La guerra de los coches usados

Ser o no ser. Ser o no país depósito de chatarra y desechos del primer mundo: ésa es la cuestión de fondo del más reciente conflicto internacional surgido tras la prohibición del Gobierno de Bolivia de importar vehículos de segunda mano con más de cinco años de antigüedad.

El Ejecutivo de Evo Morales decretó a comienzos del pasado diciembre la restricción a la importación de vehículos con más de cinco años de antigüedad para proteger el medio ambiente, regular el consumo de carburantes y equilibrar el accidentado tráfico motorizado en las principales ciudades bolivianas.

La reacción se tradujo en protestas de los sectores afectados, pero también en amenazas de los gremios sindicalizados bolivianos contra los camioneros chilenos que insisten en depositar la carga contratada en territorio boliviano.

El decreto gubernamental, sin embargo, es fatal para la próspera industria que desde 2005 se ha levantado alrededor de la compraventa de automotores de segunda mano en las zonas francas chilenas de Iquique y Arica, así como en otras cuatro creadas en Bolivia a estos efectos.

La zona franca de Iquique ha informado de que la venta de autos usados de Chile a Bolivia representó en 2008 un monto de 920 millones de dólares, cifra que no pudo ser confirmada desde Cochabamba en la Unidad de Estadísticas de la Aduana boliviana sin previa autorización de la presidencia ejecutiva.

Cerca de 130 empresas atienden la demanda de los usuarios bolivianos y tienen pendiente de entrega alrededor de 13.000 vehículos, además de otros 1.000 que se encuentran en la frontera sin posibilidad de paso hacia territorio boliviano.

El gerente general de la zona franca chilena, Eugenio Cortés, aseguró en declaraciones reproducidas por medios locales que la medida del Gobierno boliviano "es lapidaria" para las empresas chilenas que exportan autos usados a Bolivia provenientes de Estados Unidos, Suecia, Japón y otros países asiáticos.

"La gente está desesperada", declaró el presidente de la asociación de camiones de transporte pesado, el chileno Juan Arraya, al llegar a la frontera entre ambos países para apoyar las protestas de los camioneros chilenos afectados por el decreto boliviano, que deja en el aire el futuro de al menos 14.000 vehículos. Las protestas se disolvieron a causa del frío que se registra en esa zona todo el año.

"Éste es un problema de ignorancia, pues este decreto es producto de una mala coordinación del viceministerio de Política Tributaria, que tiene nuevo personal y desconoce totalmente lo que pasa en las zonas francas", se queja el atribulado representante de los talleres de mecánica de la zona franca industrial de Cochabamba, Juan de Dios Peredo, ex miembro del Comité Ejecutivo de las cinco zonas francas industriales de Bolivia. Estos talleres transforman los coches, por ejemplo, cambiando el volante y los pedales de la derecha a la izquierda; también suelen modificar la fuente de combustible de diésel o gasolina a gas natural, pero la restauración aparentemente no es suficiente, dado el índice de siniestros en las carreteras, con un alto coste de vidas humanas, según se refleja en los medios de comunicación.

Peredo explica que la ley de creación de las zonas francas industriales, promulgada en 2005, durante el Gobierno de Carlos Mesa, ha permitido establecer talleres mecánicos para poner "como nuevos" los vehículos usados que salieron al mercado hace 10 años y que llegan de puertos chilenos en respuesta a la demanda de cientos de pequeños importadores. Así, con precios módicos, están al alcance de ciudadanos que, de otro modo, jamás podrían soñar con tener un coche propio para usarlo en el transporte público de pasajeros.

"Solamente en Cochabamba hay 3.500 talleres e importadores, y se han hecho, como en el resto del país, importantes inversiones para traer tecnología" para automotores, tanto ligeros como pesados.

Los puestos de trabajo llegan a 12.000 en el país. El promedio de venta diaria es de unos 200 vehículos ?por ejemplo, en Cochabamba, una de las más grandes zonas francas después de La Paz?, con precios que oscilan entre los 3.000 y 12.000 dólares, "con los papeles al día y los impuestos pagados".

"En realidad, es un problema complejo, con muchas aristas, por los componentes social y financiero involucrados, pero lo cierto es que nos están llenando de chatarra que nos va a salir muy cara por la contaminación que está produciendo", señala el economista Eduardo Michel al recordar que existe una impresionante fuga de divisas.

Chile no desea quedarse con estos vehículos de segunda mano. Su legislación no lo permite y de ahí la intervención directa de la presidenta del país vecino, Michelle Bachelet, para convencer a su homólogo boliviano para que revise y adecue a la situación el mencionado decreto. Con ese objetivo viajará una delegación chilena a Bolivia, aunque la Cancillería boliviana ya ha adelantado que oirá a sus interlocutores, pero no cambiará la medida, porque, asegura, está en juego el medio ambiente, el abastecimiento de carburantes y la dignidad de los bolivianos.

"Los decretos no se discuten, se acatan", dijo el ministro del Interior, Alfredo Rada, al advertir que no se permitirán bloqueos ni obstáculos al libre tránsito fronterizo.