"Si hay un nuevo poder en Ecuador, es el de la Constitución"

Patricio Pazmiño Freire (Quito, 1957), presidente del Tribunal Constitucional de Ecuador, no oculta su contento por el refrendo masivo a la nueva Carta Magna, aprobada el pasado domingo con el 64% de los votos. Jurista y docente, rebate una por una todas las objeciones de los críticos. La nueva Constitución es un marco constructor del país, advierte, no un cheque en blanco en manos del presidente, Rafael Correa. Pazmiño visitó España la semana pasada y conversó telefónicamente con EL PAÍS desde Valencia, donde pronunció una conferencia.

Pregunta. La nueva Constitución ha sido tildada de presidencialista, estatalista o centralista. ¿Cómo la definiría usted?

Respuesta. En el ámbito de las nuevas competencias que se otorgan a los distintos poderes del Estado, hay una reformulación del modelo de Estado, desde un Estado de legalidad hacia un Estado de constitucionalidad efectiva. Este nuevo modelo subordina y somete todos los poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, a los principios constitucionales. Si hay un nuevo poder en Ecuador, un megapoder, es el de la Constitución.

P. Pero no es la primera del país. ¿Por qué Ecuador es hoy una nación más constitucional que antes?

R. Antes de la Constitución del 98, se declaraba y reconocía la vigencia y la supremacía de la Constitución sobre la ley en la parte dogmática, declarativa, de los derechos; por eso se quedaron muchas veces en papel mojado. Hoy se crea una institución que va a garantizar esos derechos, la Corte Constitucional se transforma en un instrumento con competencias para hacerlos efectivos. Ése es el cambio fundamental.

P. El presidente Correa pretende acometer una "refundación" del país. ¿Qué herramientas ofrece la nueva Constitución para ello?

R. Es importante destacar que hay una apertura del Estado hacia los sectores ciudadanos y sociales, a los individuos.

P. ¿También a los emigrantes o a las comunidades indígenas, por ejemplo?

R. A cualquier persona, individual o colectivamente. Cualquiera podrá demandar la acción de cumplimiento cuando no se cumpla una norma. Este modelo donde la ciudadanía pueda ejercer más activamente sus derechos es una de las características de la nueva Constitución.

P. Los críticos no señalan precisamente esas facilidades, sino todos los poderes que la Carta Magna da al presidente.

R. Los poderes políticos tradicionales pierden ciertas competencias que tenían; por ejemplo, la designación de funcionarios por parte del Congreso Nacional. Eso ya no se contempla, y se crea un órgano de selección con participación ciudadana, con veedurías públicas y concursos de méritos para seleccionar a los más altos funcionarios del Estado. Hay realmente una apertura a la participación y el escrutinio público.

Diálogo nacional

P. ¿Cuál va a ser el siguiente paso en el proceso de refundación del país?

R. Tras el fragor de la batalla electoral, es indispensable encontrar mecanismos de diálogo nacional, porque un proyecto de Constitución es un proyecto de vida en común. Es fundamental que todos los actores sociales pongamos lo que está en nuestras manos para sacar adelante una Constitución no a favor de un determinado Gobierno, sino para los ciudadanos en general.

P. ¿Pero el diálogo nacional no tendría que haber sido previo? Se ha criticado la rapidez del proceso de redacción del documento... ¿O se refiere usted al diálogo con la oposición de Guayaquil, donde ganó el no?

R. Bueno, creo que fue pública y notoria la participación extensiva y extenuante de los actores públicos y privados en la Asamblea [Constituyente], eso incluso provocó un momento de apremio para las decisiones finales. Y en un proceso electoral se generan confrontaciones tal vez innecesarias tratándose de temas trascendentales para el país. Cuando se calmen las aguas, hay que sentarse a conversar, a dialogar, y encontrar consensos donde los haya, para impulsar acuerdos mayoritarios.

P. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ha subrayado que hay que encajar el no en la mayoría del sí. ¿Habla usted de diálogo también en ese sentido?

