloría General de la República (Tribunal de Cuentas), por casos de presunta corrupción. El 11 de diciembre, la Fiscalía General lo acusó formalmente por los cargos de enriquecimiento ilícito y tres meses más tarde pidió a los tribunales que emitieran una orden de detención en su contra.
Desde entonces, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar han estado siguiendo los pasos de Rosales, aun antes de que la orden de detención salga del juzgado. La persecución policial se ha agudizado desde el pasado miércoles, cuando decenas de uniformados rodearon la sede del canal privado de noticias Globovisión, donde el alcalde se encontraba ofreciendo una entrevista. Detuvieron varios vehículos, pero no dieron con el que transportaba al alcalde. "Lo están persiguiendo sin orden, ¿quién lo está persiguiendo y con qué objetivo?", se pregunta Omar Barboza.
Otra de las irregularidades que denuncia la defensa es que Rosales no será juzgado por sus jueces naturales. A solicitud del Ministerio Público y para evitar "alteraciones del orden público", el juicio contra Rosales fue trasladado la semana pasada de los tribunales de Maracaibo a los de Caracas. Y hasta el momento, la nueva juez encargada del caso no ha fijado la fecha de la primera audiencia, en la que corresponde a la defensa presentar sus descargos.
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