Todos los grupos presionan al Gobierno para ampliar al 1 de enero los 420 euros

Varios portavoces parlamentarios apuestan a que, finalmente, el Gobierno tendrá que aceptar el 1 de enero como fecha de referencia para conceder una ayuda de 420 euros a los parados que hayan agotado la prestación desde esa fecha. Aseguran que ven al Ejecutivo a punto de ceder a la presión, que también ejercen los sindicatos.

Por el momento, el PSOE y el Gobierno han sondeado estos días a los grupos parlamentarios y han comprobado que todos están en esa posición y que ninguno está dispuesto a convalidar en el pleno del Congreso el decreto del Gobierno sin cambios. Ese decreto fija el 1 de agosto como fecha de referencia y el Ejecutivo está dispuesto a llegar hasta el 1 de junio, tal y como ha trasladado a los sindicatos en la última reunión. Pero ni por ésas: ningún grupo se apea del 1 de enero.

Alonso (PSOE) dice que tiene "margen de maniobra" para el acuerdo

Así se lo han dicho los portavoces de la izquierda, Joan Ridao (ERC), Gaspar Llamazares (IU), Joan Herrera (ICV) y Francisco Jorquera (BNG) al portavoz socialista, José Antonio Alonso. También CiU se lo transmitió claramente al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en las últimas horas, a través del diputado Carles Campuzano. El PP lo ha dicho públicamente y el PNV lo ha puesto negro sobre blanco en una proposición no de ley que presentó ayer mismo en el Congreso.

Cada mes que se amplíe el plazo a partir del cual los parados sin prestación pueden pedir la ayuda, el coste de la medida se incrementa en 100 millones de euros más.

El debate y la votación de convalidación se celebrarán el día 17, pero el Gobierno tiene que buscar antes una salida, porque CiU ha anticipado el debate al próximo martes. Ese día se votará una moción de CiU que incluirá expresamente la fecha del 1 de enero como referencia para cobrar la nueva prestación. A día de hoy, los nacionalistas catalanes tienen el apoyo de todos los grupos, salvo el PSOE. Alonso busca zanjar el asunto esta misma semana.

Campuzano asegura que, precisamente, son los parados que han dejado de percibir el subsidio hace más tiempo los más necesitados de ayudas extraordinarias.

Llamazares exigió que el decreto pueda tramitarse como proyecto de ley, para discutir modificaciones. Esta última posibilidad la rechaza el Gobierno. "Hemos planteado que la cobertura debe ser para la inmensa mayoría, no para el 40%; calculamos que fijando el 1 de enero como el punto de partida, se alcanzaría el 85%", aseguró Llamazares. El coordinador de IU, Cayo Lara, tachó la medida de "caritativa, equivocada, injusta, arbitraria y cicatera", y adelantó que su formación sólo la aceptará si los 420 euros se pagan a "todo trabajador que se haya quedado sin subsidio", sin límite de fechas.

A Llamazares le llamó el propio Zapatero en julio, antes de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto, y le transmitió su intención de fijar el 1 de junio como fecha de referencia. Sin embargo, el Gobierno estableció el 1 de agosto y ahora está dispuesto a volver a la fecha transmitida por el presidente del Gobierno. El portavoz de ERC, Joan Ridao, aseguró que no apoyará la medida "ni siquiera como mal menor" si el Ejecutivo "no da su brazo a torcer". "El que tiene que mover ficha es el Gobierno", asegura.

El diputado del PNV Emilio Olabarría ha presentado una proposición no de ley en la que critica duramente el decreto del Gobierno y exige "protección universal a las personas que hayan agotado la prestación y el subsidio por desempleo".

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, aseguró que su grupo tiene "margen de maniobra" para garantizar una "ampliación sustancial" de la cobertura de las ayudas. No precisó hasta dónde está dispuesto a llegar, finalmente, el Gobierno.

Además, los grupos minoritarios de la izquierda han transmitido a Alonso que no aceptarán una reforma fiscal que no incluya cambios en los tipos del IRPF para las rentas más altas. Aseguran que mantienen esa posición de principio para la negociación de los Presupuestos. Zapatero debatirá sobre la crisis el día 9 en una comparecencia en el Congreso pendiente desde antes del verano.