Una 'absolución' envenenada

Una victoria convertida en problema. Así es como definen algunos dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana el "día después" del auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que archiva la rama valenciana del caso Gürtel. El anuncio de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir la decisión del tribunal valenciano y la posibilidad de que el Supremo reactive la causa han obligado a los populares valencianos a estudiar los posibles escenarios a los que pueden enfrentarse, con el obstáculo principal de no controlar los tiempos. Y con las próximas elecciones autonómicas a menos de dos años.

La falta de estrategia del PP valenciano ante la acusación y posterior imputación por un presunto delito de cohecho contra el presidente del Generalitat, Francisco Camps, ha provocado que, tras este primer "triunfo", sus dirigentes se planteen el diseño de una "hoja de ruta" que aún no está totalmente definida pero sí hilvanada. La idea de negarlo todo, no pensar que las acusaciones del caso Gürtel iban a llegar a una imputación y, por tanto, no tener previstas las distintas etapas de la causa ha sido motivo de crítica en el seno del partido. De momento, el PP ha optado por desplegar un ataque contra el PSOE, en la persona de su secretaria de Organización, Leire Pajín, y contra la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Aún así, todos, o una inmensa mayoría, saben que ahora toca, para un futuro que va desde tres meses a dos años, ponerse en el mejor de los casos pero también en el peor.

Es un riesgo que Camps se siente en el banquillo de los acusados

El hipotético juicio podría coincidir en fechas con las próximas elecciones

El diseño de la estrategia sitúa como positivo para los populares valencianos que no se cumpla el vaticinio realizado por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, quien dijo que el recurso de casación puede verse en un plazo de entre ocho meses y un año. Prefieren acogerse a la opción planteada por otras fuentes del Supremo que manifestaron la posibilidad de darle una tramitación preferente, por la sonoridad del caso y, dado que no parece tener gran complejidad, deliberar pronto sobre el recurso y resolverlo en tres o cuatro meses. En este caso, se "plantarían" a finales de 2009 o principios de 2010. En ese momento se sabría si la causa se archiva de forma definitiva o sigue adelante. Si se archiva, el PP valenciano podría centrarse en la campaña electoral de 2011 con Camps como candidato. En el caso de que el Supremo decidiera llevar la causa a juicio, o lo que es lo mismo, reabrir la investigación, el presidente valenciano anunciaría su renuncia a presentarse a la reelección pero trataría de agotar el mandato, siempre y cuando el juicio no se celebrara antes de las elecciones.

La posibilidad de que Francisco Camps se siente en el banquillo de los acusados siendo presidente de la Generalitat es un riesgo con el que la mayoría del PP no quiere correr.

Los populares valencianos saben que el Tribunal Supremo no es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuyos componentes "son de casa". Tampoco quieren olvidar que cuatro de los seis jueces y magistrados que han visto la causa han considerado que existían indicios de delito en los trajes regalados a Camps por la trama de corrupción.

En el caso de que la resolución del recurso se demore, los plazos empeoran el escenario. Aunque la decisión del Supremo llegara en el segundo trimestre de 2010, la noticia se acercaría demasiado a la cita electoral y el posible juicio podría incluso coincidir con la convocatoria. Aún así, las posibilidades son las mismas. Si se archiva el recurso de la fiscalía, a celebrarlo por todo lo alto. Y si se abre juicio, la idea es que Camps presente su renuncia a volver a ocupar el Palau de la Generalitat pero agote mandato. El problema es que, durante ese año, el PP estaría continuamente cuestionado y ante el peligro de que las cajas de documentación que obran en el sumario del caso Gürtel contengan alguna otra cuestión que les implique. Bajo su convicción de que el PSOE "maneja a la policía y, por tanto, la documentación del caso", los populares valencianos temen que el tiempo de espera desgaste, de forma irrecuperable, al presidente Camps.

En lo que sí coinciden alcaldes, consejeros, dirigentes y militantes es en la necesidad de que Francisco Camps aborde la remodelación de un Consell de la Generalitat anodino. Los cambios, previstos para finales de agosto o principios de septiembre, serían el momento oportuno para encumbrar al actual secretario general del PP, Ricardo Costa, que también fue imputado en el caso pero que, en la decisión del Tribunal valenciano, es el que ha quedado en "mejor posición". La incorporación de Costa al gobierno autonómico facilitaría y suavizaría además la salida del actual consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que también se ha visto envuelto en polémicas adjudicaciones a amigos. Al parecer, Camps también aprovecharía para dar más peso a alguno de sus seguidores alicantinos, como el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, y así gratificar su fidelidad frente al sector zaplanista que aún pervive en la provincia. Otro de los nombres que suenan es el de la portavoz del grupo popular en Elche, Mercedes Alonso. Sin embargo, el PP confía en obtener esa alcaldía y alejar a su principal baluarte no resultaría recomendable.

El PP se enfrenta a unos meses difíciles pero parece haber aprendido que ha de calcular las posibilidades. Y en eso trabajan. En evitar que la victoria inicial pueda convertirse no sólo en un problema, sino en un verdadero fracaso.