Anticorrupción no aprecia indicios de delito en parlamentarios nacionales del PP

La Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado acerca del informe que le solicitó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el pasado 24 de febrero en relación con las personas aforadas implicadas en la trama de corrupción que salpica al PP. La Fiscalía ha pedido al magistrado que se inhiba ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana y que no remita el caso al Tribunal Supremo porque no ve indicios de criminalidad en aforados nacionales.

Garzón, que podrá seguir instruyendo el caso hasta que no se resuelva la competencia, deberá decidir ahora si se inhibe a favor de los tribunales de Madrid y Valencia. El magistrado solicitó el pasado 20 de febrero en providencia y "con carácter urgente" que se efectuaran tres copias de las actuaciones "para resolver lo oportuno sobre la inhibición". Según se desprendía de esta providencia, alguno de los cargos públicos aforados debería responder ante un tercer tribunal, que podría ser el Tribunal Supremo u otro tribunal superior de justicia de una comunidad autónoma, que no sería ni el de Madrid ni el la Comunidad Valenciana. Lo indicaba el hecho de que, de las tres copias, dos irían a los tribunales superiores de Madrid y de la Comunidad Valenciana, respectivamente, y la tercera a otro tribunal.

Antes de conocerse el informe de la Fiscalía, Garzón proseguía este miércoles con la investigación sobre la Operación Gürtel. Esta mañana, el ex alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero se ha negado a declarar ante el juez acogiéndose al derecho constitucional que le permite hacerlo. Garzón lo ha dejado en libertad, pero le ha obligado a comparecer cada semana ante el juzgado más cercano a su domicilio.

Ante el magistrado, González Panero -al que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, apodaba Albondiguilla- no ha argumentado nada más, pero en la puerta de la Audiencia Nacional, ante todos los periodistas, su abogada, María Ramírez, ha asegurado que su cliente calla porque la competencia del juez sobre el caso no está clara. "No sabemos cual va a ser el tribunal competente", afirmó la letrada, que no ha dudado en cargar contra el juez al señalar el supuesto miedo de González Panero a que su declaración fuera filtrada. "Nadie nos garantiza el secreto del sumario", ha afirmado.

El ex alcalde, por su parte, ha explicado que, nada más abrirse la investigación, había acudido al juzgado para intentar prestar declaración porque entonces "Garzón tenía todas las competencias". En efecto, Panero acudió a Garzón con la intención de declarar cuando se vio en las grabaciones publicadas por este periódico como uno de los implicados en la trama corrupta, aunque no pudo por no haber sido citado. "Hoy nadie sabe de quien es, nadie puede decirme quien será competente en 48 horas", ha subrayado González Panero para después asegurar: "Declararé ante quien tenga que prestar declaración".

En las grabaciones que sirvieron de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, González Panero aparece implicado en un caso de supuesto cohecho. Los principales cabecillas de la trama corrupta le acusan de favorecer al constructor José Luis Ulibarri, previo pago por parte de éste de tres millones de euros, en la adjudicación de un terreno para la construcción de la urbanización Boadilla Park. "Si entrego la cinta que tengo del Albondiguilla se caga, pero voy también al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años más en Boadilla", afirmó Francisco Correa en una de sus conversaciones.

Ulibarri también ha comparecido este miércoles ante Garzón y, tras prestar declaración durante una media hora, ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares, según su abogado, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez. También salió libre sin cautelas, según su defensor, el ex alcalde de Majadahonda y ex gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega. A todos ellos se les imputan los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Fuentes de la Audiencia aseguraron la pasada semana que Garzón se inhibirá en cuanto tenga en su poder el informe que pidió a la fiscalía anticorrupción sobre la presunta implicación de dos parlamentarios -diputados o senadores del PP- aforados cuyos delitos debe investigar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El caso afecta también a varios altos cargos de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana, según se desprende de las resoluciones que el juez, hasta el momento, ha hecho públicas.

Desde que comenzó la instrucción, el juez ha enviado a prisión a los tres supuestos cabecillas: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.