Garzón advierte a Batasuna que no puede actuar a pesar de extinguir su suspensión
El juez da por extinguida da por extinguida la suspensión de actividades que decretó para Batasuna en 2002
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha advertido hoy de que la ilegalización de Batasuna, acordada en 2003 por el Tribunal Supremo, impide a los 39 responsables de esta formación que están procesados en su juzgado por un delito de integración en ETA realizar cualquier tipo de actividad política.
Así lo acuerda Garzón en un auto en el que da por extinguida la suspensión de actividades que decretó para Batasuna en 2002, medida que sólo podía mantenerse, según la ley, por un periodo máximo de cinco años, plazo que vence el próximo jueves día 17.
Cinco años de suspensión
Garzón recuerda en su auto que, tal y como le trasladó la Fiscalía, el artículo 129 del Código Penal establece que la suspensión judicial de actividades de una organización no puede prorrogarse más allá de cinco años, pero añade que se debe tener en cuenta el "dato esencial" de que la sentencia del Supremo acordó la ilegalidad de Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna.
La formación abertzale fue declarada ilegal el 28 de marzo de 2003 por el Tribunal Supremo tras la iniciativa de la Fiscalía y amparado en la Ley de Partidos. Baltasar Garzón había suspendido las actividades de Batasuna en agosto de 2002.
Tres años después, Garzón decidió no renovar la suspensión por entender que no era necesario gracias a la sentencia del Supremo de marzo de 2003. Sin embargo, en enero de 2006, el entonces sustituto del juez en la Audiencia Nacional por excedencia, el juez Fernando Grande-Marlaska, renovño la suspensión otros dos años por considerar que la formación seguía realizando su actividad política tras recibir informes de la Policía y la Guardia Civil.
Según el auto firmado hoy por Garzón, pese a la imposibilidad de prorrogar la suspensión de actividades, la sentencia de ilegalización del Supremo tiene unas consecuencias que "vinculan a todas las instituciones y, particularmente, a la autoridad judicial que, como en este caso investiga el alcance jurídico penal de las conductas de los dirigentes de esta ilegal organización", entre ellos a Arnaldo Otegi y a Joseba Permach.
Garzón señala en el auto también que mantiene el embargo sobre las cuentas y los inmuebles que afectan a esta causa, que abrió en 2002 para investigar la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas" controladas por la ilegalizada formación.
Sumario 35/02
Garzón tiene previsto dictar a primeros de febrero la conclusión de este sumario, el 35/02, y una vez que emita este auto, la Fiscalía presentará a los pocos días su escrito de acusación, con lo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional podría señalar el juicio para la primavera. En este sumario se encuentran procesados 40 responsables de Batasuna, entre los que destaca su ex portavoz Arnaldo Otegi y otros miembros de la Mesa Nacional como Joseba Alvarez o Joseba Permach, quienes ingresaron en prisión provisional a raíz de que ETA anunciara la ruptura de "el alto el fuego" el pasado junio.
"Base suficiente" para ilegalizar Batasuna
La Fiscalía General del Estado cuenta con "base suficiente" para instar a la ilegalización de EHAK-PCTV y ANV ante el Tribunal Supremo a través de las pruebas que han sido recabadas desde las pasadas elecciones municipales, la última, el homenaje de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, a los dos presuntos autores del atentado de la T-4. Precisamente sobre este hecho, el presidente de ANV, Kepa Bereziartua, ha declarado hoy que la alcaldesa solo "mandó un saludo" a los dos etarras.
Según informaron fuentes de la Fiscalía, la demanda de ilegalizción de EHAK-PCTV, "está ya muy avanzada", y podría presentarse a finales de esta semana, mientras que la de ANV está preparada para la semana que viene, aunque estos plazos, señalaron, dependen de cuándo se reciban los informes definitivos solicitados a Policía y Guardia Civil, que se calcula podrían llegar hoy o mañana.
La Ley de Partidos, en cuyo marco se instará el procedimiento de ilegalización, "requiere pruebas muy contundentes y un respeto a los partidos políticos", han subrayado estas fuentes, que aseguran que entre esas pruebas se tendrá "en consideración" la intervención de la alcaldesa de Hernani en el acto de presentación de candidaturas de ANV en Pamplona.
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