El PP suspende de militancia a los implicados por Garzón salvo a Camps y otros cuatro aforados

El Partido Popular ha comenzado esta misma mañana a tomar medidas con los dirigentes de esta formación implicados en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos populares durante el mandato de José María Aznar, informa Carlos E. Cué. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado esta mañana la suspensión de militancia de los implicados, con la excepción el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ambos aforados y aún no imputados, pues depende directamente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia aunque el juez Baltasar Garzón ha encontrado suficientes indicios contra ambos.

Durante un tiempo se produjo una confusión similar a la que se vivió cuando Mariano Rajoy anunció la dimisión del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y éste se resistió hasta 24 horas después. Cospedal ha asegurado que todos los implicados, menos Camps y Costa, estaban suspendidos de militancia. Eso incluiría a los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco-, que son aforados y su imputación depende del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Cospedal ha hablado de suspensión de militancia para "todas las personas imputadas y además las personas a las que se refiere el auto de remisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Sin embargo, el PP de Madrid ha aclarado poco después que los tres diputados autonómicos no están aún suspendidos de militancia. La diferencia es fundamental, porque no tendría justificación que estas tres personas no aforadas quedaran suspendidas de militancia y no así Camps y Costa. Cospedal se ha detenido especialmente en proteger a Camps, y cuando ha sido preguntada por el posible incumplimiento del Código Ético del PP al aceptar un presidente autonómico que un empresario le regale trajes, ha asegurado que eso no está probado.

Para el PP, las facturas y las declaraciones del sastre ante Garzón no son pruebas suficientes. Cospedal ha rechazado además cualquier posible financión ilegal del PP, no sólo el nacional, también el de la Comunidad Valenciana, tal como apunta el auto de Garzón.

Tres dimisiones más

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Estepona Ricardo Galeote, implicado también en la trama, renunciará a su acta de edil en los próximos días, informa Efe. El presidente local de los populares, Ignacio Mena, ha anunciado hoy que Galeote, que también es secretario local del partido, ha adoptado esta decisión "para no dañar al PP". Según el juez Garzón, el edil habría cobrado 42.469 euros de la trama entre 2001 y 2003, periodo en el que era gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas, que contrató servicios por casi 123.000 euros con sociedades de Correa.

Ricardo Galeote es hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote. Precisamente, el candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha asegurado hoy que a su partido "no le debe temblar la mano" ante los casos de presuntas irregularidades, informa Europa Press.

En rueda de prensa desde la sede nacional en Génova, Cospedal ha declarado que los alcaldes madrileños de Araganda del Rey y Pozuelo de Alarcón han dimitido para "evitar daños al partido" y que ambos "han antepuesto el interés" del PP al suyo propio. Respecto al regidor de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, ha dicho que éste "no aparece imputado por su gestión municipal".

Además, Cospedal ha vuelto a descalificar la investigación del juez Baltasar Garzón, quien actúa con "animadversión al PP" y por "las insidiosas afirmaciones en los autos que no se justifican con los hechos". No obstante, la número dos de Rajoy ha manifestado que el PP confía "en la justicia" y que este partido actuará "con contundencia contra los militantes que hayan cometido alguna irregularidad". En este sentido, preguntada por los periodistas, ha agregado que el PP exigirá responsabilidades a los implicados en la trama de corrupción "no sólo cuando haya una sentencia firme, sino cuando la investigación demuestre que han cometido alguna irregularidad".

Por último, ha desgranado los principios que rigen la actuación de los populares en este asunto: "Ejemplaridad, tranquilidad para los militantes y la garantía de que la financiación del partido es regular".