R. Me parece que por primera vez en el país se hace una lectura parcial de un proceso político electoral, y eso puede resultar no equitativo. Efectivamente, Guayaquil es una ciudad importante, pero los resultados están ahí y las autoridades que surjan del proceso electoral tendrán el pleno derecho de impulsar el proceso de desarrollo más conveniente, pero en el marco nacional, porque las elecciones no son regionales, sino nacionales, y los resultados reflejan eso.

P. ¿Es probable una reacción a la boliviana en Guayaquil?

R. Personalmente, como docente y como analista, no veo que haya ninguna posibilidad material u objetiva, y tampoco en el discurso político subjetivo, para buscar una secesión del país. La provincia del Guayas depende exclusivamente de los recursos del Estado, tiene recursos propios muy limitados y no maneja petróleo ni gas, como otras provincias. Entiendo que va a haber una disputa por la descentralización, pero rechazando todo proyecto secesionista. Eso es bueno para la democracia y para el país.

P. El Ejecutivo dispondrá de competencias para fijar la política económica, incluida la bancaria. ¿A qué se reduce el papel del Banco Central?

R. La estrategia marcada en el texto es recuperar competencias del Estado en temas como la planificación, algo que estuvo olvidado durante los últimos 10 o 20 años, para tratar de orientar de mejor manera el gasto. Por tanto, es una recuperación de la planificación.

P. A las comunidades indígenas se les permitirá conformar circunscripciones territoriales con competencias de Gobierno autónomo. ¿Esto abre de hecho la puerta a la descentralización?

R. Bueno, esto desarrolla un concepto que ya estuvo en la Constitución del 98. Establece la posibilidad de formar mancomunidades con pueblos y comunidades geográficamente articulados, pero no se trata de un proceso de autonomía. Más bien, es un proceso de acercamiento, de mancomunidad y de gestión descentralizada y autónoma, pero no se les confiere la competencia de declararse autónomos por nacionalidad, por etnia o por grupo nacional. Se trata de incorporar grandes sectores regionales donde conviven varios pueblos distintos, para que puedan alcanzar un desarrollo más equitativo respecto del Estado.

Reelección presidencial

P. Otro asunto que ha suscitado mucha controversia es la posibilidad de reelección del presidente que ofrece la nueva Constitución. ¿Es así?

R. Lo que se ha hecho es incorporar a nivel ejecutivo lo que ya era un derecho ejercido en los últimos 20 años por alcaldes y prefectos. En términos de derecho, se rompía el principio de igualdad. ¿Por qué razón a un alcalde, o a un prefecto, se le elige durante 12 o 15 años? El principio de reelección estaba en la práctica institucional del país.

P. Los inmigrantes ecuatorianos en España han votado masivamente a favor de la Constitución, pero sólo lo ha hecho el 24% de los mismos. ¿Cómo valora esa escasa participación?

R. La gran mayoría de los compatriotas que han migrado a Europa en los últimos cuatro o cinco años no están legalizados. El porcentaje de inmigrantes legalizados es muy reducido. He podido conversar con algunos aquí en España, incluso con parientes míos, que no se registraron para votar porque no tienen papeles y temían ser objeto de una deportación. Ese factor incide mucho en la abstención. Cuanto antes se den los procesos de regularización, antes se convertirán en ciudadanos activos. Hoy no pueden ejercer todos sus derechos.

P. Ha sido usted asesor de la Asociación de Migrantes Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui. ¿Qué opina de la directiva de retorno de la UE?

R. En términos de derechos fundamentales, es indispensable regularizar la presencia de los que están, pero también respetar su derecho a regresar a sus lugares de origen. El de la movilidad es un derecho básico, fundamental, del ser humano. El Gobierno del economista Correa está diseñando un plan de retorno que pretende conectar con la política de la UE, porque debe haber una coordinación entre la UE y los países emisores. Me parece que esa directiva debe ser complementada con políticas de los países emisores para que sea una medida exitosa y proteja a los trabajadores.

P. ¿Y Ecuador está en ello?

R. La ministra de los Migrantes ha estado hace unos días en España avanzando en la coordinación bilateral.