Cospedal incendia la policía y la justicia

"Falsas", "torticeras", "impropias de un partido de gobierno", "que lanzan sospechas sobre uno de los poderes del Estado". Asociaciones de jueces, fiscales y guardias civiles y sindicatos policiales de distinta sensibilidad política salieron ayer en tromba contra las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal -de profesión abogada del Estado-, que el jueves acusó al Gobierno y a esos colectivos de crear un "Estado policial" que organiza "escuchas telefónicas ilegales" a dirigentes de su partido. Esas asociaciones dejaron de lado sus diferencias y exigieron al unísono a la número dos del PP "que pruebe o rectifique" esas acusaciones que atribuyen "delitos graves" a esas instituciones.

La APM recuerda que denunciar un delito es "una obligación legal"

Una de las primeras manifestaciones de rechazo llegó del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Su vicepresidente, Fernando de Rosa, ex consejero valenciano de Justicia con Francisco Camps, uno de los cargos del PP investigados en los últimos meses por su relación con la trama Gürtel, tuvo que salir en defensa de los jueces. "Yo respondo por todos los jueces, que actúan de forma legal", afirmó. "Las escuchas que se puedan haber efectuado son bajo el control de los jueces y magistrados", añadió el vicepresidente del gobierno de los jueces, que animó al PP a "poner en manos de la justicia" el asunto.

En esa misma línea se pronunció la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entre cuyos miembros suele pescar el PP para cubrir sus cargos judiciales. "Cospedal tiene la obligación legal de denunciar esos hechos no ante periodistas, sino ante el juez, fiscal o funcionario policial más próximo" porque sus manifestaciones "implican delitos de extraordinaria gravedad", afirmó Antonio García Martínez, el portavoz del colectivo. "Plantear que las garantías constitucionales no tienen ningún valor incita a la gente a pensar que el sistema está corrupto y degenerado", añadió.

Desde la moderada Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero tachó de "mendaces y torticeras" las acusaciones, y advirtió de que, si no se prueban las acusaciones, "se podría incurrir en calumnias". "Los jueces, por el hecho de ser jueces, no pueden ordenar escuchas ilegales", subrayó Sexmero, que instó al PP a "rectificar cuanto antes".

"Cospedal ha lanzado acusaciones gravísimas sin aportar ni un solo indicio", afirmó desde la progresista Jueces para la Democracia (JpD) Miguel Ángel Gimeno. Y añadió que esas declaraciones lanzadas desde "un partido de gobierno" ponen en duda "la independencia judicial e imputan la comisión de delitos a un poder del Estado".

Entre los fiscales, el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García-Penasco, dijo: "Si el PP no lo ha denunciado, que lo haga. La acusación es muy grave y lo que tiene que hacer es demostrarla. Si no, estaría incurriendo en calumnias". Algo similar afirmó el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Sánchez Ulled: "Si Cospedal tiene pruebas, que denuncie", porque "lanzar acusaciones de este calibre pone en tela de juicio las investigaciones judiciales".

Los sindicatos policiales también cargaron contra Cospedal. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, señaló que ningún policía interviene teléfonos sin autorización judicial. "Esas gravísimas acusaciones sin respaldo probatorio y sin determinar cuáles de sus miembros [de la policía] habrían sido protagonistas de las mismas sólo contribuye a erosionar la imagen de 61.000 policías", afirmó en una nota la Confederación Española de Policía (CEP), que suele apoyar al PP. La Asociación Unificada de Guardias Civiles coincidió con ambas centrales sindicales en subrayar "los daños morales y de prestigio" que Cospedal ha causado al instituto armado. "Si ahora se desdice no basta; debería dimitir", afirmó su portavoz, Juan Antonio Delgado.