El empresario Durán, último condenado a cuatro años por el 'caso del maletín'

El empresario venezolano Franklin Durán fue condenado en un tribunal de Miami a cuatro años de cárcel y tres de libertad vigilada, así como 175.000 dólares de multa por conspirar y actuar como agente extranjero sin permiso de Estados Unidos. Durán fue el único de los cuatro acusados que no se declaró culpable de presionar a su amigo Guido Antonini para ocultar el origen y el destino de los 800.000 dólares que le incautaron en un maletín a su llegada a Buenos Aires en un vuelo desde Caracas el 4 de agosto de 2007. La juez Joan Lenard, tras una jornada maratoniana, redujo sensiblemente la condena, que podría haber llegado a los 15 años de prisión.

Terminó así, al menos en una primera instancia judicial, la larga telenovela de espías que se inició hace más de 16 meses en la aduana argentina, bautizada como el caso del Valijagate. Antonini, alias El Gordo, regresó a Miami, donde ya residía, y empezó a colaborar con las autoridades al ser acosado por el grupo.

Según la fiscalía, la cantidad de dinero incautada iba destinada a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández, ganadora poco después de las elecciones. Antonini declaró ante el tribunal que en el mismo avión fletado desde Caracas por Petróleos de Venezuela (PDVSA) iba otro maletín con más de cuatro millones de dólares, cerca de tres millones de euros. Los gobiernos de Argentina y Venezuela han negado todo.

Durán, junto a otros dos venezolanos, el también empresario Carlos Kauffman y el abogado Moisés Maionica, así como el uruguayo Rodolfo Wanseele, que trabajaba en una empresa de importación-exportación, fueron detenidos en diciembre de 2007 acusados de ser agentes del gobierno de Caracas. Sólo escapó, y sigue en busca y captura, un quinto implicado en la trama, Antonio José Canchica, agente de la Disip, el servicio de inteligencia venezolano. El FBI, con la ayuda de Antonini, grabó numerosas conversaciones en las que quedaron en clara evidencia todos los acusados.

Durante los primeros meses de 2008 se fueron declarando culpables Maionica, Kauffmann y Wanseele para así rebajar su pena y no exponerse a los 15 años de cárcel en un juicio. Pero Durán no quiso. Las vistas de los tres primeros fueron en diciembre y Kauffmann incluso está ya en libertad desde enero de este año pues fue condenado a 15 meses de cárcel y ya llevaba 13 en prisión. Maionica, el primero que dio el paso al saber mejor que nadie a lo que se exponía, podría salir en junio tras recibir dos años de sentencia. Lo hará, en cualquier caso, antes que Wanseele, condenado una pena mayor, dos años y 10 meses por su "relación directa" con la Disip, según justificó en su momento Lenard. Pero resulta significativo que él sólo era el chófer en los encuentros, el menos importante del grupo y el más modesto, que ni siquiera pudo pagarse un abogado. Sólo le defendió uno de oficio.

Dilatación

Durán, multimillonario con empresas intermediarias de PDVSA, antiguo compañero de carreras de automóviles con Antonini y con quien tiene abiertos también una serie de juicios paralelos por reclamaciones económicas, ha tratado de dilatar en el tiempo el proceso y complicarlo a través de su abogado Edward Shohat, un conocido profesional experto en defender empresarios y narcotraficantes con graves problemas. En gran parte lo ha conseguido. Aunque tras siete días de deliberaciones, un jurado declaró culpable a Durán en noviembre de 2008, el 12 de enero pasado, Shohat consiguió ya aplazar la sentencia dos meses planteando múltiples objeciones. Pidió que la pena se rebajase a tres años, argumentando incluso que su cliente es una persona "decente y humanitaria". Acompañó sus alegaciones con cartas de amigos y hasta de un arzobispo venezolano. El pasado día 6 la juez Lenard le denegó separar la última vista en dos, con la presentación de 36 objeciones por un lado y la sentencia por otro. Finalmente, ayer, en una maratoniana sesión, se saldó todo.

Ante hechos tan diáfanos como los del Valijagate, con pruebas contundentes, el vencedor, aunque por menos años de los pedidos, ha sido la "estrella" jurídica contraria en este caso, el fiscal federal Thomas Mulvihill, que ha logrado enviar a prisión durante su carrera a personajes influyentes. Esta vez no tuvo dudas al denunciar la financiación ilegal de la campaña de la actual presidenta de Argentina, cuyo enfado, que la llevó a acusar incluso de intervencionismo a Estados Unidos, pudo ser comparable al de Fidel Castro en 1988 cuando el mismo Mulvihill declaró que Cuba cobraba dinero del narcotráfico para permitir que su país fuera escala de los cargamentos de droga hacia Estados Unidos. También se grabaron conversaciones comprometedoras.